La restricción a la libertad de expresión en redes sociales volvió al debate luego de que el Tribunal Administrativo de Cali tutelara el derecho de un ciudadano a la libertad de culto, la laicidad del Estado y el principio de separación entre Estado y religión, a propósito del trino del presidente Iván Duque en el que mencionaba a la Virgen de Chiquinquirá como la patrona de Colombia.
En el fallo se lee que “la ponderación de su derecho a la libertad de expresión no está proporcionalmente equiparado al derecho de toda la sociedad a tener un Estado laico separado de la religión”, y el Tribunal ordenó al mandatario borrar el trino que, hasta ayer, el Jefe de Estado no había eliminado.
¿Debe haber diferencias?
Hasta hace década y media, solo un sector de la sociedad tenía acceso a expresar sus opiniones o pensamientos a través de la radio, prensa, televisión o las páginas web de los medios de comunicación.
Pero las redes sociales revolucionaron la “industria de opinión” y se convirtieron en una fábrica de contenidos digitales capaz de darle la vuelta al mundo en segundos.
Con el uso de Twitter y Facebook, por ejemplo, las jurisprudencias de los países han tenido que enfrentarse ante la dificultad de regular la libertad de expresión en un medio al que cualquiera con conexión a internet tiene acceso, garantizando el derecho a la información de todas las personas y al buen nombre.
Para Emanuel Vargas, codirector de El Veinte, una red para la defensa judicial de la libertad de expresión de periodistas, medios de comunicación y usuarios de redes sociales, “no debería haber diferencia entre expresarse en un periódico, la calle o en Twitter. El derecho a la libre expresión es independiente del medio de difusión y tiene las mismas reglas de acuerdo a las legislaciones de cada país”.
América Latina atrasada
El español Daniel Barredo, profesor de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, insiste en que las regulaciones se han quedado atrás frente a la rápida evolución de las redes sociales, y Twitter y Facebook tuvieron que actuar para evitar la difusión de falsedades.
“Los diferentes países han aprobado marcos regulatorios, pero América Latina sigue atrasada, tal vez por el mismo atraso tecnológico. En España, por ejemplo, tenemos la llamada Ley Mordaza que busca regular contenidos en las redes sociales, para que el derecho a la libre expresión no pisotee otros derechos igual de importantes”, dijo Barredo.
Por ejemplo, Twitter restringió la cuenta de Donald Trump Jr. tras detectar en ella un video de presuntos profesionales de la salud asegurando que la hidroxicloroquina sirve para combatir el coronavirus y que las mascarillas no eran útiles. La red consideró que esta noticia falsa iba en detrimento del derecho a la información veraz que tienen todos los ciudadanos.
“El debate radica en hasta qué punto la ciudadanía y el Estado le entregan el derecho a una empresa para decir cuál expresión está bien y cuál está mal”, cuestiona Vargas, ya que para eso están los jueces, pero el otro problema que surge es que la acción de la justicia es muy lenta frente al ritmo acelerado de las plataformas.
