A 37 años del magnicidio de Luis Carlos Galán los expedientes judiciales del líder político revelan que no solo se trató de un plan para asesinar al jefe del Nuevo Liberalismo, sino una operación posterior para asegurar que la verdad nunca saliera a la luz.
A través de montajes mediáticos y de la eliminación de autores materiales y testigos clave, se configuró el desvío de la investigación apenas cuatro días después del magnicidio, un caso que, hasta el momento, deja cuatro condenados.
Uno de ellos es Alberto Santofimio Botero, exsenador y exministro, condenado a 24 años de prisión como coautor e instigador del magnicidio, tras establecerse judicialmente su alianza con el Cartel de Medellín.
También fue condenado Miguel Maza Márquez, exdirector del DAS, a 30 años de prisión por su participación en el plan criminal, al debilitar y modificar el esquema de seguridad del candidato.
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Manuel Antonio González, exdirector de protección del DAS, también fue sentenciado a 22 años de prisión por facilitar el debilitamiento de la escolta y protección de Galán. Otro de los condenados a prisión fue Jhon Jairo Velásquez Vásquez (alias Popeye), exjefe de sicarios de Pablo Escobar, como coautor del crimen.
EL COLOMBIANO accedió a documentos del expediente del caso Galán y reconstruye la forma en la que se desvió judicialmente el caso abierto por el crimen ocurrido el 18 de agosto de 1989 en la plaza principal de Soacha, Cundinamarca.
El líder fue acribillado por un sicario identificado como Jaime Rueda Rocha, quien descargó su ametralladora contra Galán minutos antes de dar su discurso en una tarima improvisada, muriendo en el trayecto al hospital.
El tirador se posicionó en la parte baja de la tarima donde hablaría Galán, confundido entre la multitud y los escoltas justo al lado de las estructuras de soporte de la tarima de madera.
El ataque se dio de abajo hacia arriba en el instante preciso en el que el político subió a la plataforma y levantó los brazos para saludar a los asistentes.
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El ángulo inferior burló el chaleco antibalas del candidato e impactó directamente en la zona abdominal que permanecía desprotegida. El arma utilizada por Rueda Rocha fue una subametralladora Mini-Uzi.
El desvío de la investigación judicial no solo apuntó hacia falsos responsables: también incluyó la eliminación física de personas que podían conectar a los autores materiales con las estructuras de poder detrás del magnicidio.
En los documentos judiciales aparece el asesinato del ex capitán Jorge Noel Barreto Rodríguez, quien presuntamente estaba vinculado a la estructura de seguridad de Gonzalo Rodríguez Gacha.
Según los expedientes, a esa organización pertenecían tres personas que, después del caso Hazbum, fueron capturadas mientras negociaban esmeraldas en la Plazoleta del Rosario, en pleno centro de Bogotá.
Los asesinos que callaron para seguir el desvío judicial
Junto al sicario Jaime Rueda Rocha estaban José Orlando Chávez Fajardo, Enrique Chávez Vargas y José Everth Rueda Silva, quienes fueron capturados en distintos operativos en 1989 el 19 de agosto y el 20 y 21 de septiembre.
Los tres señalados autores materiales del asesinato del líder político fueron presentados en rueda de prensa el 22 de septiembre de ese mismo año.
La cita con los periodistas estuvo liderada por el general Ramón Eduardo Niebles, entonces comandante de la Décima Tercera Brigada del Ejército, y el coronel Nacim Yanine Díaz, en ese momento comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.
La presencia de los criminales en la escena quedó registrada en las fotografías tomadas por José Herchel Ruiz, imágenes que posteriormente se convirtieron en una pieza clave para identificarlos gracias a una publicación exclusiva de la Revista Cambio.
En ellas se observa a los tres hombres con sombreros similares al que acostumbraba portar el narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha.
Cada uno de ellos cumplió un rol clave en la ejecución del crimen y en el posterior desarrollo de la investigación judicial.
