La creación de 1.208 cargos públicos en plena época electoral tiene contra las cuerdas a la Procuraduría y al Gobierno colombiano. La jefe máxima de esa entidad, Margarita Cabello, aseguró que de no crear esos puestos, se incumpliría el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de destitución de Gustavo Petro.
En medio de esta situación que generó amplia discusión sobre un posible incumplimiento a lo ordenado por la Corte IDH, traducido en el aumento de la burocracia en época electoral, EL COLOMBIANO recopiló otros casos en los que el Estado está en deuda con peticiones hechas por organismos internacionales.
Caso Petro en la Corte IDH
Tras hacer oficial la medida, la procuradora general, Margarita Cabello, se refugió en que los nuevos cargos nacieron como resultado de la sentencia de la Corte IDH sobre la destitución de Petro como alcalde de Bogotá, que según ella “obliga a que se dupliquen los funcionarios”.
En enero de 2021, Cabello –saliente ministra de Justicia– tomó las riendas de la Procuraduría y aseguró que encontró una situación “caótica y de impunidad total” porque había 75.000 procesos represados y no se estaría dando respuestas a la sentencia de la Corte IDH.
Ante esa situación, se expidió el Decreto 1851 de 2021, que firmó el pasado 24 de diciembre el presidente Duque y con el cual se adicionaron los 1.208 cargos a la entidad. Tras la polémica, la Procuraduría aseguró que con su fallo la Corte IDH “impuso que el funcionario que formule los cargos no sea el mismo que dicte la sentencia disciplinaria, generando la necesidad de separar las funciones”.
No obstante, el tribunal internacional no le pidió al Estado que se aumentara la burocracia, sino que en su fallo aclaró que los servidores públicos de elección popular no pueden ser destituidos por funcionarios administrativos, sino por un juez penal. Por esta polémica creación de cargos, el Congreso citó a Cabello a una audiencia pública.
Y previo a esta situación, el 25 de noviembre la Corte IDH hizo una supervisión de cumplimiento de la sentencia del caso Petro, y pidió al Estado colombiano un informe sobre todas las medidas pendientes.
Sobre este, la Cancillería le dijo a EL COLOMBIANO que la Corte profirió una resolución en la que reconoció los avances del Estado en el cumplimiento de la sentencia internacional del 8 de julio de 2020. De hecho, el tribunal internacional no le hizo llamado de atención alguno a Colombia por el caso Petro.
Otros casos incumplidos
Además de ese posible incumplimiento, Colombia está en deuda parcial con las solicitudes internacionales para la reestructuración de la Policía y en materia ambiental.
En el primer caso, Human Rights Watch solicitó al Gobierno una reforma policial con cambios al sistema disciplinario y separar la institución de las Fuerzas Armadas. Y, este mes, el Congreso aprobó el aumento de los salarios de los policías, y capacitaciones en Derechos Humanos, pero no se hizo la separación de las Fuerzas Armadas.
Además, sigue enredada la ratificación del Acuerdo de Escazú, a la que se comprometió Iván Duque ante la comunidad internacional. El Congreso hundió la iniciativa a mitad de año y todo parece indicar que la volverá a hundir en el periodo legislativo actual.
