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¿Erró la Fiscalía en cargos en caso de la niña emberá?

  • Audiencia en la que los siete militares aceptaron cargos. FOTO CORTESÍA FISCALÍA
    Audiencia en la que los siete militares aceptaron cargos. FOTO CORTESÍA FISCALÍA
Ricardo Monsalve Gaviria | Publicado el 26 de junio de 2020

Abogados penalistas aseveran que al ente acusador le faltó rigurosidad con los militares agresores.

Los siete militares acusados de violar a una niña de 13 años de edad de la etnia emberá aceptaron ayer su responsabilidad en este hecho que consternó al país y que ocurrió el pasado 22 de junio en zona rural de Risaralda.

La Fiscalía confirmó que los soldados, seis de ellos en calidad de autor y uno en calidad de cómplice, aceptaron los cargos por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, acto punible que puede dar hasta 30 años de cárcel, según explicó el ente acusador.

Los cargos imputados por el fiscal levantaron ampolla entre abogados penalistas, quienes consideran que esos hechos no deberían ser acusados de esa manera porque se concedería un manto de duda de que pudo haber aprobación de la menor embera para que ocurrieran los hechos, pese a que la familia ya denunció que su pequeña sí fue violentada por los soldados mientras cogía algunas guayabas.

El abogado penalista y defensor de derechos humanos, Víctor Javier Velásquez, considera que hubo un error en el procedimiento. “Hay una diferencia grande en el acceso carnal abusivo y el acceso carnal violento. En el abusivo, que fue el imputado por la Fiscalía, se descarta la violencia, es decir que hubo un consentimiento libre. Mientras que, con el violento, se trata de un acto en contra de la voluntad de la joven. En este caso estamos hablando de soldados armados que quisieron acceder a ella, y no tenía opción”.

Helena Hernández, abogada penalista y docente en las universidades Del Rosario y la Gran Colombia, cree que la Fiscalía sí se equivocó y señala que este tipo de actos invisibilizan la realidad de la violencia que sufrió la niña indígena.

“La calificación jurídica del delito (o la imputación por la que van a responder, pues aceptaron los cargos) quedó mal, porque de los hechos que nos han relatado, se deduce con más claridad que existió violencia (la cantidad de hombres que la accedieron, la edad de la menor, la mayor vulnerabilidad), indicó la jurista.

Hernández precisó que, de haberse inculpado el delito de acceso carnal violento agravado, “se hubiera respondido también por coautoría de los otros siete accesos. Eso permite incrementar la pena hasta el doble del monto, porque la suma de las penas es mucho mayor. O sea, sí tenía mucho sentido esa imputación”.

El abogado Velásquez agregó que el proceso podría tener un riesgo de nulidad en caso de que el juez de conocimiento, instancia que sigue después de aceptar cargos, tome dicha decisión por el error de la Fiscalía en la imputación. “Aunque ambos delitos tienen la misma pena, depende de cómo sea la decisión del jurista para que la Fiscalía deba volver a iniciar el proceso”.

¿Cuál justicia debe actuar?

Aunque el caso avanza en la justicia ordinaria, surge la pregunta de si el futuro jurídico de los militares también podría ser reclamado por la Justicia Penal Militar o por la Jurisdicción Indígena.

Por un lado, la Organización Indígena de Colombia hizo pública su intención de definir lo que pasará con los soldados (Ver paréntesis). Por otro, los analistas consultados descartaron totalmente la intervención de los tribunales castrenses ¿por qué?

Jean Carlo Mejía Azuero, director del Consultorio Jurídico y del Centro de Conciliación de la Universidad Militar Nueva Granada, explica que se trata de un delito contra la libertad, integridad y formación sexual con una menor de 14 años, perteneciente a una comunidad indígena.

“Desde esa perspectiva, por la gravedad de los hechos, de entrada se rompe completamente la excepcionalidad de la Justicia Penal Militar. Se está ante una grave violación de derechos humanos prevista en instrumentos internacionales. Los niños tienen un nivel de protección formal y material superior que, en toda circunstancia, tal y como lo indica el precedente jurisprudencial, escapa a la misionalidad de la justicia militar”.

Por su parte, José Díaz Moncada, abogado penalista y docente en la Universidad de Medellín, señala que, contrario a lo que piden los comuneros, para ellos aplicar justicia, el tema “es competencia de la ordinaria, sin discusión”, y concluyó que “de hacer el pedido de forma oficial (indígenas), se podría dar un conflicto de jurisdicción y esto solo lo resuelve el Consejo Superior de la Judicatura”.

en definitiva

La jurisdicción indígena pidió juzgar a los militares involucrados en el abuso sexual a una menor. Analistas afirman que, por la gravedad de los hechos, la justicia debe ser la ordinaria.

Contexto de la Noticia

Paréntesis indígenas piden aplicar justicia

La comunidad indígena reclama el derecho a que sea su jurisdicción la encargada de adelantar el juicio contra los militares implicados en el abuso de la niña. “Tenemos varias razones”, asegura Luis Fernando Arias, consejero mayor de la Organización Indígena de Colombia, Onic. “El hecho ocurrió dentro del territorio indígena, también porque la víctima es de ascendencia indígena y en condición de vulnerabilidad. El juez debe ser la autoridad indígena”, explica el consejero mayor de la Onic.

Ricardo Monsalve Gaviria

Periodista. Magíster en Comunicación de la Defensa y los Conflictos Armados de la Universidad Complutense de Madrid


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JEP precisa cómo se harán exhumaciones en cementerio de Montañita, Caquetá

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¿qué sigue? Investigación es por macrocaso 07

La recuperación de cuerpos que se está llevando a cabo en Caquetá hace parte de una serie de medidas cautelares impuestas por la JEP. Se espera recuperar los cuerpos de presuntas víctimas vinculadas al Macrocaso 07 de la jurisdicción, relacionado con el Reclutamiento y utilización de niños y niñas en el conflicto armado. Todo esto surgió como fruto del informe “Bajo tierra piden Justicia”, presentado por la Mesa Permanente de Gestores Humanitarios para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas ante la jurisdicción.

Daniela Osorio Zuluaga

Comunicadora Social - Periodista de la UdeA. Amo leer historias y me formé para contarlas.

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¿qué sigue? se busca legalizar el censo de 2018

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Alejandro Arboleda Hoyos

Periodista, apasionado por la historia, la geopolítica y los documentales. Hago preguntas desde que tengo uso de razón. Egresado de la Universidad Eafit.

Los descuadres que hay con las cifras de vacunación con Moderna

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PARA SABER MÁS ¿Habrá Segunda dosis de Janssen?

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. aprobó la dosis de refuerzo de la farmacéutica Janssen. y también dio luz verde a la aplicación de la dosis de refuerzo de Moderna. Al tiempo, en España, un comité de expertos le sugirió a la Comisión de Salud Pública de ese país tomar una decisión similar. En el caso de Colombia ya se habla de que también se estudia esa posibilidad. En semanas pasadas, Janssen señaló que una segunda dosis de su vacuna aumentaría la protección contra el virus al 94 %.

Sebastián Ramírez Torres

Iba a ser médico, pero me volví periodista. Me gusta debatir y hablar mucho y de todo. Creo que la información es un patrimonio inmaterial y público.

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Periodista de economía de El Colombiano. Oidor de tangos. Sueño con una Hermosa sonrisa de luna.

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