José Orlando fue conocido en el caso como el “hombre de la pancarta”. Su función en la plaza de Soacha consistió en sostener un cartel para camuflarse entre la multitud y realizar disparos al suelo para generar caos, facilitando la huida del tirador principal Rueda Rocha.
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Fue el primer capturado y su confesión había dado luces sobre el eslabón sicarial detrás del magnicidio.
Por su parte, José Everth Rueda Silva, medio hermano de Rueda Rocha, participó directamente en la coordinación logística de la operación en Bogotá y sirvió de enlace con los determinadores económicos del crimen.
Enrique Chávez Vargas era primo-hermano de Chávez Fajardo y fue arrestado en los mismos operativos simultáneos de la Policía y el Ejército en septiembre de 1989, aceptando los cargos y colaborando con la justicia al detallar cómo operaba la red criminal.
Sin embargo, a pesar de su captura inicial, ninguno de ellos sobrevivió para enfrentar un juicio completo debido a una violenta campaña de silenciamiento.
José Everth Rueda Silva fue la primera pieza en ser silenciada de manera fulminante para evitar que aportara más detalles sobre la logística.
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El 21 de junio de 1990, apenas unos meses después de su captura y tras dejar una confesión escrita, en el interior de la Penitenciaría La Picota (sur de Bogotá), específicamente en un sector custodiado de alta seguridad donde se encontraba recluido por orden de un “juez sin rostro”, fue asesinado mediante múltiples impactos de bala propinados a quemarropa.
El ejecutor material fue un exsoldado infiltrado dentro del penal, quien usó un arma de fuego que ingresó burlando los estrictos controles de la guardia penitenciaria.
Por su parte, José Orlando Chávez Fajardo asesinado el 5 de agosto de 1990, ocho días después de cumplirse el primer aniversario del magnicidio de Galán.
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Su asesinato fue coordinado directamente por el autor material prófugo, Jaime Eduardo Rueda Rocha, quien pagó una millonaria suma por acallar a su antiguo colaborador.
Chávez Fajardo, mientras se encontraba en una calle del sur de Bogotá aprovechando su beneficio de libertad provisional condicional que le obligaba a presentarse ante el juzgado cada 15 días, fue emboscado en la vía pública por un comando de sicarios que se movilizaba en un vehículo.
Los agresores vistieron con uniformes de la Policía para camuflarse, generar confianza, evitar retenes y aproximarse a la víctima sin levantar sospechas. Tras cerrarle el paso, lo acribillaron a quemarropa.
Meses antes ya había sobrevivido milagrosamente a un primer atentado de ocho balazos, tras el cual fue internado bajo estricta reserva en el Hospital de La Hortúa, pero finalmente la red criminal lo localizó y remató.
Y su primo Enrique Chávez Vargas, quienes habían recuperado su libertad condicional gracias a los beneficios de sus declaraciones, fue asesinado en el mismo minuto y segundo en que cayó su primo hermano José Orlando.
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Chávez Vargas caminaba junto a su primo cuando el grupo de falsos policías armados abrió fuego de manera indiscriminada contra ellos.
Al igual que con su familiar, el objetivo criminal era no dejar ningún cabo suelto ni testigos presenciales que pudiesen describir a los asesinos o continuar la línea de delación judicial ante la Fiscalía.
Con estas muertes, coordinadas bajo las órdenes del capo mafioso Gonzalo Rodríguez Gacha y ejecutadas para tapar nexos con altos oficiales del Estado, se clausuraron las primeras fuentes directas del magnicidio.
Con el exterminio de estos tres hombres en un lapso menor a un año, y el posterior asesinato del sicario Jaime Rueda Rocha en 1992, la estructura criminal de base quedó totalmente borrada de la faz de la tierra.
Rueda Rocha fue capturado originalmente en diciembre de 1989 en Bogotá por su participación como autor material en el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán.
