En cuestión de pocas horas la opinión pública nacional comprendió los alcances de la “contrarrevolución cultural”, anunciada por el presidente Abelardo De La Espriella en su primera visita oficial a la sede del Ministerio de Cultura, ubicada en el Claustro de Santa Clara. “Le he dado instrucciones a la señora ministra para que toda esa oda al terrorismo, en la que aparece Pizarro y demás terroristas, desaparezca de los lugares públicos. No lo voy a aceptar y eso es precisamente lo que hemos venido a enfrentar. No acepto la apología del terrorismo. En este Gobierno se acabó”, dijo el presidente.
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Y se cumplió. Al menos treinta obras fueron retiradas de exposiciones abiertas al público en el Museo Nacional, quizá uno de los núcleos culturales más importantes del país. Entre las cosas que se desmontaron están los afiches de las campañas presidenciales de Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo Ossa, candidatos de izquierdas asesinados a principios de los noventa durante una de las épocas más violentas de la historia reciente del país. La mención directa de Pizarro en el discurso presidencial hace parte de la disputa narrativa que el actual mandatario sostiene con su antecesor, el expresidente Gustavo Petro.
Durante el gobierno de Gustavo Petro, el Ministerio de Cultura, en ese entonces encabezado por el editor y escritor Juan David Correa, declaró patrimonio cultural de la Nación el sombrero usado por Pizarro en la ceremonia de la firma del acuerdo de paz entre la guerrilla del M-19 –que él lideraba– y el gobierno de Virgilio Barco. La medida hizo parte de una campaña de confrontación simbólica del anterior gobierno, que tomó algunos objetos cercanos a los afectos de Petro –la espada de Bolívar, la bandera de guerra a muerte adoptada por las tropas patriotas durante la guerra de independencia, la sotana del padre Camilo Torres y el sombrero de Pizarro– para convertirlos en emblemas de movilizaciones políticas.
En su momento, el uso de estos símbolos con fines partidistas desató una ola de críticas en algunos sectores de la sociedad colombiana. Incluso, a finales de septiembre de este año, la Sección Primera del Consejo de Estado suspendió provisionalmente la Resolución del Ministerio de Cultura vinculada con el sombrero de Pizarro. Más allá de las decisiones de los tribunales, el gobierno de Petro inició un nuevo capítulo del uso de la historia con objetivos muy concretos en el presente. Por eso, para algunos expertos consultados por EL COLOMBIANO, el desmonte del afiche de Pizarro es un golpe del nuevo gobierno al corazón simbólico del petrismo. Para la curadora y docente Sol Astrid Giraldo, asistimos a una “guerra de símbolos”. “Lo que está sucediendo aquí ahora es un abuso como el que cometió Petro en su momento”, dice.
Tanto el presidente De La Espriella y la ministra de Cultura, Paola Holguín, han dicho que esta intervención en el Museo Nacional restaura de alguna manera su sentido último. “El Museo Nacional es uno de los centros culturales más importantes del país. Es la primera institución de este tipo en Colombia y una de las más antiguas de América; cuyo propósito es reflejar el alma de la Nación (...) El Museo Nacional, como parte del Estado, tiene el propósito de conservar, restaurar, proteger y socializar nuestra cultura. Su vocación institucional NO consiste en servir como instrumento de adoctrinamiento político, foco de difusión de versiones sesgadas de nuestra historia, ni mucho menos en medio multiplicador de la agenda gubernamental”, escribió la ministra en un trino publicado en X luego de que la noticia del desmonte de las piezas se convirtiera en uno de los temas de conversación en las redes sociales.
Jimena Puyo, directora de Cumare Consultores Culturales, en principio está a favor de no instrumentalizar la cultura ni las artes a favor de unas ideas políticas concretas, pero cree que la decisión de bajar las piezas de las paredes del Museo Nacional va en contra de ese objetivo. “Yo lo que identifico es una contradicción muy grande: están incurriendo exactamente en aquello que dicen criticar, es decir, seleccionar el relato de nación de acuerdo con la visión particular que tiene este Gobierno de la sociedad, pretendiendo imponerla como si fuera la única posible”.
