El 80 % de la explotación minera en Colombia es ilegal, el licenciamiento ambiental es cada vez menos eficaz, la mayor parte de páramos se encuentra sin delimitar y es ineficiente la gestión presupuestal de la Corporaciones Autónomas Regionales, CAR.
Estas fueron algunas de las conclusiones a las que llegó el Informe Anual de la Contraloría General de la República, CGR, sobre el estado de los recursos naturales y el ambiente que se presentó ayer, oficialmente, en Medellín.
El contralor Edgardo Maya Villazón indicó que la preocupación central del ente de control se centra en la “ineficaz acción del estado” frente a la explotación minera.
Frente al tema de la ilegalidad, Maya llamó la atención al indicar que en Colombia es más fácil ser “ilegal que legal” porque los empresarios mineros tienen demasiadas trabas para ejercer su actividad. De acuerdo con el informe la minería ilícita ocurre en 25 departamentos del territorio. Los minerales que concentran la mayor parte de la minería ilegal son: carbón (40%), materiales de construcción (60%) y metales preciosos (85%).
Otro dato preocupante tiene que ver con las sanciones. De acuerdo con la información suministrada por las Corporaciones entre 2010 y 2016 los procesos sancionatorios ambientales relacionados con la extracción ilícita de minerales fueron 2.630, de los cuales 398 (15%) tuvieron fallo.
“Los resultados de las acciones emprendidas para atacar la minería ilegal han demostrado, por décadas, ser ineficientes e ineficaces en la disminución de esta actividad y por tanto se han incrementado los pasivos ambientales, con consecuencias cada vez más documentadas sobre la pérdida de bienes y servicios que repercuten en la salud y la calidad de vida de las poblaciones”, señala el informe.
Se rajan las corporaciones
Sobre los recursos apropiados para el gasto ambiental en 2016, la Contraloría encontró bajas ejecuciones presupuestales de las Corporaciones Autónomas beneficiarias de recursos de inversión tanto del Presupuesto General de la Nación como de recursos propios.
Indica el informe que en los presupuestos comprometidos por las CAR para gastos de inversión en 2016, se evidenció una ejecución del 43 %, mientras que se constituyeron reservas presupuestales por 57 %.
“No resulta coherente que en las arcas de las Corporaciones más robustas reposen los recursos propios destinados a inversión, mientras sus regiones claman por soluciones urgentes al deterioro ambiental de ecosistemas estratégicos como páramos o humedales, para citar sólo dos de ellos”, señaló el contralor.
Por esa razón, Maya propuso definir, de una vez por todas, la naturaleza jurídica y el alcance constitucional de que gozan las Corporaciones y señaló la necesidad de que se adopte un “Estatuto Presupuestal Unificado” y unas reglas claras para la gestión en esta materia. Indicó que hoy existen 33 estatutos Presupuestales diferentes, uno distinto por cada corporación.
“Año tras año le estamos haciendo un control a las corporaciones y encontramos que los problemas son reiterativos. Hay un problema de logística: cada corporación tiene su propio reglamento y eso nos lleva a una mal llamada autonomía”, dijo Maya.
También señaló que uno de los proyectos bandera del actual Plan de Desarrollo, la política de Crecimiento Verde, no está en nada y probablemente no se logren avances en este Gobierno: “se ha quedado en anuncios e intenciones”, dijo.
Sin respuesta del Congreso
El ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, indicó que para poder avanzar en muchos de los temas que están pendientes según la Contraloría, se requiere apoyo del Congreso. “Tenemos que detener el avance del deterioro de los recursos naturales. Desde octubre del año pasado presentamos un proyecto al Congreso para combatir la extracción ilícita de minerales, con el cual buscamos tener nuevas herramientas para combatirlo”. Sin embargo, el proyecto está engavetado en la Comisión Primera de la Cámara.
También está a la espera de la aprobación del convenio de Minamata para fortalecer la política de disminuir el uso del mercurio. Y además está pendiente la aprobación del proyecto de cambio climático, el cual es necesario para generar incentivos a las empresas para disminuir las emisiones de dióxido de carbono.
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