La restitución de predios despojados es uno de los proyectos bandera del actual Gobierno que más debate y controversia suscita en cuanto a sus resultados y celeridad, tras cuatro años de ejecución de la Ley de Víctimas.
Ricardo Sabogal, director de la Unidad Nacional de Restitución de Tierras, defiende el logro de restituir a la fecha 100.000 hectáreas a cerca de 15.000 desplazados que fueron despojados de sus predios.
Además, destaca los logros de “una política” que se implementa con el conflicto vivo, con territorios minados por las guerrillas y con precaria información catastral y titulación para avanzar más rápido.
¿Qué balance hace de los primeros cuatros años?
“Tras cuatro años de la sanción de la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas), la Unidad de Restitución de Tierras ha estudiado 840.600 hectáreas, de las cuales, 452.500 fueron puestas en manos de los jueces especializados en restitución y las otras 388.100 no clasificaron para ir a juez. A la fecha, los jueces han devuelto más de 100.000 hectáreas de tierra a cerca de 15.000 personas despojadas”.
Hay críticas de las víctimas y la Contraloría advierte que los resultados están muy lejos de las metas...
“Recordemos que Colombia es el único país que repara en medio del conflicto, y así será difícil cumplir cualquier meta si se sigue desplazando población y no se puede avanzar como quisiéramos. Pero si llegamos a un acuerdo de paz se puede hacer más veloz. Pero hay avances como el hecho de que se finalizó el trámite administrativo del 25 por ciento del total de las solicitudes de restitución (77.833 sobre 840.000 hectáreas). No nos limitamos a devolver tierra pelada, sino que se realiza la devolución con acompañamiento legal y con proyectos productivos y beneficios como los mejoramientos de vivienda”.
¿Entonces, cuáles son las trabas para devolver estos bienes despojados?
“El conflicto armado no termina y se dificulta en regiones donde no hay seguridad para el retorno de la gente y la restitución e incluso las zonas minadas. Por eso hay una focalización en las regiones, que sean más seguras para todos. También retrasa los procesos restitutorios la precariedad de la información catastral con la que cuenta el país en zonas rurales y zonas de conflicto. Por eso los casos que llegan hasta los jueces agrarios son complejos y debe ser riguroso el estudio para fallar con justicia y no vulnerar derechos de posesión de nadie”.
¿Los falsos reclamantes inciden en la lentitud de los procesos?
“Se han presentado avivatos que han intentado aprovecharse de la ley, hace pocas semanas hubo capturas de falsos testigos en la región del Urabá antioqueño y eso afecta porque se gastan recursos en los estudios de predios. Se ha desechado la restitución de 388.000 hectáreas y en algunos casos por falsa reclamación, pero no es que sean todos avivatos. A esos falsos reclamantes toca castigarlos y se demandan”.
¿Cuáles son las zonas más difíciles para el proceso?
“Una es Urabá por la cantidad de casos que se reportan. Solo allá tenemos cerca de 700 casos ante los jueces. El Bajo Cauca también reporta muchas dificultades, por razones de orden público. En el Catatumbo no hemos podido entrar en forma permanente, por el conflicto, igual que en otras zonas complicadas: Putumayo, Nariño, Cauca, en el sur del Tolima y sur del Meta”.
¿Han descubierto más tierras despojadas por las guerrillas?
“Se han restituido tierras a campesinos que han denunciado el despojo de las Farc y ocurre sobre todo en el sur del país. No hay una cifra exacta por falta de títulos y catastro actualizado, pero según los reclamantes, los despojadores fueron en un 37 por ciento de los casos las guerrillas, otro 35% los paramilitares y un 20% no identifican bien a sus victimarios. En menor cantidad las bandas criminales”.
¿Qué medidas priorizan para acelerar el proceso de restitución de tierras?
“Una de las estrategias que vamos a priorizar es coordinar con el Ministerio de Defensa para que el desminado humanitario también se haga en zonas consolidadas por el Estado con altos índices de despojo de predios por parte de grupos armados ilegales. Con eso buscaremos avanzar con la restitución y favorecer el retorno de desplazados”.
