El presidente Abelardo de la Espriella anunció durante su discurso de posesión que su Gobierno presentará ante el Congreso una reforma tributaria estructural, con la que busca simplificar el sistema de impuestos, combatir la evasión y mejorar las condiciones para la inversión, la producción y el empleo.
Uno de los principales cambios planteados por el mandatario es la eliminación del impuesto al patrimonio. “No vamos a castigar más a quienes generan riqueza en nuestra patria”, afirmó.
De acuerdo con De la Espriella, la reforma será una de las primeras medidas de su administración para reorganizar las finanzas públicas y modificar el esquema tributario del país.
Durante su intervención, el presidente sostuvo que Colombia necesita un sistema tributario más sencillo y eficiente. Por eso, señaló que la iniciativa buscará reducir la complejidad de las obligaciones tributarias y fortalecer la lucha contra la evasión. “Mi Gobierno presentará una reforma estructural del sistema tributario para simplificarlo”, afirmó el mandatario.
La propuesta deberá ser presentada ante el Congreso, donde tendrá que surtir el trámite legislativo correspondiente antes de convertirse en ley.
De la Espriella también aseguró que recibe una economía marcada por un aumento del gasto público y del endeudamiento, por lo que anunció que la austeridad fiscal será uno de los principales objetivos de su administración.
El mandatario, sin embargo, aseguró que el ajuste del gasto no recaerá sobre los sectores más vulnerables. “La austeridad no recaerá sobre quienes más necesitan la protección del Estado”, afirmó, al tiempo que se comprometió a mantener los programas dirigidos a esta población.
La estrategia fiscal planteada por el nuevo Gobierno combinará, según sus anuncios, medidas de contención del gasto con una reforma al sistema tributario.
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Reforma tributaria y eliminación del impuesto al patrimonio
Así las cosas, en materia tributaria, De La Espriella anunció una reforma estructural que, según explicó, buscará simplificar el sistema impositivo, combatir la evasión y generar mejores condiciones para la inversión, la producción y el empleo.
Uno de los anuncios fue la eliminación del impuesto al patrimonio. El mandatario argumentó que el sistema tributario no debe desincentivar la inversión ni castigar la generación de riqueza.
“La prosperidad no nace de gravar el éxito, sino de crear condiciones para que millones de colombianos puedan emprender, trabajar y progresar”, afirmó.
El impuesto al patrimonio regresó al sistema tributario colombiano en 2003 como una medida inicialmente temporal y posteriormente fue convertido en permanente para determinados contribuyentes con mayores patrimonios mediante la reforma tributaria de 2022.
El mandatario también planteó facilitar el tránsito de trabajadores informales hacia la formalidad, mediante un mayor acceso al crédito y nuevas oportunidades para el emprendimiento.
Expertos respaldan eliminación del impuesto al patrimonio y advierten por sus efectos sobre la inversión
La propuesta del presidente De la Espriella de eliminar el impuesto al patrimonio generó una reacción favorable entre expertos y representantes del sector empresarial, quienes consideran que este gravamen puede afectar la inversión, incentivar la salida de capitales y limitar el crecimiento económico.
Bruce Mac Master, presidente de la Andi, calificó como positiva la decisión anunciada por el mandatario y sostuvo que el impuesto ha tenido efectos adversos sobre la inversión privada.
“El impuesto al patrimonio ha significado un golpe grande contra la inversión en Colombia. Hemos tenido una cantidad de capitales colombianos que no han vuelto a invertir en Colombia y casos de personas y entidades que cambiaron sus domicilios tributarios”, afirmó Mac Master en diálogo con Blu Radio.
El dirigente gremial también consideró que la eliminación del tributo no tendría un impacto fiscal significativo para el país. A su juicio, el principal desafío de las finanzas públicas no está en mantener este impuesto, sino en controlar el crecimiento del gasto del Presupuesto General de la Nación.
