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La Procuraduría General pidió ayer que en San Andrés se declare una emergencia sanitaria y ambiental para hacerle frente a dos de los problemas más fuertes que tienen en la isla: dificultades en el acceso a la salud y contaminación ambiental por cuenta del mal manejo de residuos médicos.
Aunque es una solicitud clara, que visibiliza las dificultades que se tienen, la pregunta que resulta es si son medidas necesarias para solucionar estos problemas, que hasta ahora dejan al gobernador, Ronald Housni Jaller, suspendido por tres meses, inicialmente, por orden de la Procuraduría, al encontrarlo responsable por no solucionar la crisis de salud, además de una serie de señalamientos alrededor de carteles de la contratación en esta área.
Al respecto, Emérita Becerra, líder raizal del archipiélago, quien ha liderado diferentes protestas para que se atienda de manera efectiva el problema, enfatiza en que este tipo de llamados de los organismos de control ponen en evidencia las dificultades que sufren los isleños. Sin embargo, deja claro que más allá de anuncios, investigaciones y llamados de atención, en San Andrés hacen falta acciones concretas, pero “no se puede negar que por lo menos nos están poniendo cuidado”, dice.
La evidencia es clara y lo resume de esta manera la Procuraduría: “Se encontró que el hospital Clarence Lynd Newball Memorial presenta un deficiente tratamiento, almacenamiento, transporte y disposición final de residuos peligrosos, que permanecen acumulados en la parte posterior del edificio, a la intemperie, sin ningún tipo de protección ni aislamiento, violando los principios de bioseguridad, gestión integral, precaución y prevención”.
La declaratoria de emergencia es una estrategia para garantizar la protección de la salud de los habitantes de San Andrés, para lo cual deberá ejecutar, entre otras tareas, las actividades necesarias para controlar y prevenir las contingencias que puedan afectar a la población, como la llegada de medicamentos y la entrada en operación de un nuevo responsable del manejo de residuos. Es decir, es la vía rápida para enfrentar el problema, tal cual sucede en una emergencia natural. Para el director del observatorio Así Vamos en Salud, Augusto Galán, el éxito de una declaratoria de emergencia depende de la rapidez con la que se ejecuten las acciones para minimizar los riesgos, pero que den soluciones de fondo y no solo se queden en “pañitos de agua tibia”.
Otra mirada tiene Everth Hawkins, líder raizal, quien sostiene que si el gobierno local acepta la declaratoria, servirá para hacerle frente a las dificultades y así “evitar que los propios y turistas queden expuestos a contaminación y, por lo menos, se generen estrategias para frenar estos problemas”.
Gilberto Blanco, procurador delegado para asuntos ambientales, sostiene que la mezcla entre residuos hospitalarios –considerados como peligrosos– y los ordinarios, pueden poner en peligro a la comunidad.
“Buscamos es que la Gobernación adopte las medidas presupuestales, administrativas, financieras y todas las necesarias para conjurar la crisis conocida”, resalta el procurador delegado.
Galán recuerda la “emergencia social” de noviembre de 2012, con el objetivo de acelerar las inversiones a través de decretos, pero que finalmente no funcionaron. “Hubo tanta presión social que terminaron revertiendo los decretos”, resalta Galán y deja claro que una emergencia sanitaria no sería la solución de fondo para la crisis de San Andrés, porque el problema que arrastra se debe “a malas administraciones y malos gobiernos territoriales. El problema es cómo se cooptan autoridades regionales y no se trabaja en la dirección que debe ser, que es pensando en lo que necesita la región”, agrega Galán, quien dice que es una tarea para el próximo presidente.
Otro problema, que no es menor, es la contaminación en la Reserva de Biosfera Seaflower, que es una de las zonas más vulnerables al cambio climático, y es otro llamado hecho desde la Contraloría.
“El informe de auditoría revela que la empresa prestadora del servicio de acueducto no ha generado cambios para mejorar los índices de agua no potabilizada, lo que afecta e impacta negativamente los acuíferos”, dice la Contraloría.
Las alarmas están encendidas y se requieren esfuerzos regionales y nacionales para enfrentar los problemas.