Sin embargo, el 18 de septiembre de 1990 se fugó de la cárcel La Picota en Bogotá tras suplantar a un abogado. Tras estar prófugo, el 23 de abril de 1992 murió en un enfrentamiento armado con la Policía (del grupo GOES) en un sector cercano a Honda, Tolima, mientras era perseguido por los policías.
De esta manera, los falsos testimonios impuestos por el DAS mantuvieron el caso congelado en la impunidad total durante casi dos décadas, blindando a los políticos y militares implicados.
El “falso positivo” de la Dijín de la Policía: los cinco inocentes
Solo cuatro días después del crimen, el 22 de agosto de 1989, el país presenció lo que parecía una victoria de la justicia.
El presidente Virgilio Barco Vargas, en cadena nacional el 24 de agosto, presentó los rostros de los supuestos asesinos.
El principal señalado era Alberto Alfredo Jubiz Hazbum, un químico barranquillero capturado en Bogotá junto a Héctor Manuel Cepeda Quintero y otros tres hombres.
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Hazbum fue detenido en una oficina situada en la Carrera 4 # 19-78 mezzanine 01, en la capital, propiedad en ese momento del comerciante Jaime de Jesús Valencia Martínez.
Fue en este lugar donde agentes, al mando del teniente Carlos Enrique Rodríguez González, realizaron un allanamiento y detuvieron a los presentes, vinculándolos falsamente con la “organización” que mató a Luis Carlos Galán.
Jubiz Hazbum, quien residía en Barranquilla, había viajado a la capital para asistir al “Segundo curso de hidroponía” y para concretar un proyecto de cultivos de tomate.
Hazbum tenía 53 años al momento de los hechos y era químico farmacéutico graduado de la Universidad del Atlántico.
Junto a él, fueron capturados Héctor Manuel Cepeda Quintero, Norberto Hernández Romero, Armando Bernal Acosta y Pedro Thelmo Zambrano.
Durante el allanamiento del 22 de agosto, como se lee en los documentos judiciales, el teniente Rodríguez González les mostró una ametralladora a los capturados y les dijo: “Con esta arma ustedes le dieron a Galán”.
Tras pasar 42 meses encarcelados injustamente en condiciones infrahumanas, Alberto Jubiz Hazbum, Héctor Manuel Cepeda y Norberto Hernández fueron declarados inocentes y desvinculados definitivamente del proceso el 2 de marzo de 1993.
El expediente detalla que la captura fue un montaje absoluto, no solo por el arma mostrada a los capturados por parte del teniente de la Policía Carlos Enrique Rodríguez González, sino por testimonio falso de Luz Ángela García, quien inventó ser la novia de Jubiz Hazbum para incriminarlo.
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Sin embargo, Medicina Legal confirmaría después que la mujer sufría de trastornos mentales, pero para entonces, los inocentes ya llevaban meses en celdas infrahumanas del DAS, enfrentando una “tortura moral” que se prolongaría por 42 meses hasta que fueron declarados inocentes en 1993.
El sabotaje interno: La seguridad como zona libre para el crimen
La desviación comenzó antes de que se disparara la primera ráfaga en la plaza de Soacha.
En su declaración judicial del 10 de octubre de 1990, Gloria Pachón de Galán, viuda del líder, denunció el extraño cambio en el esquema de seguridad.
El jefe de escoltas de confianza, Orlando Forero Álvarez, fue relevado de manera fulminante por orden del general Miguel Maza Márquez.
En su lugar llegó Jacobo Torregrosa, un hombre descrito por el equipo de Galán como “déspota”, que creó un clima de desconfianza y permitió que la seguridad en Soacha fuera prácticamente inexistente.
Gloria Pachón, en su entrevista judicial conocida por EL COLOMBIANO, así hizo referencia a Torregrosa: “Su actitud despertó desconfianza (...) de miembros del equipo de trabajo de la campaña y... primero que todo no daba la sensación de ser una persona leal, sincera”.
