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Publicado el 03 de noviembre de 2022
A los escándalos de los presuntos líos de corrupción con los dineros de la paz y de la Sociedad de Activos Especiales, se sumó uno nuevo que toca los recursos para indemnizar a las más de 8 millones de víctimas del conflicto.
La directora de la Unidad de Víctimas, Patricia Tobón Yagarí, denunció que existe un entramado de presunta corrupción en el Fondo para la Reparación a las Víctimas, ya que se encontraron por lo menos 43 lotes, fincas y terrenos de grandes magnitudes que estaban siendo arrendados por entre $4.000 y $100.000, un valor ínfimo comparado con lo que sería su canon real.
Pero las presuntas irregularidades y malos manejos –similares a los que sacuden a la SAE– no paran ahí. Además, se halló que de los 2.346 bienes que administra dicho Fondo, con corte a a septiembre de 2022, más de 900 presentan ocupación irregular, deterioro o falta del cumplimiento del objetivo principal que es la monetización.
Frente a esos líos con los precios y la administración de los bienes, Tobón añadió que se detectó una irregularidad adicional que tienen que ver con los arrendatarios de los inmuebles. Según dijo la funcionaria, varias propiedades les fueron entregadas en arriendo a una misma persona.
Incluso, el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idarraga, reveló que, al parecer, “hay una gran empresa de 13 grupos familiares trabajando en el Fondo”, lo que sería un manejo irregular.
La respuesta de Tobón Yagarí al enterarse de estos casos fue que “estamos decididos a defender los recursos de las víctimas y la transparencia de las instituciones”, y que, para ello, solicitó una auditoría forense para revisar caso a caso las denuncias que hay en la entidad. En ese mismo orden de ideas, también dijo que le entregó las pruebas que tiene a la Fiscalía.
Contexto de la Noticia
radiografía Detectaron 337 invadidos en Antioquia
En información recopilada por este diario se pudo establecer que de los 900 bienes destinados a la reparación de las víctimas, y que están indagados por posibles ocupaciones irregulares, 337 están en Antioquia. Además, de ese total se detectaron 42 en Medellín. La mayoría de estas propiedades, que por estar en posesión de personas que no deberían habitarlos no han podido ser monetizados, fueron entregados por bloques paramilitares como Héroes de Granada y las A.U.C del Noroccidente Antioqueño. Todos son administrados por el Fondo de Reparación, que ahora está bajo la lupa de las autoridades judiciales por ser un posible foco de corrupción.
Comunicadora Social - Periodista de la UdeA. Amo leer historias y me formé para contarlas.