El presidente fue directo sobre la cruzada cultural que tiene en sus planes. “El Estado tiene el deber moral y político de impedir que los espacios culturales sean captados por el social-comunismo, enemigo de los valores fundamentales sobre los cuales se erigió Colombia”. En estricto sentido, la intervención en la museografía del Nacional se presenta como el primer paso para retomar la misión original del ministerio y el museo, que sería, en este caso, la conservación del patrimonio que sustenta la idea de colombianidad. Sin embargo, cuando hablamos de colombianidad, ¿de qué estamos hablando? Pareciera que para el gobierno de la Patria Milagro la patria se relaciona, por un lado, con los principios “que nos enseñaron los abuelos” (¿cuáles abuelos: los paisas, los chocoanos, los tolimenses, los guajiros?) y, por el otro, con el espíritu del catolicismo.
¿Por qué el catolicismo? En su discurso, el presidente contrapuso “la interpretación correcta de la historia” al espíritu del wokismo, algo que trataremos unas líneas adelante. Para lograr ese equilibrio el presidente puso el énfasis en la protección de una parte muy concreta del patrimonio nacional. “Las iglesias, conventos, el arte sacro, los archivos eclesiásticos, la música religiosa y las mismas manifestaciones de religiosidad, como las procesiones, por ejemplo, son parte fundamental de la cultura nacional”, dijo. Aquí hay que hacer una digresión. A finales del siglo XIX, en una época muy parecida a la actual, el escritor y presidente Miguel Antonio Caro, arquitecto de la Constitución de 1886, sostuvo en la prensa, en los libros y en las leyes que el espíritu de la Nación –ese lazo que une al afrodescendiente del Chocó con el indígena del desierto de La Guajira y a estos con el mestizo de las montañas de Antioquia o de la planicie cundiboyacense– tenía dos ingredientes esenciales: la lengua castellana y la religión católica.
Estas sutilezas de Caro adquieren vigencia por estos días. Con esta luz se entiende, por ejemplo, que Sergio Esteban Vélez, director del Caro y Cuervo (institución dedicada al estudio de la lengua), aprovechando efemérides literarias, haya publicado videos en redes sociales sobre la conversión de Gonzalo Arango y el suicidio de Andrés Caicedo. Y también explica que en el discurso en el que dejó claros los objetivos simbólicos y culturales de su gobierno, el presidente hiciera hincapié en la protección del arte sacro, la música religiosa y las procesiones. Pareciera que, al igual que hicieran Caro y Rafael Núñez en su momento, el presidente y sus funcionarios apelen en la actualidad a la religión y la lengua en su lucha contra el wokismo, que no es cosa distinta al liberalismo nacido después de los años sesenta del siglo pasado.
Un fantasma recorre el mundo: el wokismo
En este pasaje conviene pensar en el wokismo. Surgido a mediados de los sesenta en calidad de una expresión en inglés asociada a la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos, el término se volvió un apelativo usado por los lideres de las derechas actuales para meter en un mismo cajón a los movimientos queer, los feminismos, las tendencias ancestrales y demás narrativas que cuestionan las ideas tradicionales de la familia y la propiedad. En sintonía con esa lucha, que el presidente calificó de patriótica, se entiende que los funcionarios del ministerio no solo descolgaran los afiches de Pizarro (un exguerrillero) y de Jaramillo Ossa (líder de izquierda), sino también piezas alusivas al feminismo y la comunidad LGBTIQ. Se retiraron de la exposición una bandera del orgullo gay, que perteneció a Elizabeth Castillo, una publicación de la Fundación Sí Mujer sobre derechos reproductivos y un ejemplar de una revista publicada por Manuel Antonio Velandia y León Zuleta (Zuleta fue asesinado en 1993; la alcaldía de Medellín entrega un premio con su nombre).
