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EPS tienen un respiro: reforma a la salud ya no va este año

Carolina Corcho, quien fue designada como ministra de Salud, pidió que se apliquen impuestos a las bebidas azucaradas.

  • La designada ministra de Salud, Carolina Corcho, considera que las EPS deben eliminarse porque operan como intermediarias del sistema. FOTO: Esneyder Gutiérrez
    La designada ministra de Salud, Carolina Corcho, considera que las EPS deben eliminarse porque operan como intermediarias del sistema. FOTO: Esneyder Gutiérrez
13 de julio de 2022
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La designada ministra de Salud, Carolina Corcho, llegó a esa cartera con una bandera que ya no está en la agenda prioritaria del nuevo gobierno. La muy sonada reforma a la salud para eliminar las EPS, de la que el presidente electo habló en campaña y que es la bandera política de Corcho, no será tramitada en este 2022.

Por el contrario, la bancada del Pacto Histórico optará por darle agilidad a la tributaria y a la rural integral, para darle un compás de espera al polémico proyecto que promete cambiar todo el sistema de atención en salud que se conoce actualmente y que fue creado mediante la Ley 100, lo que causó temores en las empresas privadas y hasta en los usuarios.

A falta de su propia reforma, le dejó un guiño al ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, para que implemente tasas a las bebidas azucaradas dentro del sistema de impuestos que sí se pasará por el Congreso este semestre.

Así las cosas, la reforma a la salud pasará a la lista de temas que serán presentados en 2023. Esto, a pesar de que Petro ha reiterado que su meta es tramitar todas las reformas en el primer año de gobierno, para implementarlas en los tres posteriores.

No obstante, la ministra designada ya está preparando el borrador que ha catalogado como una “reforma estructural” para que el estado controle el sistema. Esa osada tarea implicaría dos años de transición para implementar los cambios.

El objetivo principal de la reforma a la salud es eliminar a las EPS como intermediarias del sistema, lo que conllevaría a que la Superintendencia de Salud quede con la tarea de definir si se deben liquidar, y cómo, esas compañías.

Las modificaciones serían tan osadas que la misma Carolina Corcho aceptó que existe la posibilidad de que el proyecto no pueda ser implementado en los cuatro años del gobierno de Gustavo Petro.

“La reforma a la salud es una de las grandes batallas que tendrá que librar el Congreso por la salud del pueblo colombiano y por la garantía de los derechos fundamentales”, apuntó.

Entre las modificaciones también están que el dinero sería desembolsado directamente a las IPS y no a las EPS, y que el país tenga su propia producción de vacunas, probablemente a través del INS

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