Fue en un quirófano improvisado o con una dosis de misoprostol. Acompañadas por otras mujeres o en la soledad absoluta. Decididas, con dudas o sin otra opción, pero lo hicieron: se calcula, según datos del Ministerio de Salud, que un promedio de 400.000 mujeres deciden abortar al año de manera legal o clandestina.
Pero las cifras seguramente comenzarán a cambiar desde este 21 de febrero, cuando Colombia se convirtió en uno de los países más vanguardistas del mundo al despenalizar esa práctica hasta la semana 24 de gestación.
En Bogotá y durante sus primeras semanas de gestación, una migrante de 34 años de edad y con cuatro hijos se convirtió en la primera mujer en el país en acceder a un aborto legal y gratuito. Pero la historia ha sido diferente para las miles que lo han hecho de manera ilegal y que han sido criminalizadas por ello. Datos de la Fiscalía sugieren que por lo menos 346 mujeres fueron condenadas por esa práctica, entre 2005 y 2018, y que 85 de ellas aún eran menores de edad cuando accedieron al Sistema Penal.
EL COLOMBIANO buscó a cinco mujeres que abortaron mientras aún era un delito en Colombia y que describieron cómo fue su proceso y cómo recibieron la decisión de la Corte Constitucional que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo.
Vanessa tenía 22 años de edad y un feto que llevaba cinco días muerto en su vientre cuando llegó a la clínica en la que le practicarían el aborto. Su pérdida fue involuntaria y, para 2017, su interrupción fue legal bajo la causal de riesgo para la madre. Pero estar en medio de ese duelo no bastó para obtener la empatía del sistema: “me trataron como a una criminal desde el momento en que pisé la sala de ginecología y me acusaron de haberlo hecho a propósito. Si eso fue a mí, de manera legal, no me imagino lo que les pasa a las que lo hacen desde sus casas”, dice Vanessa.
Y tiene razón. En casa la cosa es otro cuento. Karen compró un paquete de misoprostol –uno de los medicamentos abortivos más famosos– y lo ingirió a medianoche sin avisarle a nadie. Se despertó en un charco de sangre y con un dolor intenso que le atravesaba desde el útero hasta el cabello. “Mi mamá llegó corriendo y me llevó al médico. Un grupo de mujeres anónimas que me ayudó me había dicho cómo tenía que actuar si la cosa se complicaba y me veía obligada a ir a un centro de salud”: gritar mucho, llorar desconsolada, ofuscarse y gritar más ante la mínima duda de que fuera un aborto espontáneo. Esas eran las instrucciones del grupo feminista que la guió para que no fuera a la cárcel.
Así fue. El proceso duró dos días y Karen vivió de cerca los dos lados del personal de la salud: quienes la trataron con cariño y con respeto, y quienes se aseguraron de humillarla y de tratarla mal para que “aprendiera”.
Pero esa situación se repite también en la clandestinidad. Juanita se consiguió 600.000 pesos prestados para poder realizarse un legrado y llegó al consultorio con apenas 20 años de edad y 13 semanas de embarazo. Había muchas otras mujeres que esperaban por su turno, así que aguardó mientras escuchaba el llanto de otras compañeras y se sumía en la angustia. Esa vez tuvo que tomar pastillas y someterse a un aparato que succiona los restos de la placenta “es el dolor más inmenso que se pueda sentir. Imagínate un cólico del período pero multiplicado por 60. Así se siente”, cuenta.
Pero no siempre es así. María era estudiante y abortó siguiendo las instrucciones de otra mujer que le contó que había que ingerir dos pastillas e introducir dos más por el conducto vaginal. Cuenta que el dolor físico y emocional fue intenso las dos primeras semanas, pero que nunca tuvo que acudir a un médico y que cuando lo hizo para hacerse una ecografía todo estaba en orden. “Tuve la fortuna de contar con el apoyo de mi pareja y el privilegio de tener una educación que me permitió hacer las cosas bien, pero sé que esas dos cosas no siempre suceden, por eso me alegra la despenalización”, dice.
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