La ley busca promover la permanencia y culminación de los estudios de los jóvenes colombianos, a través de la reglamentación auxilios para evitar la deserción.
El presidente Gustavo Petro sancionó la Ley 2307 de 2023 que establece la gratuidad en los programas de pregrado que se dictan en instituciones de educación superior públicas; es decir, las que ofrecen programas técnicos, tecnológicos o universitarios.
Se trata de una iniciativa propuesta por la senadora María José Pizarro, con ponencia de Álex Flórez, que tuvo como punto de partida los reclamos de la juventud durante las protestas de 2020.
La norma fue aprobada en la primera legislatura del Congreso y busca promover la permanencia y culminación de la formación educativa de los jóvenes colombianos, a través de la reglamentación de auxilios de manutención para evitar la deserción.
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“El Gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Educación Nacional, desarrollará de forma progresiva, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal anual, programas intersectoriales que permitan asignar apoyos para el sostenimiento de los estudiantes colombianos matriculados en programas de pregrado de las instituciones de educación superior públicas”, se lee en el documento.
El acceso a dicho auxilio deberá ser prioritario para los “grupos poblacionales en condiciones de vulnerabilidad, de acuerdo con la focalización socioeconómica Sisbén lV o el instrumento que a su vez haya definido el Departamento Nacional de Planeación”, señala el proyecto.
De esta población hacen parte “víctimas del conflicto armado, los que pertenezcan a las comunidades étnicas: indígenas, ROM, raizales, afrodescendientes y palenqueras; así como quienes pertenezcan a población con discapacidad, madres cabeza de familia y jóvenes graduados como bachilleres de colegios oficiales ubicados en las zonas rurales del país”, agrega el documento.
La senadora Pizarro fue una de las primeras en celebrar la sanción de la Ley, a la que calificó como “un triunfo y avance del movimiento estudiantil y profesoral”.
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Aunque no se ha dado a conocer todo el texto, parte de este ya fue publicado y quedó claro que el Gobierno se compromete a garantizar la financiación necesaria, proveniente del Presupuesto General de la Nación.
Señaló que se “implementará un mecanismo de verificación para la entrega de los apoyos económicos para sostenimiento, con el fin de evitar que un estudiante matriculado en programas de pregrado de las instituciones de educación superior pública reciba más de un apoyo”.
El Gobierno tendrá un plazo no superior de seis meses para su reglamentación e implementación, a partir de la sanción de la ley.