La viuda de Galán denunció que Torregrosa utilizó informes falsos para indisponer a los escoltas de confianza y romper la cohesión del grupo: “Tenía actitudes como la de rendir informes contradictorios y que no correspondieran a la realidad de las labores realizadas por los otros escoltas, creando un clima de desunión”.
Gloria Pachón de Galán también recordó un suceso inusual que ocurrió en la oficina privada del candidato en las fechas previas al magnicidio: “Me comentó (Galán) de una llamada por el jefe de escoltas realizada en la misma oficina en inglés, lo que nos causó algo de curiosidad, eso fue los días inmediatamente anteriores al atentado”.
A todo esto se sumó la orden de Torregrosa de retirar a la unidad de contraguerrilla de Soacha justo antes del atentado.
En su declaración del 8 de noviembre de 2011, el hoy mayor (r) Jaime Bueno Cipagauta confirmó que recibió un poligrama ordenándole trasladar a sus 15 hombres a Bogotá ese mediodía, dejando la plaza desprotegida bajo la excusa de un operativo en Pacho, Cundinamarca, que nunca ocurrió esa noche.
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Por su parte, el cabo Josué Oved Ariza Lancheros, en una impactante entrevista judicial del 14 de diciembre de 2011 a la que accedió EL COLOMBIANO, relató cómo fue silenciado por sus superiores.
Ariza recuperó en la plaza una subametralladora Ingram que “olía a pólvora”, pero el capitán Lindo Ortiz se la arrebató encañonándolo con una pistola para que no la registrara oficialmente.
“Mi capitán Lindo me está amenazando con una pistola y el dragoniante temeroso dio la espalda y dijo ‘yo no puedo hacer nada’”, afirmó Ariza Lancheros en su entrevista incorporada al expediente del magnicidio de Galán.
Ariza también denunció que el entonces coronel Argemiro Serna Arias y otros oficiales supuestamente lo obligaron a firmar hojas en blanco y a repetir un “adoctrinamiento” para mentir ante los jueces.
“El señor Coronel SERNA a obligarme, presionarme, que tenía que decir lo que ellos querían que nosotros dijéramos”, agregó Ariza.
Justamente Serna, desde agosto de 2025, junto al exoficial Óscar Peláez Carmona, entonces jefe de la Policía Judicial, afrontan juicio por supuestamente actuar de manera consciente y deliberada, con pleno conocimiento de que para asegurar el éxito del plan criminal contra Galán debían ejecutar una serie de acciones coordinadas.
Por su parte, el agente de inteligencia Mario Rueda León, en su testimonio del 24 de octubre de 2011, aportó detalles sobre la complicidad de la Sijín.
Reveló que días antes del crimen habían retenido a “un individuo apodado El Paisa”, quien les advirtió: “el día que maten al Coronel Franklin Quintero, ese día matarán a Galán” .
Cabe resaltar que el coronel Valdemar Franklin Quintero fue asesinado en Medellín por sicarios de Pablo Escobar la mañana del 18 de agosto de 1989, pocas horas antes del atentado contra Galán en Soacha.
Este testimonio, que ha reposado por más de 30 años en el expediente Galán, constituye uno de los capítulos más oscuros y reveladores sobre la presunta negligencia o complicidad interna en el magnicidio de Luis Carlos Galán.
Según la declaración judicial de Mario Rueda León, agente de inteligencia de la Sijín de Cundinamarca en esa época, los detalles de este suceso se configuran de la siguiente manera.
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La reacción de los mandos superiores
Rueda León afirma en su entrevista judicial que los jefes de la unidad policial tenían conocimiento de lo que el retenido estaba diciendo, pero decidieron no darle importancia.
El jefe de la Sijín de Cundinamarca en ese momento (quien según otros apartes del expediente podría ser el mayor Guillermo Correa o Arcadio Rodríguez Moreno) reaccionó con desdén, afirmando que el sujeto “solo hablaba mierda”.
