Futuro de procuradores judiciales, en manos del Consejo de Estado

El procurador General, Alejandro Ordóñez, es cuestionado por el proceso de elección.

Ilustración RAÚL ZULETA

Los últimos días de agosto serán de incertidumbre para el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez. Uno de los procesos más importantes que ha adelantado, la elección de 735 procuradores judiciales, podría ser suspendido por el Consejo de Estado, corporación que evalúa las demandas contra estos nombramientos.

Alrededor de 46.000 abogados se presentaron a la convocatoria que hizo la Procuraduría para llenar las 735 vacantes. La oportunidad no era de poca monta. Los procuradores judiciales I y II ganan entre 7 y 20 millones de pesos. Para alcanzar el trabajo los juristas debían superar un examen elaborado por la Universidad de Pamplona, de Norte de Santander.

La Procuraduría suscribió un contrato con esa universidad por 4.468 millones de pesos para que realizara el concurso de méritos. Así lo hizo. A finales de 2015 se conoció que solamente el 10 % de los procuradores judiciales actuales pasaron la prueba.

El examen que formuló la Universidad fue duramente criticado por varios sectores. El abogado Antonio Fabio Díaz, por ejemplo, interpuso una tutela alegando que la Procuraduría había vulnerado el derecho al debido proceso.

Pese a que la Corte Constitucional le ordenó en 2013 a la Procuraduría que realizara el concurso en un plazo máximo de seis meses, la convocatoria comenzó 23 meses después. “Desde el 24 de febrero del 2016, la Procuraduría no ha realizado ninguna actividad para desarrollar y culminar, dentro del plazo que le otorgó la Corte Constitucional, el concurso de méritos de los procuradores judiciales”, señaló Díaz.

Dentro de los motivos de los retrasos está la suspensión del contrato con la Universidad de Pamplona. Como argumento a su favor, el abogado cita una sentencia del Consejo de Estado que señala lo siguiente: “no puede aceptarse que se someta a los concursantes a plazos prolongados e inciertos que ponen en entredicho el derecho al debido proceso administrativo”.

¿Filtraciones?

Luis Alberto Castañeda, procurador Judicial II, denunció posibles filtraciones del examen de la Universidad de Pamplona. “Está demostrado que las preguntas del examen rodaron en manos del personal de la Procuraduría antes del concurso, jefes de los propios procuradores judiciales tuvieron a su alcance los cuestionarios antes de realizarse la prueba”.

Como prueba, Castañeda señala que la persona que coordinó el concurso en la Universidad de Pamplona declaró bajo juramento que los procuradores más cercanos a Ordóñez, como Ilva Myriam Hoyos y Roberto Serrato, “tenían la labor de validación de preguntas”. En diálogo con El COLOMBIANO, Castañeda aseguró que “la alta cúpula de la Procuraduría tuvo acceso a ese cuestionario. Además, la misma Universidad reconoció que entre 20 y 30 preguntas no tenían lógica jurídica. Fue todo manipulado desde un principio por la Universidad y la Procuraduría”

En julio de este año, Noticias Uno reveló que dentro de los juristas elegidos estaba Simón Eduardo Martínez, representante legal del esmeraldero alias “Pedro Orejas”, lo que ha generado ruido en el proceso de selección.

También ha generado suspicacia el papel de la Universidad de Pamplona, entidad educativa que ha sido objeto de cuestionamientos desde 2012. En 2015, la institución admitió tener 17 investigaciones en su contra por presuntas irregularidades, como falsedad en las notas, falsificación de pruebas de suficiencia en inglés, títulos falsos de docentes y egresados y venta de cupos para algunos estudiantes.

Castañeda es uno de los juristas que espera que el Consejo de Estado falle a su favor: “Los que estamos en el cargo hemos presentado tutelas y demandas, porque el procurador sigue con el proceso sin decir qué va a pasar con las personas que están a punto de pensionarse, que son padres de familia”.

La Asociación sindical de jueces de Colombia emitió un comunicado advirtiendo posibles irregularidades que podría conllevar la suspensión del contrato con la Universidad de Pamplona. “Esta suspensión constituye un nuevo golpe a la meritocracia en Colombia, pues deja a un lado las expectativas legítimas de quienes deseamos ingresar “por mérito” a la Procuraduría”.

Para Freddy Machado, presidente de Asonal Judicial, “están dados todos los elementos para que el procurador pierda su investidura. Tenemos un procurador que está pensando en una dimensión política y no funcional”.

EL COLOMBIANO se comunicó con la Procuraduría, organismo que respondió con un comunicado de enero de este año. En el documento, el procurador Alejandro Ordóñez deja en claro que “no cederá ante ningún tipo de pretensión de dilatar un proceso de selección por méritos que hasta la fecha se desarrolla con garantías, transparencia y respeto a los procedimientos establecidos”.

Según Ordóñez, la Comisión de Carrera de la Procuraduría investigó el concurso de méritos, sin encontrar irregularidades. Otro grupo de abogados ha apoyado al procurador, señalando que los procuradores judiciales actuales quieren atornillarse indefinidamente en sus cargos. La posesión de los nuevos procuradores está agendada para la primera semana de septiembre. ¿Se pronunciará el Consejo de Estado?.