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EL COLOMBIANO | Publicado el 30 de octubre de 2021
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) publicó, este 29 de octubre, una investigación en la que hace un recuento de varios hechos en los que habría incurrido la fuerza pública, en cabeza del Ministerio de Defensa, para deslegitimar las manifestaciones sociales que tuvieron lugar en el país este año.
De acuerdo con la investigación, entre finales de abril y principios de mayo de este 2021, cuando se presentaron los días más fuertes de las protestas ciudadanas, el Ministerio de Defensa y las fuerzas militares habrían comenzado una campaña para atacar a personas que cuestionaban o criticaban su actuar. Esta campaña, según detalla el estudio, estuvo marcada por videos y publicaciones en redes sociales, así como “estrategias de ciberpatrullaje y vigilancia en línea”.
La FLIP afirmó en su análisis que personal del Ministerio de Defensa y las fuerzas militares habrían invertido más de 21.000 horas en estas labores y no tuvieron control institucional para regular aspectos como “mentiras y opacidad” de la información que publicaban al respecto.
“El 6 de mayo, las redes sociales y la página web del Ministerio de Defensa y otras entidades adscritas amanecieron vestidas de negro. El último mensaje que aparecía en sus redes era: ‘Intento de bloqueo’. Parecía un ciberataque. De las 6 a las 9 de la mañana, ningún funcionario estaba autorizado para atender a periodistas ni medios de comunicación. A las 9, las redes se restablecieron y comenzó la campaña ‘La verdad en un mar de mentiras #ColombiaEsMiVerdad’. Se publicó un video en el que una voz en off decía ‘nos intentan bloquear, pero nosotros seguimos de pie’”, describe el informe.
Asimismo afirma que, posteriormente, el ministro de Defensa, Diego Molano, y los comandantes de todas las fuerzas militares dieron a conocer juicios de valor sobre algunas noticias que catalogaron como falsas. “En el video se omitió, por completo, la aclaración de que nunca hubo un ciberataque real y que todo este espectáculo hacía parte de su estrategia para llamar la atención de la ciudadanía. Esta era una campaña contra las mentiras que inició con una mentira”, explicó la FLIP, que agregó que esta campaña pretendería atacar a los usuarios de redes sociales que cuestionaban el actuar de la fuerza pública en el marco del paro nacional.
Pero, en opinión de la FLIP, no son claros los criterios que tuvieron en cuenta para determinar qué era falso o cierto. De hecho, el MinDefensa anunció después que entre el 28 de abril y el 27 de junio identificó 157 noticias falsas a través de acciones de ciberpatrullaje.
La FLIP envió 12 derechos de petición a nueve entidades para que explicaran cómo se realizaron esos ciberpatrullajes, y cómo se hizo la identificación de “noticias falsas”. Tras la respuesta, anota la entidad, surgieron más preocupaciones.
“Primero, sabemos que se creó un PMU-Ciber conformado por el Centro Cibernético Policial (CCP), el ColCERT (Grupo de Respuesta a emergencias cibernéticas, el MinTIC, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), el Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT), Comando Conjunto Cibernético de las Fuerzas Militares (CCOC) y la Fiscalía. A la FLIP le aseguraron que son todas las entidades del PMU-Ciber las que identifican y contrastan la información falsa. Sin embargo, el MinTIC y el COLCERT le dijeron a la Fundación Karisma que no realizan actividades de ciberpatrullaje ni monitoreo de la actividad de las personas en Internet”, concluye el estudio.
Ante esta situación, la FLIP alerta porque podría estarse trabajando con datos e información personal y sensible de ciudadanos e instituciones que son enmarcados en estas estrategias y porque no hay claridad sobre cuáles investigaciones penales se estarían desarrollando con base en los mencionados ciberpatrullajes. Por ejemplo, agrega la entidad, con la campaña #ColombiEsMiVedad afirmaron que la información falsa es terrorismo digital, un delito que no existe en el Código Penal.
De acuerdo con la investigación de la FLIP, “el Ministerio de Defensa afirmó que el CCP ‘tiene atribuciones para indicar si rumores a través de redes sociales que fomenten violencia o mientan sobre acciones de la fuerza pública’ configuran o no terrorismo digital. Luego, también afirman que ‘sobre campañas de desinformación que generan una denuncia por adecuarse a tipologías penales, se le informa directamente a la Fiscalía General de la Nación’. Y la Fiscalía, por su parte, advierte que estas noticias falsas pueden configurar el delito de calumnia”.
Finalmente, la Fundación para la Libertad de Prensa determinó que con estas acciones se criminalizan las voces críticas que puede desembocar en estigmatización y censura contra quienes denuncian irregularidades en las instituciones, al clasificar esa información como falsa. Esto también podría causar temor en las personas para denunciar y expresar sus opiniones por temor a represalias, puntualiza el informe.
Hasta el momento no se han pronunciado las entidades oficiales correspondientes.