Entonces, la única orden que se dio respecto al testigo fue que había que “echarle ojo” y nada más, sin profundizar en la veracidad de una amenaza que vinculaba dos objetivos de alto perfil del Cartel de Medellín.
A pesar de la gravedad de sus palabras y de que se encontraba bajo custodia oficial en una sede policial, el desenlace del testigo fue el silencio absoluto.
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Rueda León relata que, tras permanecer unos dos o tres días en el calabozo, “el tipo ya no estaba”; desapareció de las instalaciones de la Sijín sin dejar rastro alguno en los registros.
El declarante subraya que nunca se supo formalmente de qué se le acusaba, quién ordenó su libertad o hacia dónde fue trasladado.
Para testigos como Rueda León, este hecho prueba que el departamento de Policía de Cundinamarca, en 1989, ya sabía que el crimen estaba planeado y que se permitió su ejecución al ignorar pistas clave.
Por el contrario, en los alegatos de defensa del coronel Argemiro Serna Arias, se califica a Mario Rueda León como un “fabulador” y “calumniador”.
Serna sostiene que relatos como el de alias “El paisa” son invenciones orquestadas para desviar la investigación y culpar a oficiales que no tuvieron responsabilidad operativa en los hechos.
Rueda León también describió un supuesto brindis con whisky entre oficiales de la Sijín al confirmarse la muerte de Galán, celebrando con la frase: “por fin calló este hijo de puta”. Esto, sin embargo, la justicia no logró probarlo.
Mientras los inocentes sufrían en prisión, los hilos del Cartel de Medellín se movían para borrar huellas. La defensa de Argemiro Serna Arias, en sus alegatos previos, sugiere que el asesinato del ex capitán Jorge Noel Barreto Rodríguez (vinculado a estructuras de apoyo del narcotráfico) fue cometido “para asegurar impunidad” y despistar la investigación.
Hoy, los documentos demuestran que el desvío no fue un error judicial, sino una arquitectura de la mentira diseñada para proteger la alianza entre agentes estatales y el narcotráfico, sacrificando la vida de Galán y la libertad de ciudadanos inocentes en el proceso.
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Preguntas y respuestas
- ¿Quién fue el autor material del asesinato de Luis Carlos Galán?
- Jaime Eduardo Rueda Rocha fue identificado judicialmente como uno de los principales autores materiales del magnicidio de Luis Carlos Galán, ocurrido el 18 de agosto de 1989 en Soacha. El crimen estuvo relacionado con estructuras del narcotráfico, mientras la investigación inicial señaló injustamente a otros ciudadanos.
- ¿Cómo se desvió inicialmente la investigación del magnicidio de Luis Carlos Galán?
- La investigación inicial se desvió al presentar como responsables a Alberto Jubiz Hazbum y otros ciudadanos que posteriormente fueron declarados inocentes. El caso incluyó cuestionamientos sobre pruebas, testimonios y procedimientos policiales, mientras otras pistas relacionadas con los verdaderos autores materiales quedaron bajo escrutinio posterior.
- ¿Qué pasó con Jaime Eduardo Rueda Rocha después del asesinato de Luis Carlos Galán?
- Jaime Eduardo Rueda Rocha fue señalado posteriormente como autor material del magnicidio de Galán. Su trayectoria posterior y las circunstancias de su muerte forman parte de las investigaciones sobre la estructura criminal que ejecutó el atentado y sus conexiones con el narcotráfico.
- ¿Qué papel tuvo el Cartel de Medellín en el asesinato de Luis Carlos Galán?
- El magnicidio de Galán ha sido relacionado judicialmente con estructuras del Cartel de Medellín, en un contexto marcado por la oposición del político al narcotráfico y a la extradición. La investigación también ha examinado la posible participación o colaboración de agentes estatales y otros actores.
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