“Eliminar un impuesto no lleva inmediatamente o no trae como consecuencia inmediata que el gasto o un gasto en particular se reduzca (...) Un gobierno que piense solamente en recaudar para poder gastar va a querer tomar decisiones que al final no tienen en cuenta las implicaciones sobre el resto de la economía”, señaló.
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Mac Master vinculó además la discusión tributaria con el bajo crecimiento de la economía colombiana. Recordó que el PIB aumentó 1,7 % en 2024 y 2,6 % en 2025 y advirtió que esos niveles son insuficientes para enfrentar los problemas fiscales y generar mayores oportunidades de inversión y empleo.
“A esas tasas, Colombia no logra realmente salir de la crisis fiscal que tenemos ni generar condiciones para avanzar. Lo que sí es evidente es que Colombia tiene que volver a pensar y entender que, sin un crecimiento económico robusto, grande, el país no puede salir adelante”.
Impuesto al patrimonio: bajo recaudo y distorsiones
En la misma línea, Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence y exdirector de Fedesarrollo, defendió la eliminación del impuesto y cuestionó su efectividad como instrumento de recaudo.
Mejía explicó que actualmente el gravamen se aplica a personas naturales con un patrimonio líquido superior a 72.000 UVT, equivalentes a aproximadamente $3.800 millones. Aunque reconoció que puede parecer un impuesto progresivo, señaló que tiene problemas relacionados con la movilidad internacional del capital y con la forma en que grava los activos.
“En ausencia de un mecanismo global de tributación, incentiva el traslado de los grandes patrimonios a otras jurisdicciones; y es altamente distorsionante, porque grava el capital con independencia de su rentabilidad”, sostuvo.
Para ilustrar el efecto, explicó que una tarifa de 1,5% sobre un activo que genera una rentabilidad real de 3% equivale, en términos efectivos, a gravar con 50% las rentas producidas por ese activo, después de que estas ya fueron sometidas a tributación cuando se generaron.
El exdirector de Fedesarrollo también puso la discusión en un contexto internacional. Según explicó, en 1990 eran 12 los países europeos que tenían impuestos recurrentes sobre el patrimonio neto. Actualmente, solo España, Noruega y Suiza mantienen este tipo de gravamen, de acuerdo con su análisis.
“Colombia es, por tanto, una excepción dentro de una tendencia internacional que ha llevado a abandonar este tipo de impuestos por sus bajos niveles de recaudo y sus efectos sobre el ahorro, la inversión y la movilidad de los capitales”, afirmó.
Mejía también cuestionó el peso que tiene este tributo dentro de los ingresos fiscales colombianos. Según sus cifras, en 2024 el impuesto al patrimonio recaudó alrededor de $1 billón, equivalente a cerca de 0,6 % de los ingresos administrados por la Dian.
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A esto se suma, según el economista, una reducción tanto en el número de contribuyentes como en el patrimonio declarado por las personas con mayores niveles de riqueza. Señaló que entre quienes reportaban patrimonios superiores a $12.000 millones se produjo una caída de 24% en el número de declarantes y de 36% en el valor patrimonial reportado.
El efecto, sostuvo Mejía, puede ser incluso mayor cuando los contribuyentes trasladan su residencia fiscal fuera de Colombia. “Quienes trasladaron su patrimonio y permanecen menos de 183 días al año en el país no solo dejaron de tributar por su patrimonio: ahora tampoco pagan impuesto de renta”, explicó.
Por ello, consideró que eliminar el impuesto podría tener un efecto favorable sobre la estructura tributaria y sobre las decisiones de inversión.
“Por estas razones, la eliminación del impuesto al patrimonio es una medida necesaria para mejorar la estructura tributaria, reducir las distorsiones sobre el ahorro y la inversión e incentivar el retorno de capitales desde el exterior”, sostuvo.
