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El esperado decreto que solo sacará a 4 mil presos
El Ministerio de Justicia emitió la norma y la Fiscalía celebró.
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La ministra de Justicia, Margarita Cabello, presentó en decreto que permitirá la sustitución de medida de aseguramiento de al menos 4.000 presos en Colombia, quiénes irán a prisión domiciliaria transitoria por seis meses. Foto: Cortesía MinJusticia
16 de abril de 2020
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El Gobierno Nacional emitió ayer un decreto que de forma “minimalista” facilitará la salida de al menos 4.000 internos de las cárceles del país. Este documento dista del borrador que el Ministerio de Justicia había presentado ante el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría con el que calculaba sacar a detención domiciliaria a más de 10.800 reclusos.
A groso modo, el Gobierno permitirá que salgan a prisión domiciliaria transitoria, solo por seis meses, los presos que tienen más de 60 años; las mujeres embarazadas o con bebés menores de tres años; quienes tengan movilidad reducida por discapacidad demostrada en la histórica clínica o quienes padezcan cáncer, VIH, insuficiencia renal, diabetes, trastorno pulmonar, enfermedades autoinmunes, entre otras; quienes hayan pagado el 40 % de la pena y los condenados o sindicados por delitos cuya pena sea menor a 5 años.
“Serán beneficiadas las personas que están ad portas de cumplir los requisitos para salir en libertad. Es una población que no va a tener mayor razón para incumplir con la prisión domiciliaria transitoria, por lo que van a volver al centro carcelario sin problema”, aseguró la ministra de Justicia, Margarita Cabello.
Las excepciones, según analistas consultados por EL COLOMBIANO, hacen inservible el decreto. No podrán salir las personas solicitadas en extradición y quienes estén sindicados o condenados por delitos como homicidio simple en modalidad dolosa y homicidio agravado, genocidio, feminicidio, algunas lesiones personales, desaparición forzada, secuestro, tortura, trata de personas, amenazas contra defensores de derechos humanos, los delitos contra la administración pública y relacionados con la corrupción, narcotráfico, contrabando, entre otros.
Además, no podrán beneficiarse quienes pertenecieron a grupos delictivos organizados o a grupos armados organizados, así hayan sido cobijados por Justicia y Paz o la JEP.
Demora en la decisión
El decreto para sacar presos y así prevenir el contagio de covid-19 tardó 24 días si se tiene como punto de partida el 23 de marzo, cuando el Inpec declaró la emergencia carcelaria.
De acuerdo con Cabello, la demora se dio por que se tuvieron en consideración las observaciones del fiscal Francisco Barbosa y del Consejo Superior de la Judicatura. Dicha la normativa fue celebrada por Barbosa, quien aseguró que velará por su cumplimiento en las URI.
“Teníamos que buscar una fórmula que nos permitiera dar los beneficios con la mayor agilidad posible”, mencionó la ministra, y aseguró que más adelante vendrán otras normativas que permitan salir a otros presos.
La demora trajo consigo 18 casos de coronavirus en la cárcel de Villavicencio y dos reclusos contagiados fallecieron.
La crisis en Villavicencio
La cantidad de contagiados en la cárcel de Villavicencio preocupa al alcalde Felipe Harman, quien por un lado hace esfuerzos por mitigar la propagación del virus en el penal, pero también en la ciudad, así que le preocupa el manejo de la pandemia, ante la decisión tardía del Ministerio.
“Las personas que salgan de la prisión de Villavicencio tienen que irse a un lugar aislado. Nosotros hemos incluso explorado condiciones con hoteles y locales, hemos revisado cuales serían otro tipo de alternativas, pero lo cierto es que aquí donde hay un brote, necesitamos un plan de contingencia diferencial e inmediato con quienes hicieron parte del patio Santander. Que frente al decreto salgan, pero en el marco de un proceso de aislamiento voluntario que no ponga en peligro ni a sus familias ni la salud pública de la ciudad”, dijo a EL COLOMBIANO el mandatario local.
Incluso, propuso la habilitación del Centro del Menor Infractor Yarí, del ICBF, para que allí se lleven a los presos que den positivo, después de realizar pruebas masivas en la cárcel. Aún no ha recibido respuesta de la entidad.
Surge el debate
De acuerdo con la abogada penalista Pamela Forero, es mucho más fácil salir de prisión con el código penal que con este decreto, ya que la ley permite subrogados penales y otros beneficios más rápido y sin la cantidad de exclusiones formuladas en la norma.
“Este decreto no sirve. Parece que no estuvieran buscando que la gente saliera de la cárcel. Por ejemplo, el hurto está dentro de las exclusiones, pero si la medida de aseguramiento es la prisión domiciliaria no existe riesgo ni para la víctima ni para la sociedad. Y entre el 18 % y el 20 % de los presos en este país están en la cárcel por hurto”, explicó.
A lo que la ministra respondió:“Ninguna medida de las que yo tome me va a garantizar 100 % que voy a evitar el contagio”. Así las cosas, saldrán 4.000 internos de un universo de 120.652, quedarán más de 116.000 en espacios creados para 80.928..
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