Desde la forma de hacer uso correcto del espacio público, el permiso o prohibición de consumir determinada sustancia, los requisitos para celebrar un contrato o lo que es válido o no hacer en internet, la regulación determina a diario la vida cotidiana de los ciudadanos y cada país tiene su propia forma de construirla y aplicarla.
Por eso nació la Asociación Iberoamericana de Regulación (Asier), una iniciativa de la academia para revisar las mejores prácticas entre países y plantear propuestas que retroalimenten a los gobiernos. Su presidente, el doctor en Derecho Luis Ferney Moreno, estará en Medellín entre el 13 y el 15 de noviembre durante el XVI Congreso Iberoamericano de Regulación, organizado por la Asociación y la Universidad Externado. EL COLOMBIANO conversó con él sobre el panorama normativo en Colombia.
¿Qué tiene Colombia por aprender de otros países en materia de regulación?
“Lo digo en el contexto iberoamericano y también para Colombia es válido, es lo relacionado con las mejoras de la regulación, un concepto que proviene de la Ocde (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos), de la que el país básicamente ya hace parte. Y la Ocde fija unas directrices globales de la mejora de regulación para los países. Por eso, nosotros queremos proponer acá unas herramientas importantes que vemos que es necesario que Colombia tenga cuando se vaya a producir normas”.
¿Cuáles serían esas herramientas a proponer?
“Hay tres. La primera se llama análisis de impacto normativo, que significa medir los efectos futuros, las consecuencias futuras y los impactos de una norma antes de expedirla. Y ya hay métodos para hacerlo. Normalmente lo que se hace es predecir, determinar esos impactos en lo positivo o lo negativo, con el fin de que el Estado tenga mayores elementos objetivos para emitir normas y esos criterios no queden solo a total libertad del Congreso o los administradores públicos”.
¿Y las otras dos?
“La segunda herramienta es la consulta pública, que consiste en preguntar a los ciudadanos el proyecto de norma con esos estudios de impacto y que ellos se pronuncien y tengan también la posibilidad de presentar proyectos normativos alternativos. Esa es una nueva tendencia en varios países. Y en tercer lugar está la evaluación después de la norma, porque aquí se emite la norma y nadie le hace estudios expost (posteriores), Esa es la otra herramienta que se propone y ¿cómo se aplica? Una vez es emitida y queda vigente la norma, se le hace una evaluación y si está generando mucho impacto, por ejemplo de más costos que beneficios para los sectores o los ciudadanos, esa es una norma que hay que revisar. Normalmente países como Estados Unidos y algunos de Europa hacen esos análisis cada tres años”.
Odebrecht ha sido el caso más grande de corrupción en la región, ¿los países han modificado sus regulaciones a partir de él?
“Hay un tema que discutiremos en el Congreso Iberoamericano que se llama Regulación por Contrato y que se refiere a que uno muchas veces fija las reglas a los contratistas de ciertos sectores, como la infraestructura, a través de un contrato. Vamos a tener gente muy experta, que ha determinado lineamientos para mejorar todo el tema de las concesiones, de las asociaciones público privadas, el tema contractual en general. Vamos a debatir qué elementos hoy son necesarios para que realmente el flagelo de la corrupción esté acotado en la regulación y en ese sentido ya hay buenas prácticas en muchos países, acciones para tener una contratación pública que en lo posible minimice la corrupción. Ya en eso Colombia dio pasos, por ejemplo, con la reglamentación de los contratos de pliego tipo, que estandarizan los requisitos y los factores técnicos para elegir contratistas para las obras públicas, pero hay que dar otros pasos más”.
¿En qué aspecto regulatorio está Colombia todavía rezagada frente a otros países?
“No es algo que ocurra solamente en Colombia, pero la regulación está rezagada frente a todas las tecnologías disruptivas, y se llaman así porque la normatividad no alcanza a abordarlas, no alcanza a asimilarlas. Está mucho más adelante el avance de las tecnologías que la regulación. Es necesario evaluar si es que las normas tienen que adaptarse a las nuevas condiciones o plantear como algunas personas lo hacen hoy, que no se regule sino que se permita que las tecnologías sigan desarrollándose sin una normatividad. Ese debate se está dando con fuerza en norteamérica y Europa, por ejemplo, con el tema de las redes sociales”.
Justo en eso, la Corte Constitucional ha avanzado en asuntos como poner límites a la injuria en redes sociales, pero hay otros vacíos...
“Colombia puede aprender, por ejemplo, de la experiencia de regulación de Uber en México, allí ya lo hicieron y es interesante analizar cómo lo lograron, si se resolvió el problema y qué pasó con el transporte tradicional frente a estas nuevas plataformas. Yo estoy de acuerdo con regular, pero buscando que se incorporen estas nuevas tecnologías y en que se desarrolle la economía colaborativa. Lo peor que puede hacer un estado es dejarlas libres, porque ahí es donde se presentan los conflictos sin ninguna regla, sin ninguna garantía, sin ninguna protección a los usuarios”.
¿Qué otro avance en materia regulatoria podría presentar Colombia como caso exitoso?
“La gente cree que la regulación es para proteger los mercados y en parte es cierto, pero la Corte Constitucional, por ejemplo, ha dicho que la regulación también está para lograr objetivos sociales, porque la normatividad no puede desconocer que hay unos desarrollos que el mercado de por sí no logra alcanzar. La regulación no puede quedarse en velar por el normal funcionamiento de una actividad económica, sino garantizar que se protejan ciertos derechos mínimos. Ese es uno de los avances”.
