Angie Rodríguez, directora del DAPRE, se suma a la lista de dirigentes cercanos al presidente Gustavo Petro que han perdido el beneficio de ingreso especial a Estados Unidos.
La directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), Angie Rodríguez, confirmó que su visa diplomática fue cancelada por las autoridades estadounidenses.
Con esta decisión, su nombre se une al de otros funcionarios y exfuncionarios del círculo presidencial que han visto restringido su acceso al país norteamericano en medio de la tensión diplomática entre Bogotá y Washington.
EL COLOMBIANO conoció que, además del retiro de la visa diplomática, hace meses también le retiraron la de turismo a la directora del DAPRE y a otras personas del palacio sin explicaciones.
La funcionaria estuvo recientemente en la comitiva que acompañó al presidente Gustavo Petro durante su visita a Nueva York. En ese viaje, el mandatario participó en una manifestación en la que lanzó un llamado polémico a miembros de las Fuerzas Militares de Estados Unidos, instándolos a desobedecer órdenes del entonces presidente Donald Trump.
Con la cancelación de su visa, Rodríguez se suma a la lista de altos funcionarios que enfrentan esta medida. Uno de los más recientes fue el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, quien también confirmó que las autoridades estadounidenses revocaron su documento de ingreso.
En el caso del ministro, la Embajada de Estados Unidos le envió una comunicación en la que le informó que tanto la visa A1, destinada a misiones diplomáticas, como la B2, utilizada para viajes de turismo, quedaban canceladas y ya no eran válidas para ingresar al país.
En la misma notificación se le aclaró que tiene la opción de iniciar nuevamente el trámite, presentando una solicitud con fotografía, cancelando los costos correspondientes y agendando una cita.
Luego de conocer la decisión, Edwin Palma se refirió al asunto en su cuenta de X con un mensaje breve: “Gaza bien vale una visa”. Con esa declaración dio a entender que la cancelación está relacionada con la postura del Gobierno colombiano frente al conflicto en Medio Oriente, más que con asuntos bilaterales.
Fue el propio funcionario quien confirmó la anulación de sus documentos sin expresar sorpresa por la determinación.
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