Se acabaron los ‘mimos’ para los grupos armados ilegales con los que el Gobierno de Gustavo Petro insistió en adelantar procesos de diálogo. Este martes se conoció que la Fiscalía General expidió la Resolución 0263 de 2026, mediante la cual reactivó órdenes de captura que habían sido suspendidas contra cabecillas de tres estructuras armadas, luego de que el Gobierno Nacional diera por terminadas las respectivas mesas de diálogo.
Se trata de una de las últimas estocadas a la política de Paz Total del expresidente Petro. Las concesiones a los principales cabecillas de las disidencias, entre ellas la suspensión de sus órdenes de captura, eran de los últimos beneficios que aún se mantenían en pie. Ahora, con esta decisión, la Fuerza Pública podrá perseguir y capturar nuevamente a estos cabecillas que se fortalecieron durante la fallida política de paz.
Entre los hombres a quienes les fueron reactivadas las órdenes de captura aparecen Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’; José Vicente Lesmes, alias ‘Walter Mendoza’; y Geovanny Andrés Rojas, alias ‘Araña’, además de otros integrantes que habían sido reconocidos como representantes en los espacios de negociación con el Gobierno.
La decisión cobija a 27 integrantes del Estado Mayor de Bloques y Frente, 13 de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y seis de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).
La medida se produce después de que, el pasado 28 de agosto, el Gobierno diera por terminadas las mesas de diálogo con estos grupos ilegales y revocara la designación de sus miembros representantes.
Para justificar el cierre de estos procesos de paz, el Gobierno argumentó que las estructuras no mostraban verdaderas intenciones de avanzar hacia la paz y que, por el contrario, estaban aprovechando los espacios para fortalecerse. Una muestra de ello es el crecimiento de sus integrantes, según un informe de la FIP, estas estructuras pasaron de 15.120 integrantes en diciembre de 2022 a 28.802 en julio de 2026, un aumento cercano al 90 %.
“Que como consecuencia de la revocatoria de la designación como miembros representantes, se impone la reactivación de las órdenes de captura de todas aquellas personas que, por ostentar tal calidad, tienen el beneficio de suspensión de la ejecución de las órdenes de captura que pesan en su contra”, dice la resolución.
La decisión de mantener suspendidas las órdenes de captura contra estos cabecillas criminales le valió al Gobierno Petro múltiples críticas. Sus detractores y buena parte de la ciudadanía le reclamaban acciones efectivas para frenar los hechos terroristas que estas estructuras, bajo el mando de esos mismos líderes, perpetraban contra la Fuerza Pública y la población civil. Sin embargo, la respuesta del entonces mandatario fue mantener abiertas las conversaciones, incluso cuando no había señales claras de una verdadera voluntad de paz.
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De ahí que, durante la campaña presidencial, el hoy presidente Abelardo de la Espriella insistiera en que, una vez llegara al poder, una de sus primeras decisiones sería quitarles el poder a las disidencias y a las demás estructuras criminales, abandonando la estrategia de mantener conversaciones sin resultados concretos y pasando a una política de sometimiento y recuperación del control territorial.
Su planteamiento partía de la premisa de que el Estado no podía seguir otorgando beneficios jurídicos ni espacios de negociación a organizaciones que, mientras hablaban de paz, continuaban fortaleciendo sus estructuras, aumentando su presencia territorial y ejerciendo violencia contra la Fuerza Pública y la población civil. La prioridad, según esa postura, debía ser recuperar la iniciativa militar y policial, perseguir a los principales cabecillas y obligar a estas organizaciones a someterse a la justicia.
Al emitir la resolución, la Fiscalía precisó que no todas las personas incluidas en la solicitud presidencial fueron objeto de una nueva reactivación. En algunos casos, las órdenes de captura ya se encontraban activas, por lo que la entidad se abstuvo de reactivarlas nuevamente. En otros, tampoco adoptó una decisión porque las órdenes no estaban suspendidas, debido a que los ciudadanos se encontraban requeridos dentro de trámites de extradición.
Finalmente, se ordenó informar de la decisión a las autoridades de Policía Judicial, para que procedan con lo establecido en la resolución y actúen en el marco de sus competencias.
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