La Fiscalía imputó cargos al gobernador de Chocó, Ariel Palacios Calderón por los delitos de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y prevaricato por omisión, en relación con el suministro de elementos de bioseguridad en el departamento.
De acuerdo con el ente acusador “el material de prueba da cuenta de posibles falsedades y falta de idoneidad del contratista seleccionado”. El acuerdo en cuestión tenía un valor superior a los 220 millones de pesos, entre las irregularidades la Fiscalía encontró “ausencia de motivación y descripción de la necesidad, cantidad, tipo y destinación de los artículos; presuntas falsedades en la etapa precontractual y falta de idoneidad del contratista”.
Palacios Calderón, además, no habría verificado el cumplimiento de requisitos esenciales, como la publicación oportuna del contrato en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP).
