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La estrategia que desplegó Otoniel en la JEP para frenar su extradición
Según la Corte, el excapo no estuvo en las Farc y el proceso continúa. El Tribunal tiene en sus manos la decisión.
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Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, dirigía el grupo paramilitar conocido como el Clan del Golfo. Antes de estar ahí, participó en otras guerrillas y grupos ilegales. FOTO Cortesía
15 de marzo de 2022
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Una serie de estrategias jurídicas buscan suspender el proceso de extradición de Otoniel y retardar al máximo la llegada de ese exjefe del Clan del Golfo a cárceles estadounidenses.
A dos bandas, Dairo Antonio Úsuga y su equipo de abogados buscan hallar un freno al proceso que le permita seguir su defensa desde Colombia mientras, supuestamente, aporta al Sistema Integral de Verdad.
Por un lado, la defensa intenta que la Jurisdicción Especial para la Paz admita a Otoniel para que sea cobijado con la garantía de no extradición, mientras que, por el otro, el capo intenta que sea la misma Corte Suprema de Justicia la que suspenda el trámite y que, posteriormente, envíe el caso a la JEP.
Pese a que esa segunda movida quedó en vilo este lunes con la decisión de la Corte de negar la suspensión del proceso de extradición tras no hallar suficientes argumentos, la ficha en la JEP sigue vigente y es un punto clave para definir si Otoniel será extraditado en el corto plazo.
Sobre la decisión del alto tribunal, la Corte dijo que el argumento principal de la defensa quedó sin fundamentos tras corroborar que Otoniel no perteneció a la extinta guerrilla de las Farc como la defensa alegaba. Así lo aseguró la oficina del Alto Comisionado para la Paz tras revisar en archivos propios y en la base de datos que entregó esa guerrilla al Gobierno con el proceso de paz.
Las jugadas maestras
Movidas para evadir la extradición empezaron desde el primer mes de este año. En un documento de 33 páginas en poder de EL COLOMBIANO –fechado el 26 de enero de 2022– la Corte le pidió a la JEP que, si era el caso, le notificara en un plazo de 10 días qué procesos adelantaba con respecto a Otoniel y cómo avanzaban hasta ese punto.
Para ese momento, la Jurisdicción respondió que no había procesos en curso contra Úsuga y, con eso, dio vía libre para que la Corte siguiera con su proceso de extradición.
Pero, ojo, porque entre esas dos fechas está la clave. Resulta que apenas una semana después de que la JEP respondiera que no había nada en su poder, Otoniel decidió pedir entrada en la Jurisdicción y ser aceptado como tercero civil. Una jugada perfecta con la que la defensa del capo logró que no se diera esa disputa de poderes al menos en ese punto.
Con esas fichas, la Corte siguió su curso y la Jurisdicción se vio obligada a evaluar si lo acepta o no, con una presión adicional por parte de las víctimas directas de Úsuga, quienes le pidieron a la JEP que lo acepte para que cuente lo que sabe sobre el conflicto armado.
De ser aceptado, la JEP tendría la potestad de pedir que no sea extraditado y Otoniel lograría su cometido. Sin embargo, ahí se produciría un choque de poderes entre la Corte y la justicia transicional por entender quien tiene competencia.
De hecho, si la discusión jurídica se da en esos términos, sería la Corte Constitucional la que entraría a evaluar quién asume el caso. Por ahora, la Corte ya fue clara con que no frenará la extradición ni enviará el caso a la JEP como pedía la defensa del exjefe del Clan del Golfo.
En manos de la Jurisdicción Especial para la Paz quedará el paso definitivo que acercará a Otoniel a la Florida y Nueva York, los dos estados norteamericanos que lo solicitan, si no lo acepta; o lo dejará en Colombia para que le entregue verdad a las víctimas sobre su pasado guerrillero y paramilitar
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