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Un nuevo auto de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, modifica algunas disposiciones que habían sido dictadas inicialmente y que cambian las reglas de juego para intervenir el cementerio de la Unión Peneya, en el municipio de Montañita, Caquetá.
Las cambios condicionan a la JEP, a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) y al Instituto Nacional de Medicina Legal (INML) para que se responsabilicen de la recolección, identificación y entrega de los restos óseos que allí se obtengan.
Dicho documento se conoció apenas dos días después de la publicación del artículo “Disidencias de las Farc buscarían impedirle a la JEP exhumaciones en Caquetá”, divulgado por EL COLOMBIANO el pasado 19 de octubre, en el que se detallaron los procedimientos para intervenir el territorio y el riesgo que había sobre dichos restos por presuntos intereses de grupos ilegales para impedir la recuperación de los cuerpos y eliminar las pruebas.
Nuevas disposiciones
Pese a que en el Auto 205 de 2021 la JEP había dispuesto que el equipo forense de su Unidad de Investigación y Acusación exhumaría los cuerpos y se los entregaría a la UPBD para que realizara los estudios técnicos, las identificaciones y las posteriores entregas a sus familias; en el nuevo documento –también conocido por este diario– se modifica esto último.
En efecto, el Auto LRG-MC-182 de 2021, publicado 29 días después del primero, advierte que los cuerpos pasarán a ser exhumados de forma sectorizada por parte de los grupos forenses de la UIA y la Unidad de Búsqueda, y que será Medicina Legal la encargada de garantizar la protección de dichos restos óseos, salvaguardarlos en los traslados y realizar los estudios técnicos que permitan identificarlos.
Sumado a eso, la JEP pasó de determinar que los cuerpos fueran entregados a sus familias por la Unidad de Búsqueda, a establecer que sean ambos equipos (los de la JEP y la UBPD) los que realicen los actos de socialización y entrega de los cadáveres identificados.
“Las actividades de preparación, socialización con posibles víctimas, las organizaciones solicitantes, autoridades locales y comunidades se realizará de manera conjunta por la UBPD y la JEP”, dicta el auto más reciente.
Sobre el trabajo humanitario
Pero, además de esas discrepancias por quién realizaría las acciones posteriores a la exhumación, la JEP y la Unidad de Víctimas tuvieron que ponerse de acuerdo en cuanto a la seguridad de los equipos forenses que trabajan en campo.
En ambos autos, la jurisdicción fue clara con que la Sexta División del Ejército y el Departamento de Policía de Caquetá debían tomar las medidas necesarias para garantizar la protección del campo santo y la seguridad del personal que estará interviniendo el lugar entre el 19 y el 30 de este mes.
Sin embargo, la UBPD debe mantener distancia de cualquier actor del conflicto armado, como la Fuerza Pública, mientras esté desarrollando labores humanitarias para garantizar la neutralidad, imparcialidad e independencia que caracterizan las misiones de ese tipo.
Así las cosas, la Unidad aseguró que, mientras sus equipos estén en terreno, no deberán haber integrantes de la Policía y el Ejército.
Por ahora, las tareas de exhumación continúan en el cementerio de la Unión Peneya. Allí reposan 46 bóvedas que fueron mandadas a construir por orden del frente 15 de las extintas Farc –hace más de una década– y en las que habrían sido “inhumados los miembros del grupo que fallecieron por diferentes causas”, según la investigación de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Dentro de los restos, se buscan cuerpos de niños que fueron reclutados por el grupo guerrillero y asesinados en diferentes circunstancias (ver: Para saber más).
Comunicadora Social - Periodista de la UdeA. Amo leer historias y me formé para contarlas.