Con la resolución 0376 del 27 de julio de 2023, la Fiscalía General de la Nación ordenó suspender todas las órdenes de captura existentes en contra ocho integrantes del Estado Mayor Central de las Farc-EP al mando de alias Iván Mordisco.
Esto porque el Gobierno del presidente Gustavo Petro, reconoció hace varías semanas, vía decreto, a varios de estos hombres como gestores de paz en medio de la mesa de diálogos que se planea adelantar con esa estructura ilegal.
Los integrantes de las disidencias de “Iván Mordisco” a quienes se les suspendieron las órdenes de captura son: Carlos Eduardo García Téllez, Leidy Tatiana Rojas Olaya, Jaime Muñoz Dorado, Jonathan Jair Narváez Quintero, Adolfo Ballesteros Fernández, Óscar Ojeda, Alexander Farfán Suárez y José Luis Rodríguez Mora.
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Entre los nombres aparece el de Alexander Farfán Suárez, alias Gafas, excarcelero de Ingrid Betancourt durante su secuestro y quien fue liberada en 2008 en la Operación Jaque.
Este hombre, que tenía la orden de cuidar a la excandidata presidencial en cautiverio, fue condenado en 2008 a 17 años de cárcel por narcotráfico y secuestro y, tras someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, quedó en libertad en 2017 por la orden de un juez de ejecución de penas de Bogotá que le concedió el beneficio provisional.
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Desde ese momento se desconocía su paradero, hasta julio de 2019 cuando “Gafas” reapareció para rendir su versión sobre el caso 001, conocido como Secuestro, ante la JEP. Desde entonces se desconocía su paradero hasta que su nombre volvió a sonar esta semana cuando, por orden presidencial, se conoció que el excarcelero sería vocero del grupo de “Iván Mordisco”.
La Fiscalía también aclaró que a Carlos Eduardo García Téllez, quien fue el autor del atentado contra el helicóptero del expresidente Iván Duque en Cúcuta en 2021, se le amplió la suspensión ya que, en una resolución anterior, aparecía con fecha límite al 24 de agosto de 2023 pero, de acuerdo con la solicitud del presidente, la nueva suspensión regirá por “el estricto término que el Gobierno Nacional determine”.
La resolución de la Fiscalía fue compartida con la Policía y la Interpol para que en el marco de sus competencias implementen la decisión.