¿Por qué le concedieron libertad condicional a María de Pilar Hurtado?

La Corte Suprema de Justicia consideró que el propósito resocializador de su pena ya había sido cumplido.

Maria del Pilar Hurtado, exdirectora del DAS, fue condenada por intercepctaciones ilegales a magistrados de la Corte Suprema. FOTO: COLPRENSA

La Corte Suprema de Justicia concedió la libertad condicional a la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado Afanador, la polémica exfuncionaria condenada por realizar interceptaciones ilegales a magistrados durante el gobierno de Álvaro Uribe.

La determinación se dio después de que el alto tribunal decidiera estudiar un recurso de apelación interpuesto por su abogado, y que ya había sido negado en varias oportunidades. Esta vez; sin embargo, decidió conceder su libertad condicional, bajo el argumento de que:

“Se advierte que el propósito resocializador de la pena se ha satisfecho, pues es evidente que, sumado a la significativa proporción de la sanción total cumplida hasta la fecha, el comportamiento de la implicada durante su reclusión permite predicar razonablemente que el cumplimiento total de la condena en confinamiento no resulta necesario”.

La Corte consideró que, en virtud del principio de resocialización de la pena, y teniendo en cuenta que Hurtado ya había cumplido las tres quintas partes de su condena, era justo concederle el beneficio.

María del Pilar Hurtado había sido condenada por las interceptaciones ilegales a Magistrados de la Corte Suprema, al periodista Daniel Coronell y al abogado Ramiro Bejarano.

Justamente, la exdirectora del DAS fue encontrada como responsable de los delitos de peculado por apropiación, concierto para delinquir agravado, concurso de dos falsedades en documento público, coautora de plurales delitos de violación ilícita de comunicaciones y varios delitos de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto.

La Corte Suprema ha dicho que tanto Hurtado como el ex Secretario General de la Presidencia, Bernardo Moreno Villegas, ordenaron la interceptación ilegal de magistrados, y demás personas, con el fin de obtener ilegalmente información a través de los organismos de inteligencia, para luego enviarla a los medios de comunicación y así desprestigiarlos.

Además, según el alto tribunal estos ordenaron efectuar seguimientos patrimoniales y consultas en bases de datos reservadas a algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, congresistas y otras personas, sin orden judicial.