Fuga de capitales y salida de grandes patrimonios
La discusión adquiere mayor relevancia en un contexto de movilidad internacional de grandes fortunas. De acuerdo con el Henley Private Wealth Migration Report 2025, cerca de 142.000 personas con patrimonios superiores a US$1 millón en activos líquidos migraron durante 2025.
América Latina concentró alrededor de 1.600 de esas salidas, mientras que Colombia registró la salida de al menos 150 millonarios, según el reporte citado. El país quedó así entre las economías con mayor fuga de grandes patrimonios durante ese año.
A este fenómeno se suma el comportamiento tributario de los contribuyentes de mayores patrimonios. Según cifras de la Dian, citadas en el análisis, 28% de las personas que reportaban patrimonios superiores a $11.000 millones dejaron de tributar o salieron del país después de la reforma tributaria de 2022, que incrementó la carga sobre el patrimonio.
Para Santiago Villegas, abogado sénior y especialista tributario, el debate debe analizarse desde la perspectiva de la eficiencia fiscal y no únicamente desde la progresividad del sistema. “En un país con nuestra desigualdad, gravar el patrimonio suena a justicia básica. El problema es que diseñar política fiscal desde el resentimiento de clase sale carísimo y termina logrando exactamente lo contrario. No se trata de hacerle ‘mandados al capital’, se trata de matemáticas y recaudo real”, afirmó.
Villegas sostuvo que uno de los principales problemas está en la movilidad del capital y en las consecuencias fiscales que puede generar el cambio de residencia de los grandes patrimonios. “El capital es móvil, las necesidades sociales no”, señaló.
Según su explicación, cuando un contribuyente de alto patrimonio cambia su residencia fiscal y permanece menos de 183 días al año en Colombia, el Estado puede perder no solo el recaudo correspondiente al impuesto al patrimonio, sino también otros ingresos asociados a su actividad económica.
“El Estado no solo pierde ese 1,5% del impuesto al patrimonio. Pierde el 35% de su impuesto de renta, sus retenciones y el IVA de su consumo. Por terquedad ideológica para cobrar $1, el país pierde $10”, aseguró.
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El debate sobre la OCDE y la reforma tributaria
Villegas también cuestionó el diseño adoptado por Colombia en la reforma tributaria y sostuvo que el país debería avanzar hacia un sistema que priorice la tributación sobre los ingresos efectivamente generados y el consumo, en lugar de gravar de manera recurrente el patrimonio.
“Precisamente para evitar esta fuga de capitales, la OCDE recomienda migrar hacia sistemas que graven el ingreso real y el consumo, no el patrimonio neto estático”, afirmó. A su juicio, Colombia incorporó en la Ley 2277 elementos que terminaron aumentando las distorsiones sobre el capital productivo.
“Colombia quiso adoptar estándares internacionales con la Ley 2277, pero lo hizo ‘a su manera’: manteniendo el impuesto al patrimonio y sumándole distorsiones que castigan el capital productivo independientemente de si genera rentabilidad o no”, sostuvo.
El abogado también relacionó la discusión tributaria con el desempeño de la inversión privada. Según su análisis, la salida o desincentivo de capitales tiene efectos sobre la formación bruta de capital fijo y, por esa vía, sobre el crecimiento económico, el empleo formal y la generación de nuevos contribuyentes.
“Ahuyentar el capital tiene un costo directo en la formación bruta de capital fijo (inversión), que se desplomó drásticamente en 2023. Sin esa inversión privada, la economía se estanca, no se crea empleo formal y se reduce la base de empresas que sostienen el resto del sistema tributario”, afirmó.
Villegas cuestionó la relación entre el bajo recaudo del impuesto y los posibles efectos económicos que puede generar. “Aferrarse a un impuesto que recauda apenas el 0,6 % de la DIAN, pero que a cambio espanta la inversión y la base gravable de renta que sí financia los programas sociales, no es justicia social ni sabiduría. Es mala técnica fiscal”.
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