La corrupción parece ser un rentable negocio en Colombia. Al menos así lo deja ver un enorme operativo que llevó a cabo la Fiscalía a nivel nacional en 30 municipios de 15 departamentos.
Durante las diligencias ocuparon 184 bienes avaluados en más de $69.000 millones que corresponden a señalados de grandes casos de corrupción a nivel nacional.
Estas propiedades fueron “afectadas” con fines de extinción de dominio. Según el ente investigativo, pertenecerían a “casos de desviación de recursos de la salud, pensiones, educación y Plan de Alimentación Escolar (PAE), entre otros sectores”.
Por ejemplo, en el caso de la liquidada EPS SaludCoop la Fiscalía intervino predios que los señalados de irregularidades consiguieron tras presuntos desvíos de dinero del sistema general de salud.
En el caso del llamado carrusel de las pensiones fueron ocupadas propiedades que se adquirieron a través de presuntos actos de corrupción en Cajanal y Colpensiones.
Supuestamente, varias personas recibieron beneficios irregulares pese a que no cumplían con lo que la ley les exige.
A su vez, se conoció que le ocuparon un bien a uno de los contratistas salpicados en presuntas irregularidades en la construcción del comando de la Policía Metropolitana de Bogotá.
“Todos estos bienes quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración y pretendemos además que con estas acciones se incremente el número de bienes para que puedan ser monetizados, y puedan ser utilizados rápidamente por parte del Gobierno Nacional en la mejora de las condiciones de vida de todos los colombianos”, aseguró el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa.
