El presidente Abelardo de la Espriella ordenó el traslado de Juan Guillermo Monsalve, testigo clave del caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, a la cárcel de Cómbita, Boyacá.
“En la Patria Milagro, ningún preso tendrá privilegios, y mucho menos un bandido redomado como Juan Guillermo Monsalve, que ha violado sistemáticamente el régimen carcelario. Por eso he ordenado su traslado a la cárcel de Cómbita”, dijo el jefe de Estado.
“No voy a permitir que las cárceles de Colombia se conviertan en centros de operaciones criminales desde donde los criminales siguen haciendo de las suyas. ¡Quien esté preso cumplirá su condena, sin privilegios y sin la posibilidad de seguir delinquiendo!”, agregó.
En el video compartido por el presidente se ve a Monsalve encadenado de pies y manos, vestido con un uniforme beige y naranja como el que tenía alias Araña cuando fue extraditado a finales de la semana pasada.
Justo después del anuncio, se conoció que Monsalve habría tenido un percance médico, por lo que fue llevado a un centro hospitalario. “El testigo Juan Guillermo Monsalve fue sacado de emergencia de la cárcel Picota a un centro médico por un problema cardiovascular. Su situación es delicada”, dijo su abogado, Miguel Ángel del Río.
Monsalve cumple una condena de 44 años de prisión por secuestro extorsivo. Pero su nombre ha sonado, principalmente, por el caso contra el expresidente Álvaro Uribe, por presunto fraude procesal y soborno a testigos.
¿Por qué? El caso judicial contra Álvaro Uribe se construyó, en buena medida, a partir de un mosaico de testimonios provenientes de exparamilitares que ofrecieron versiones contradictorias ante los jueces.
Algunos de ellos aseguraron no haber tenido conocimiento de supuestos vínculos del expresidente con estructuras armadas ilegales. Otros, en cambio, considerados por la acusación como testigos clave, afirmaron que Uribe y su hermano Santiago habrían estado detrás de la conformación del Bloque Metro de las Autodefensas en Antioquia y que su centro de operaciones habría sido la hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe en esa época.
La disparidad de relatos marcó el desarrollo del proceso. Cada versión fue sometida a contrastación judicial y dio lugar a múltiples incidentes, entre ellos denuncias por falso testimonio. En ese contexto apareció la figura de Monsalve, señalado como el testigo principal del expediente.
En una cárcel del país, Monsalve sostuvo que, mientras trabajó en la hacienda Guacharacas, fue testigo directo de los presuntos vínculos ilegales de los hermanos Uribe con grupos paramilitares.
Sin embargo, con el avance del proceso, la defensa cuestionó de manera reiterada la credibilidad de ese testimonio. En las decisiones posteriores se concluyó que Monsalve no había pertenecido a ninguna estructura paramilitar, lo que, según los fallos, debilitaba su condición de testigo presencial de los hechos que relató. Ese punto se convirtió en uno de los ejes centrales del debate probatorio y fue determinante en la evaluación que hicieron los jueces de segunda instancia.
Tras el fallo favorable en apelación, el proceso aún no se cierra. El expediente regresó a la Corte Suprema de Justicia, el mismo tribunal donde se inició el caso hace 13 años.
Uribe había renunciado en 2020 a su curul en el Senado para dejar de ser juzgado por la Corte Suprema de Justicia, pero el paso del tiempo y las decisiones judiciales han devuelto su proceso penal al punto de partida, en un caso que sigue siendo uno de los más emblemáticos y controvertidos de la historia judicial reciente del país.
