Lalis denunciaba a contratistas y ahora gana millones con el Estado

La creadora de contenido Lalis recibió $51 millones por convenio con el Estado. Crece la polémica.

La influenciadora Laura Daniela Beltrán Palomares aseguró que su trabajo con el Gobierno ha sido de manera legal y que las acusaciones en su contra han sido parte de una persecución. FOTO cortesía

A la creadora de contenidos Laura Daniela Beltrán Palomares, más conocida en redes sociales como Smile Lalis, el Gobierno le adjudicó un contrato millonario para “asesorar y apoyar” la estrategia digital de la Agencia Colombia Compra Eficiente. Por esa labor, hasta el próximo 27 de noviembre, la influencer recibirá 51.596.000 pesos.

Lo que sorprende es que Lalis fue una férrea crítica de quienes trabajaron con el Gobierno Duque, como la influencer Natalia Bedoya, y ahora, al parecer, es una ficha para hacer propaganda política.

Sin embargo, este panorama no es una sorpresa en un gobierno que ha ejercido poder desde las redes. Incluso desde campaña, Petro ha tenido en sus bases un equipo de influencers que generaban contenido, entre ellos, Lalis. Para ese momento era una youtuber reconocida que opinaba sobre política y criticaba a la derecha. Su número de seguidores la convirtió en un personaje potencial, y lo sigue siendo. Con una cuenta verificada en Twitter, la influenciadora tiene 291.690 seguidores, mientras que en Instagram la siguen 132 mil personas.

En este nuevo escándalo del gobierno Petro, los primeros en pronunciarse fueron el abogado Daniel Briceño y el congresista Agmeth Escaf, quienes cuestionaron fuertemente el papel de la influenciadora en esta administración e hicieron públicos dos contratos.

En ellos se evidencian sus actividades como asesora de la construcción de la estrategia digital mensual, asesora en la producción de contenido digital en redes sociales de la entidad y la realización de campañas estratégicas.

Y es que toda esta polémica se centra en que hasta ahora se conoce que a ella le pagan por hacer y asesorar el contenido en redes sociales a favor del Gobierno que la contrata. De ahí que el representante del Pacto Histórico, Escaf, cuestionó que “el ciudadano también tiene derecho a saber si el contenido que consume se trata de activismo independiente o de publicidad política pagada”.

En ese sentido, el congresista ya anunció la radicación de un proyecto de ley que obligue a los creadores de contenido a publicar quiénes son sus patrocinadores para que los usuarios de esa información puedan diferenciar entre publicidad y recomendaciones genuinas.

Pero eso no es todo, hasta el momento se entiende que las entidades públicas pueden entregar contratos por prestación de servicios máximo por cuatro meses, pero para Lalis la vinculación será por 11 meses. Eso quiere decir que mientras otros contratistas del Estado deben renovar sus convenios porque no pueden firmarse compromisos a largo plazo, la creadora de contenidos tiene asegurada la financiación pública casi que todo 2023. Según ella, eso depende de la entidad que contrate.

Y a eso se le suma que a Lalis ya le habían adjudicado otro polémico contrato de dos meses por $10.645.161 con el fin de nutrir la red social TikTok de la entidad Colombia Compra Eficiente, pero en la cuenta no hay ninguna publicación. Sin embargo, la influenciadora respondió a los trinos del abogado aclarando que ella asesoró la estrategia, más no se encargaba de hacer los contenidos. Además, dentro de sus obligaciones estaba asistir a reuniones de planeación.

Y al congresista le dijo que no tenía nada de malo trabajar, puesto que era profesional y se dedicaba a hacer asesorías de comunicaciones. “Como la “oposición” descubrió que trabajo, además aprovecho para contarles que amo trabajar en lo que con tanto esfuerzo estudié. Que me esfuerzo por seguir construyendo país y que es una chimba trabajar en el gobierno del CAMBIO”, aseguró.

A toda su defensa le sumó que se trataba de un caso de acoso y persecución en su contra. “No hay nada ilegal en esto”, concluyó