En el reinicio de la legislatura, este martes, el Ministerio de Justicia volvió a presentar al Congreso el proyecto de sometimiento para las bandas criminales.
Este define un marco normativo para que las Bacrim dejen de operar y es la segunda vez que pasa por el Capitolio, luego de que no alcanzara a tramitarse por vía “fast track”.
En ese orden de ideas, se prevé que el documento no cambie de gran forma, pues no se “hundió”, en el estricto sentido de la palabra. Además, este responde a uno de los puntos del acuerdo de paz con las Farc, en el que el Gobierno se comprometió a facilitar la salida de las armas de las organizaciones criminales.
Se cree que el ‘Clan Úsuga’ sería la organización más grande de este tipo, pues contaría con unos 2.000 integrantes según las autoridades.
Por su modelo de operación, en este plan también podrían entrar las disidencias de las Farc, que la ONU tasa entre 1.000 y 1.500 hombres.
Sin embargo, este solo contempla facilidades para el sometimiento a la justicia, pues implicaría que los jefes de estas bandas detengan toda actividad ilegal, entreguen sus fortunas hechas por medios criminales y ayuden a desmantelar las redes de narcotráfico y minería ilegal. Todo esto, sin omitir el hecho de que tendrían que pagar cárcel.
Por esta misma razón, es claro el proyecto en que ningún grupo de estos tendrá reconocimiento político.
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