La decisión de la Contraloría de ratificar la sanción fiscal por Hidroituango contra 26 personas naturales y jurídicas, conocida este viernes, tiene una repercusión política inmediata, y no solo porque se produzca en plena época electoral.
La razón es que entre los sancionados fiscalmente, cuyo global es de 4,3 billones de pesos, está el candidato de la Coalición de la Esperanza Sergio Fajardo y, según la normativa vigente, la decisión del ente fiscalizador lo sacaría de la carrera presidencial.
De acuerdo con el Código Único Disciplinario (Ley 734 de 2002), hay una inhabilidad explícita para desempeñar un cargo público, como la jefatura del Estado, que se entrelaza con el caso Fajardo y el fallo de la Contraloría.
En efecto, dice el artículo 38 de esa norma que entre las inhabilidades está “haber sido declarado responsable fiscalmente”. Allí mismo se agrega que esto tendrá una vigencia de 5 años a partir de que el fallo quede ejecutoriado, pero también precisa que se puede levantar “cuando la Contraloría competente declare haber recibido el pago o, si este no fuere procedente, cuando la Contraloría General de la República excluya al responsable del boletín de responsables fiscales”.
Esto se traduce, en forma práctica, en que Fajardo podría seguir haciendo campaña sin problema alguno, incluyendo eventos públicos y asistiendo a debates, pero podría ver frustrado su camino su resulta ganador de las presidenciales del otro año porque, según la norma, no se podría posesionar como Jefe de Estado por la inhabilidad que se le genera tras el fallo en su contra. A menos que, literal, pague la multa, pero aún no se conoce cuánto debería desembolsar.
No obstante, el candidato tiene caminos jurídicos. Uno de ellos, según conocedores del tema, sería poner una tutela contra la decisión de la Contraloría exigiendo que se le respete el derecho fundamental a la participación política. Podría pedir, de acuerdo con el abogado electoral Alfonso Portela, que se suspenda la inhabilidad prevista en el fallo para que su aspiración de llegar a la Casa de Nariño no se frene en seco.
La otra vía es apelar el fallo en sí mismo ante el Consejo de Estado, pero el debate jurídico queda en si este quedaría o no en firme de una vez tras haber sido confirmado por la Contraloría en segunda instancia o solo hasta que se resuelva el trámite ante este alto tribunal.
Y hay un camino más, de carácter internacional, al cual –según Portela– podría acudir Fajardo. Se trata de pedirle un pronunciamiento de fondo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) también alegando que por una decisión administrativa o fiscal se terminan violentando sus derechos políticos.
Esto ya tiene un antecedente. A esa instancia acudió en su momento el también candidato Gustavo Petro –duro opositor de Fajardo–, cuando fue sancionado disciplinariamente por la Procuraduría. La Corte IDH le dio la razón y no solo le regresó sus derechos políticos, por eso ahora es senador y nuevamente aspirante presidencial, sino que regañó a Colombia por permitir ese tipo de decisiones.
De hecho, recuerda Portela, la propia Corte IDH criticó que Colombia tenga una normatividad que atenta contra el artículo 26 del estatuto interamericano, en el cual, precisamente, se vela por los derechos políticos de los ciudadanos de los países firmantes del mismo.
En todo caso, el propio Fajardo aseguró este viernes que se encuentra estudiando las 2.106 páginas del fallo de la Contraloría para tomar las decisiones que correspondan. “La verdad y la decencia siempre salen adelante, aunque a veces se demoren”, precisó el candidato.
Regístrate al newsletter