En el Hotel Sheraton de Medellín, entre junio y julio de 2000, se dio la primera reunión entre el Grupo Familia y Kimberly para acordar la forma en que iban a fijar los precios del mercado del papel suave. Desde entonces, según la versión de la Superintendencia de Industria y Comercio, Familia jugó un papel protagónico en el supuesto cartel que se investiga.
Pese a las disculpas que dio el miércoles, una sanción de la SIC sería inevitable por, al menos, cuatro razones emitidas por el superintendente delegado Jorge Sánchez. Con estos argumentos, basó su recomendación para que la empresa no se favorezca del programa de beneficios por colaboración.
La primera de ellas es que, según el funcionario, durante la investigación el Grupo mintió. En el análisis de Sánchez se lee que la compañía aseguró que los precios que se pactaron “no se cumplían por ninguno de los acordantes, ya que continuamente se concedían descuentos o notas crédito con el ánimo de burlar el acuerdo”.
Sin embargo, para la SIC, esta información no es verdad pues asegura haber comprobado una “acentuada estabilidad” en los precios ofrecidos por las empresas vinculadas. Sumado a esto, Sánchez llamó la atención de que hubo vías con las que se exigían los compromisos pactados.
Para esto, recuerda un correo de María Carolina Arenas, gerente del negocio de higiene institucional de Familia, en el que “apremió con retaliaciones comerciales” a Jimmy Levy, gerente comercial de Cartones y Papeles del Risaralda, para que se cumpliera con lo que habían pactado.
La segunda razón que se expuso en el informe motivado ronda sobre la cabeza de Darío Rey, quien esta semana fue suspendido indefinidamente de su cargo como gerente general.
Según los argumentos que se dieron durante la investigación, el entonces funcionario “apenas toleró” los hechos investigados. Pero para la SIC, Rey “tuvo un papel determinante en el surgimiento de la práctica restrictiva y, además, participó de manera activa e ininterrumpida durante toda su ejecución”.
A esto, el órgano de control le sumó que Familia le ocultó pruebas durante la investigación de forma deliberada. El Grupo, según el informe motivado, pese a que contaba con acceso a los documentos que acreditaban la práctica, “se abstuvo de aportarlos a la investigación”. En este punto, se habla de cuentas de correo fachada y que no eran institucionales.
Precisamente, la cuarta razón que expuso Sánchez fue el hecho de que la empresa se abstuvo de mencionar la existencia y el uso de esas cuentas de correo.
Con esta actitud, se “ocultó información determinante para que se pudiera establecer que el acuerdo de precios respecto del segmento de consumo continuó durante el año 2011”.
El superintendente Pablo Felipe Robledo le dijo ayer a Caracol Radio que tendrá que evaluar, con o sin comunicado, la participación del Grupo en el programa de delación y si incumplió o no los compromisos.
Sumado a estas razones, el informe motivado también resaltó una serie de declaraciones de los funcionarios investigados. Por ejemplo, la SIC destacó la afirmación de la representante legal de Familia en la que aseguró que el acuerdo de precios del segmento de consumo se ejecutó hasta finales de 2010. Pero, para la SIC, la práctica no terminó ese año.
Regístrate al newsletter