Tras cinco prórrogas al Estado de Emergencia decretado el 12 de mayo de 2020, Colombia se prepara para terminar su último periodo el próximo 31 de agosto, según lo dicta la resolución 738 de 2021.
EL COLOMBIANO buscó a especialistas para analizar qué cambiará con la finalización de ese período extraordinario y a qué escenarios se enfrentarán el Estado y los ciudadanos tras culminar ese escenario en el que el país acumula 15 meses.
Según la legislación colombiana, un Estado de Emergencia se puede implementar cuando existe un escenario excepcional que puede afectar a toda la nación, o a las naciones cercanas a ella, relacionadas con catástrofes naturales, guerras, epidemias o brotes de enfermedades graves, por ejemplo.
¿Qué significa?
En el caso puntual de la emergencia que rige desde el 12 marzo, el Gobierno la declaró como “Emergencia Sanitaria” y la acompañó de 7 artículos en los que especifica qué tipo de medidas se pueden tomar gracias a esa declaratoria en términos económicos, sociales y gubernamentales, entre otros.
Ahora bien, “cuando se declaran emergencias de este tipo, los Estados como Colombia diseñan prerrogativas para generar unos decretos que van a ser revisados directamente por la Corte Constitucional y que le permiten al Gobierno apropiar recursos, tomar decisiones más directas en materia de contratación y, por supuesto, atender la situación de una manera más ágil”, explica Olmer Muñoz, docente de Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana.
En términos sencillos, una de las características más importantes de esta medida es el trámite que debe pasar cada decreto que quiera implementar el Gobierno. Mientras que en condiciones normales el presidente debe gobernar junto al Congreso y someter a votación sus proyectos ante el Senado y la Cámara de Representantes; en un estado de emergencia las revisiones pasan directamente a la Corte Constitucional, que evalúa que la medida no vaya contra la ley colombiana o viole derechos fundamentales para los ciudadanos.
Así, “lo que se busca es que el Gobierno pueda tomar decisiones más rápidas para enfrentar la crisis, que en este caso es la pandemia”, afirma Luisa Fernanda García, profesora de Derecho Constitucional de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario.
Bajo ese contexto, el presidente de la República, Iván Duque, ha extendido el período de emergencia desde el 12 de marzo de 2020, cuando el país apenas registraba siete casos positivos de covid-19 en todo el territorio nacional y se declaró la emergencia por primera vez durante la pandemia; y hasta el 31 de agosto de 2021, fecha en que debería terminar el período según la última resolución expedida sobre ese asunto: la 738 de mayo 26 de 2021, por medio de la cual se decidió extender la emergencia hasta finales del mes que viene (Ver: Antecedentes).
Lo que implica que termine
Según García, el cambio más notable para el Gobierno será que, al terminarse el estado de emergencia, los proyectos deberán retomar su curso tradicional y requerirán de debates en el Congreso para ser aprobados, no como ahora que solo requieren de la revisión de la Corte Constitucional.
En ese sentido, decisiones como los toques de queda, las cuarentenas o los cierres de fronteras entre departamentos y municipios, que fueron las medidas aplicadas al inicio de la pandemia, requerirían de un camino más largo dentro de los poderes para ser implementadas de nuevo, tal como lo explica Muñoz.
Respecto a los impactos de la finalización del estado de emergencia sobre la economía, el analista financiero Andrés Moreno, opina que es positivo en varios sentidos: “Significa que la economía deja de estar en un período extremo de crisis, o de emergencia como el mismo nombre lo dice, y empieza a retomar su autonomía sin que sea el Gobierno el que deba proveer todos esos impulsos económicos”.
Bajo esa lógica, complementa Moreno, el Estado podrá volver a invertir en sectores en los que había dejado de hacerlo. “Hay que entender también que estas declaraciones de emergencia tienen que ser temporales porque desvían el gasto y la atención del Gobierno específicamente a la crisis, esto significa que hay un proceso importante de reactivación y que a partir de agosto las empresas podrán seguir retomando su curso”, dice.
García también enfatiza en que algunos subsidios y ayudas económicas que se gestionaron bajo este modelo terminarán una vez finalice el período excepcional. No obstante, “también hay medidas que seguirán vigentes, por la manera como fueron pactadas desde un principio, para ser más duraderas en el tiempo”.
Para las empresas, los cambios se verán reflejados en la disminución de las ayudas gubernamentales y en que perderán algunos beneficios que ese período de emergencia otorgaba sobre los modelos de empleo. “Ahí será necesario que las empresas retornen a la presencialidad o cumplan con lo que la ley dice que deben tener los trabajadores en teletrabajo o trabajo en casa”, dice Muñoz, por citar un ejemplo.
Y lo mismo ocurrirá en otros sectores productivos y sociales: “Tras avanzar con la vacunación y crear mecanismos para fomentar la reactivación económica, empezará con más rapidez el regreso a las clases presenciales y el retorno hacia las demás actividades sociales”.
Pero, pese a esas afirmaciones, la investigadora Andrea Ramírez, epidemiología de la Universidad de los Andes y experta en seguimiento epidemiológico, insiste en que la terminación del estado de emergencia no puede llevarnos a una falsa percepción de que la pandemia está ganada o se terminó. Según dice, “las medidas de seguimiento y de contención deben aplicarse todavía y más con unas variantes altamente transmisibles circulando en el país”.
Por ahora, se sabe que “el único que tendría la facultad para ampliar la emergencia social y económica sería el Congreso, y no creo que lo vayan a hacer porque se está volviendo a la vida prepandémica y las condiciones de la emergencia empiezan a ceder, por lo que no habrían los suficientes argumentos para otra prórroga”, concluye Muñoz
5
veces se ha prorrogado el estado de emergencia en lo que va de la pandemia
29
días falta para que termine el período de emergencia actual. Podría ser antes.