Sin hacer alusión a las piezas LGTBIQ, la ministra Holguín escribió en X que “el Museo Nacional es un espacio para todos los colombianos, que debe velar, entre otros, por los derechos fundamentales de los niños, que son prevalentes de acuerdo al artículo 44 de la Constitución, y, por tanto, debe protegerlos del acceso a material sensible”. A lo largo del mundo el hecho de apelar a los niños ha sido un argumento esgrimido por la derecha para restringir la circulación de piezas y contenidos queer.
A favor y en contra
Antes del retiro de las piezas del Museo Nacional, Andrés Barrios Bernal, concejal del Centro Democrático en Bogotá, publicó en su cuenta de X una serie de mensajes con fotografías de una visita que habría hecho con sus hijas a la entidad. “Me encontré con una sala llena de afiches de campaña de Carlos Pizarro, de relatos donde se atribuye el crecimiento de las guerrillas del ELN, las FARC y el M-19 a los “gobiernos represivos”. A los terroristas les buscan justificación; a sus víctimas, un rincón”, escribió.
“Los gobiernos represivos del Frente Nacional (1958-1974) y subsiguientes presidencias deslegitimaron la participación política de terceras fuerzas y desatendieron oportunidades eficaces para el bienestar de sectores menos favorecidos de la población. Enconó la radicalización y el crecimiento de las guerrillas. El ELN, las FARC y el M-19 crecieron durante la década de 1980 hasta obtener cobertura nacional, controlando territorios por medio de la violencia”, se lee en una de las fotos incluidas en el hilo. Este ha sido uno de los lugares comunes sobre el origen del conflicto armado de la historiografía de izquierda, que pone el énfasis en la responsabilidad estatal, soslayando las de los individuos y las de las potencias extranjeras.
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Para Sol Astrid Giraldo y Jimena Puyo, precisamente estos debates deben darse en los salones de los museos. Giraldo dice que estos espacios culturales tienen una naturaleza que beneficia los debates y el intercambio de opiniones. A su vez, Puyo considera que “desde una mirada de democracia cultural, todas, absolutamente todas las expresiones artísticas y culturales y simbólicas y patrimoniales deben confluir y deben ser legítimas todas, incluso con las que no estemos de acuerdo. El Estado tiene el deber de garantizar la pluralidad de memorias, no de imponer una versión única de nuestra historia. Se trata de ampliar el relato, no de recortarlo”. Puyo afirma que la decisión “vulnera principios y derechos constitucionales fundamentales, como el pluralismo, el reconocimiento de la diversidad cultural, los derechos de las minorías, la protección del patrimonio cultural de la Nación y el derecho a la memoria de las víctimas”.
De alguna forma, los museos son el espacio para pensar aquello que hemos sido y no el altar de aquello que creemos ser.
Preguntas y respuestas
- ¿Por qué retiraron obras y documentos del Museo Nacional de Colombia en 2026?
- El Gobierno de Abelardo De La Espriella ordenó retirar piezas que consideró relacionadas con la apología del terrorismo o con contenidos sensibles. La decisión se produjo después de que el presidente anunciara una intervención para cambiar el enfoque cultural de las instituciones públicas.
- ¿Qué obras retiraron del Museo Nacional durante el gobierno de Abelardo De La Espriella?
- Fueron retiradas al menos 30 piezas de exposiciones abiertas al público. Entre ellas estaban afiches de las campañas presidenciales de Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo Ossa, una bandera del orgullo gay, una publicación de la Fundación Sí Mujer sobre derechos reproductivos y una revista vinculada con Manuel Antonio Velandia y León Zuleta.
- ¿Qué opinan los expertos sobre el retiro de las obras del Museo Nacional?
- La curadora y docente Sol Astrid Giraldo describió la situación como una «guerra de símbolos». Jimena Puyo, directora de Cumare Consultores Culturales, cuestionó que el Gobierno retire piezas en nombre de la pluralidad, pues considera que la decisión impone una visión particular de la historia nacional.
