La votación en la Cámara de Representantes definió ayer los nueve integrantes del Consejo Nacional Electoral, CNE, para los próximos cuatro años.
Se trata de Pedro Gutierrez Sierra (Centro Democrático), Cesar Abreu (Liberal), Heriberto Sanabria (Conservador), Renato Contreras (Centro Democrático), Doris Ruth Mendez (Liberal), Jaime Luis Lacouture (Conservador), Hernán Penagos (La U), Luis Guillermo Pérez (oposición) y Jorge Rozo (Cambio Radical). Estos funcionarios ocuparán una entidad que no se ha podido escapár de la polémica por sus actuaciones.
Tan solo en el último mes de labores de los salientes magistrados del CNE, se decidió el archivo de las investigaciones por la entrada de dinero de Odebrecht a la campaña del expresidente Juan Manuel Santos en 2014, sepultó el trámite y multó al promotor de la revocatoria del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, y le negó la personería jurídica al movimiento del excandidato presidencial, Gustavo Petro.
Los tres eran probablemente los casos más emblemáticos que tuvo el CNE en el periodo 2014-2018 y la manera como fueron resueltos levantaron nuevas críticas sobre las dilaciones y demoras para no tomar decisiones de fondo.
Una de estas voces es la del saliente magistrado Armando Novoa, el único considerado disidente de los nueve que componen el tribunal. Los otros ocho puestos se los repartieron partidos con afiliación en mayor o menos medida al Gobierno: dos liberales, dos conservadores, dos para La U y uno para el Centro Democrático y para Cambio Radical.
“El CNE es como una bicicleta estática, hay mucho trabajo que no lleva a ninguna parte, con pocos resultados”, explicó Novoa a EL COLOMBIANO.
A su juicio, las demoras vistas en las decisiones para los casos de Santos y Peñalosa fueron “premeditadas y planeadas. No se entiende cómo la opinión pública pedía avances y en la sala nunca se discutió el tema a profundidad. Sus miembros parecían autistas, de espaldas a lo que estaba ocurriendo en el país. Me pareció deplorable”, concluyó.
Para recordar ambos casos, el del expresidente fue una investigación que “nació muerta”, pues los plazos para abordarla caducaban tres años después de ocurrir los hechos, es decir, en diciembre de 2018, y pasó la fecha sin presentarse una ponencia.
Frente al de Peñalosa, en febrero pasado y tras cinco meses en silencio, el CNE decidió que se debía surtir una investigación formal para aclarar las irregularidades en las cuentas del comité promotor de la revocatoria. Esto, sobre la práctica implicaba sepultar la revocatoria, pues el 1 de julio pasado se venció el plazo legal para poder hacerla. El pasado jueves, el CNE ratificó las irregularidades y sancionó a su promotor.
Para Rubén Sánchez, analista político, la composición partidista de la entidad “es una aberración” y agregó: “esta entidad debiera ser remplazado por un tribunal compuesto por jueces independientes de los partidos que fallen con prontitud y no por comisionados de los principales partidos”.
