La condena al exsubdirector del DAS y la orden de investigar a Álvaro y Santiago Uribe reabren viejos expedientes del paramilitarismo en Antioquia. Entienda qué puede pasar ahora y cómo este fallo podría marcar nuevos procesos judiciales en Colombia.
En la misma sentencia que condenó al exsubdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), José Miguel Narváez, la jueza Claudia Marcela Castro ordenó compulsar copias a la Fiscalía para que investigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez y a su hermano Santiago Uribe como presuntos determinadores del homicidio de los defensores de derechos humanos Jorge Eduardo Umaña y Jesús María Valle.
Después de un proceso que se extendió por casi diez años, este lunes 6 de octubre, el Juzgado Tercero Penal Especializado de Medellín condenó a 28 años de prisión a Narváez por su responsabilidad en el secuestro de la entonces senadora liberal Piedad Córdoba Ruiz, ocurrido en mayo de 1999.
El fallo también impone una multa de 3.499 salarios mínimos y lo inhabilita para ejercer funciones públicas durante 20 años. La jueza declaró además que el delito fue de lesa humanidad, dada su gravedad y el contexto en el que ocurrió.
Según la decisión judicial, Narváez —quien ya ha sido condenado por el asesinato del humorista Jaime Garzón y por las interceptaciones ilegales del DAS— indujó y promovió el secuestro de Córdoba por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), lideradas entonces por Carlos Castaño Gil, con quien mantenía vínculos ideológicos y operativos.
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La sentencia señala que el exfuncionario suministró información obtenida de interceptaciones telefónicas de la dirigente liberal, en las que esta sostenía conversaciones con los excomandantes del ELN Francisco Galán y Felipe Torres, y que esa información fue entregada a Castaño para justificar su secuestro.
El secuestro se produjo el 21 de mayo de 1999, cuando Córdoba asistía a una cita médica en Medellín. Fue liberada trece días después, el 4 de junio, tras gestiones de sectores políticos y humanitarios.
En el mismo fallo, la jueza Claudia Marcela Castro ordenó a la Fiscalía compulsar copias para que se investigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez, a su hermano Santiago Uribe y al general (r) Ospina, como posibles determinadores de los homicidios de los defensores de derechos humanos Jorge Eduardo Umaña Mendoza y Jesús María Valle Jaramillo, crímenes ocurridos en Antioquia durante el auge de la violencia paramilitar.
Valle fue asesinado el 27 de febrero de 1998, mientras que Mendoza fue atacado el 18 de abril de ese mismo año. Durante décadas, los familiares de los dos líderes sociales han sostenido que los crímenes fueron ordenados por Carlos Castaño Gil, entonces jefe máximo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y que en ellos habrían participado agentes de la Fuerza Pública.
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