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El Gobierno Nacional mostró ayer sus cartas con la radicación de los primeros proyectos de ley para que sean discutidos y aprobados en el Congreso de la República.
Las propuestas del Ejecutivo están enfocadas especialmente en la reactivación económica para superar la crisis por la pandemia.
Esta iniciativa busca que se aprueben medidas que faciliten la reactivación económica de las empresas, la creación de nuevos emprendimientos y la actividad emprendedora.
Incluye una reducción de cargas y trámites para los emprendedores y mipymes, busca generar mayores oportunidades para ellos en el mercado de compras públicas, incentivar el crecimiento y la llegada de más actores al ecosistema de inversión y financiación, optimizar la gestión de recursos, facilitar la apropiación del emprendimiento y la cultura emprendedora en la juventud y otorgar beneficios tributarios para microempresas.
Este proyecto de Ley tiene la intención de adoptar medidas para aliviar las obligaciones financieras y no financieras de pequeños y medianos productores del agro. Esta iniciativa, de acuerdo con el Gobierno, piensa en todas aquellas personas del sector del agro afectados por fenómenos sanitarios, biológicos, caída severa y sostenida de ingresos, afectaciones climáticas y, en general, por cualquier otro fenómeno no controlable por el productor que haya afectado su actividad productiva y comercialización impidiéndoles dar cumplimiento a las mismas.
Esta ley busca resolver una deuda histórica, tras 7 intentos fallidos desde 1957. Las controversias sobre la tierra y la indeterminación de la información catastral han sido la fuente primigenia y constante de la violencia en el país.
Por eso, la especialidad agraria busca resolver conflictos relativos a predios rurales, sean estos privados o públicos; cuando las partes del conflicto sean públicas o privadas. Para ello, el juez agrario será competente para resolver asuntos ambientales, cuya definición previa resulte necesaria para resolver el conflicto.
Es una iniciativa que busca constituir un solo cuerpo normativo en materia de conciliación extrajudicial (en derecho y en equidad). Entre otras medidas, integra principios, generalidades y procedimientos; amplía los asuntos conciliables a todos los asuntos que no estén prohibidos por la ley; prioriza la gratuidad de la prestación del servicio de conciliación como garantía de acceso para las personas en condición de desplazamiento o de vulnerabilidad; y crea los programas locales de justicia en equidad, así como el Sistema Nacional de Conciliación.
Según el Ejecutivo, a las Comisarías de Familia se les han asignado múltiples funciones que no están relacionadas con la violencia en el contexto familiar, por ello se propone que se encarguen exclusivamente de prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos de quienes son víctimas de violencias en el contexto familiar y de pareja.
Persigue tres objetivos: fortalecer los instrumentos jurídicos contra la minería ilegal; generar herramientas para controlar la explotación ilícita en los ecosistemas estratégicos, reducir los impactos ambientales, proteger las cuencas hídricas, reducir los impactos sociales y económicos; y judicializar con mayor contundencia a quienes exploten yacimientos de manera ilegal en parques naturales.
Este proyecto busca ratificar el “Acuerdo regional sobre el acceso a la Información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe”, firmado por 22 países de la región.
“El Gobierno Nacional decidió suscribir este instrumento para fortalecer los mecanismos existentes y ratificar su compromiso con la democracia ambiental”, explicó la Presidencia en un comunicado.
Con estos proyectos el Ejecutivo muestra su carta de navegación en la legislatura, aunque en próximos días deberá radicar reformas como la Política y la de la Justicia que darán espacio para un amplio debate en el Congreso .