Ante la incertidumbre que se vive por el desenlace del futuro del túnel de La Línea la baraja del Gobierno Nacional contempla la opción de no caducar el contrato con la Unión Temporal Segundo Centenario, en cabeza de Carlos Collins. De ser así, el empresario tendría que buscar un aliado que inyecte liquidez a la obra.
Esta posibilidad surge a raíz de la primera reunión que Collins tuvo esta semana con la ministra de transporte Natalia Abello, donde se empezó a definir el futuro de La Línea y de otras obras que tienen de manera individual cada uno de los empresarios que conforman esta unión empresarial en el país.
De acuerdo con expertos como Julián Cardona Castro, presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros (Aciem) la mejor solución sería la de no decretar la caducidad del contrato de la obra de 8,6 kilómetros sino la de buscar la forma de no ir a los juzgados y demorar la construcción con una nueva licitación.
Sacar de nuevo el proyecto a una adjudicación le implicaría al Gobierno Nacional mayor tiempo de ejecución en la obra, repercusiones en otros proyectos viales asignados a los empresarios del consorcio (que quedarían inhabilitados por 5 años) y recursos adicionales para el nuevo contrato.
“De concretarse un arreglo con el Ministerio de Transporte, Collins se debe asegurar de tener todos los recursos financieros y técnicos para culminar la obra sin volver a incumplir los plazos de entrega”, dijo Francisco Suárez, socio de la firma Infraestructura Legal.
La posibilidad de que la Unión Temporal Segundo Centenario cuente con la liquidez suficiente para culminar el porcentaje restante del Túnel, que para el Invías es de 26% y para el consorcio de 8%, es complicada según los expertos teniendo en cuenta que se ha llegado a hablar de inyectarle a la obra recursos adicionales entre $160.000 y $400.000 millones.
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