Pese a la solicitud de la defensa de que en caso de ser cobijado con medida de aseguramiento Emilio Tapia pudiese ser recluido en el batallón Vergara y Velasco, en el municipio de Malambo (Atlántico), el juez 53 de control de garantías de Bogotá respondió de forma enfática que no concederá casa por cárcel ni enviará a una guarnición militar al conocido “zar de la contratación”, señalado de manejar tres empresas de la Unión Temporal Centros Poblado a través de terceros.
De hecho, el juez ordenó este viernes que tanto Tapia como Luis Fernando Duque, representante legal del consorcio; y Juan José Laverde, quien era miembro de Rave Agencia de Seguros, sean trasladados a prisión.
Incluso, sobre Tapia aseguró, previo al anuncio de su decisión, que sería privado de la libertad bajo fuertes medidas de seguridad, desestimando así el argumento de la defensa de que el contratista no representa un peligro para la sociedad, ya que, aún pagando una condena por corrupción en prisión domiciliaria por el carrusel de la contratación en Bogotá, sigue incurriendo en delitos.
Esto en línea con lo expuesto durante la audiencia por Miguel Antonio Carvajal, delegado de la Procuraduría, quien sostuvo que por los antecedentes de Tapia, con tres sentencias condenatorias por casos de corrupción, dejarlo en libertad sí significaría un peligro porque podría reincidir. “Resulta necesaria la imposición de la medida de aseguramiento carcelario, lo que evitaría, teóricamente, la continuación de una actividad delictiva”, indicó Carvajal.
Durante la diligencia judicial, el delegado del ministerio público apoyó la solicitud de la Fiscalía de cobijar con medida de aseguramiento en centro carcelario a las otras dos personas que, junto a Tapia, fueron capturadas por su presunta participación en la adjudicación del contrato entre el Ministerio de las TIC y Centros Poblados.
La Fiscalía le imputó a los tres sindicados los delitos de falsedad en documento privado por la garantía que presentaron del Banco Itaú, además de fraude procesal por las garantías de cumplimiento y acta de inicio del contrato.
La defensa de Tapia
Alejandro Sánchez, abogado de Tapia, pidió previo al anuncio del juez que su defendido no fuera a la cárcel ya que cumple una condena en prisión domiciliaria, lo que demuestra que no es un peligro. “Lo pueden vigilar y monitorear en su vivienda constantemente”, dijo.
La defensa, igualmente, aseguró que su cliente no conoce a Jorge Enrique López, quien es señalado de conseguir las garantías falsas. De hecho, indicó que la Fiscalía no presentó pruebas que demuestren su relación.
Los otros implicados
Sobre los otros dos capturados, Duque y Laverde, la Procuraduría sostuvo que aunque fueron imputados por los mismos delitos, no representan el mismo peligro que Tapia.
La Fiscalía soportó el pedido de medida de aseguramiento contra Duque y Laverde en pruebas como chats y correos que, supuestamente, enviaron a otros implicados en el polémico contrato para unificar una versión sobre lo sucedido.
Omar Cabarcas, apoderado de Laverde, pidió que fuera negada la medida de aseguramiento, pues no está clara la inferencia de autoría en los delitos imputados y que, en el caso de su defendido, no se consideraron medidas subsidiarias como casa por cárcel.
También se escuchó a Iván Cancino, abogado de Mintic, que se declaró víctima en el proceso, respaldó las pretensiones de la Fiscalía indicando que sí hay evidencias de que los capturados cometieron los delitos que se les imputó.
Además, afirmó que no hay discusión de que Tapia es “el hombre detrás de algunas compañías de Centros Poblados”, lo que, a su juicio, está comprobado con las reuniones que sostuvo en Medellín y Bogotá. “Está establecido desde la parte probatoria que sí tuvo conocimiento del tema de la producción de las garantías”, dijo Cancino.
El apoderado del Ministerio reiteró que el interés de la víctima es recuperar el dinero que se entregó como anticipo ($70.000 millones) y por eso consideró necesario el embargo de los bienes de los sindicados para que no puedan venderlos o traspasarlos y así se pueda intentar recuperar el dinero perdido en el contrato de conectividad que asumió la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB, y que desencadenó la salida de Karen Abudinen de la cartera el pasado 9 de septiembre
