La Fiscalía, la Agencia Nacional de la Contratación Pública, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y el Senado de la República, entidades que serán claves en la implementación del acuerdo de paz con las Farc, están en alto riesgo de corrupción.
Así se desprende del último Índice de Transparencia de las Entidades Públicas, elaborado por la Corporación Transparencia por Colombia, el cual analiza el periodo enero 2015-abril 2016 y será presentado hoy en Bogotá.
El estudio, financiado por la Unión Europea, recogió datos de 167 entidades gubernamentales (75 nacionales, 32 gobernaciones, 32 contralorías regionales y 28 municipios capitales), evaluando los peligros en temas de corrupción.
Una de las conclusiones del reporte es que ninguno de los organismos analizados logró el nivel de Riesgo Bajo de corrupción.
Transparencia alertó que la contratación pública sigue en deuda, pues en el orden nacional el 74 % se hace de forma directa, sin muchas garantías para la competencia.
En el plano departamental y municipal, el empleo público fue evaluado con 52 y 48 puntos sobre 100, respectivamente. Esto se ve reflejado en que persisten grandes brechas salariales y que la mayoría de los trabajadores suelen ser contratistas.
“Este pareciera un tema inamovible de clientelismo, es el punto de la gestión que más voluntad política requiere para ser reformado”, señala el documento, y aduce que los mecanismos para poner en marcha los planes anticorrupción son insuficientes.
El docente y doctor en Administración Pública, Santiago Leyva Botero, explica que desde la Constitución del 91 se comenzó a ver de manera negativa a las burocracias públicas, condenando a las entidades que tuvieran muchos empleados de planta. La percepción se profundizó con la Ley 617 de 2000, que racionalizó el gasto público y fijó topes para las nóminas estatales.
“Esto no resultó ser del todo positivo, pues detrás de los gastos en inversión empezaron a aparecer nóminas paralelas y contratistas que llevaban a cabo labores propias de los servidores públicos, sin sentido de pertenencia con la organización”, opina Leyva.
los riesgos en las entidades nacionales
Entre las entidades gubernamentales analizadas, la que tiene la más baja calificación es la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), adscrita al Ministerio de Hacienda. Obtuvo una calificación de 47,5 sobre 100, lo que implica que está en Alto Riesgo de corrupción (ver el gráfico).
Se raja, según Transparencia, porque obtuvo una baja puntuación en “institucionalidad” (capacidad para lograr que sus funcionarios cumplan normas y estándares en procesos de gestión) y en el ítem de “control y sanción” (capacidad para generar acciones de control con procedimientos internos).
La peor calificada después de la Uiaf es la Fiscalía General de la Nación (50,9), por aparentes debilidades en materia de control y sanción.
Respecto a los Ministerios, los que tienen más riesgo de corrupción son los de Transporte y Justicia; y los mejores librados, el de Defensa y el de Comercio.
La entidad con el menor riesgo de corrupción resultó ser la Superintendencia de Sociedades, conservando el honroso primer lugar en transparencia que obtuvo en la medición pasada (2013-2014).
en el plano de las regiones hay deficiencia
“El panorama continúa siendo preocupante para las gobernaciones en Colombia, puesto que son evidentes las debilidades en el desarrollo de espacios efectivos de rendición de cuentas; y los mecanismos de atención a la ciudadanía y la gestión del Talento Humano son deficientes”, afirma Transparencia en su informe.
Las gobernaciones con la peor calificación fueron Chocó (30,2), La Guajira (41,7) y Guainía (43), registrando un nivel Muy Alto en riesgo de corrupción. Las mejores evaluadas fueron Antioquia (85,6), Meta (80,1) y Santander (79,2), con un nivel Moderado.
El Índice de Transparencia también analizó las contralorías regionales. Señala que, de todas las entidades revisadas, son “las peores en acceso a la información”. La que tiene el menor riesgo de corrupción es la Contraloría del Huila (87,05); el mayor peligro ronda a la de Amazonas (34,55).
riesgos en los municipios son elevados
Se analizaron 28 capitales, excluyendo a Medellín, Bogotá y Cali. El estudio halló deficiencias en talento humano y en la relación con las ciudadanías.
Puerto Carreño (35,4) y Santa Marta (37,7) tienen un riesgo Muy Alto de corrupción; Pasto (77,9) y Pereira (75,5) obtuvieron las evaluaciones más aceptables.
El director ejecutivo de la corporación, Gerardo Hernández, manifestó que “los corruptos y el crimen organizado han encontrado en la administración pública un escenario de oportunidad para no solo capitalizar recursos económicos, sino para controlar el territorio y sus poblaciones”.
