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Las denuncias del conflicto colombiano que recibió la CIDH

  • Tres audiencias temáticas se realizaron ayer sobre Colombia en el marco de las sesiones 172 de la CIDH. En la fotografía, la reunión sobre restitución de tierras. FOTO Cortesía Forjando Futuros
    Tres audiencias temáticas se realizaron ayer sobre Colombia en el marco de las sesiones 172 de la CIDH. En la fotografía, la reunión sobre restitución de tierras. FOTO Cortesía Forjando Futuros
Por OLGA PATRICIA RENDÓN M. | Publicado el 10 de mayo de 2019
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predios han sido restituidos con sentencias judiciales: Unidad de Restitución.

Varias delegaciones colombianas ocuparon la tarde de ayer en el periodo de sesiones número 172 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Kingston, la capital jamaiquina.

La primera tuvo que ver con las medidas cautelares para la protección de pueblos y líderes indígenas en todo el territorio nacional; la segunda, con el proceso de restitución de tierras a víctimas de despojo; y la tercera, con los avances de la Jurisdicción Especial para la Paz. Esta última se surtió de manera privada. (ver para saber más)

Indígenas piden protección

“Pese a que la CIDH ha otorgado tres medidas cautelares, dos individuales, sobre las que no me referiré, y una colectiva, que beneficia a los resguardos de Toribío, San Francisco, Tacueyó y Jambaló (en Cauca), esta no ha sido implementada por el Gobierno Nacional”, dijo ante la audiencia y los comisionados el líder indígena Leonardo Uscué.

De acuerdo con su relato, el Ejecutivo no reconoce el ejercicio del gobierno propio de los pueblos ancestrales y ha puesto medidas de seguridad que no tienen en cuenta a las autoridades indígenas, asunto que es importante culturalmente y para el orden social de esas comunidades.

Así mismo, reveló cifras que evidencian el nivel de vulnerabilidad que todavía padecen, aún con medidas cautelares: “Desde el 2018 han sido asesinado 48 líderes en Cauca, más de 25 eran comuneros”.

A su turno, el Estado representado por Pablo Elías González, director de la Unidad Nacional de Protección, dio detalles acerca de las ayudas y dotaciones que desde su entidad se dan a estas comunidades para mitigar sus riesgos en seguridad, que se presentan por disputas entre grupos armados organizados.

Dichas dotaciones están constituidas en bastones de mando, chalecos reflectivos, botas, semovientes, linternas, vehículos y celulares.

Así mismo, Francisco Barbosa, consejero para los Derechos Humanos, explicó que el Gobierno ha invertido 6 millones de dólares en asesoría técnica en comunidades étnicas y afro entre 2018 y 2019, y destinó 6.000 millones de dólares en el Plan Nacional de Desarrollo para ellos en este cuatrienio.

Restitución de tierras

Doce organizaciones de víctimas tuvieron representación en la CIDH para pedir que ese organismo, adscrito a la OEA, le exija al Gobierno Nacional la ampliación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras que expira en 2021 y hasta ahora solo ha restituido el 6,7 % de los predios reclamados.

“De 121.000 solicitudes, han negado el 64 % en la etapa administrativa, lo que muestra que esta no fue una política para devolver el derecho sobre la tierra sino para negarlo”, expresó Gerardo Vega, director de Forjando Futuros, una de las ONG solicitantes de la audiencia.

Como respuesta, Andrés Castro, director de la Unidad de Restitución de Tierras, aseguró que todavía se reciben todas las reclamaciones de las víctimas, que su entidad no es la encargada de reconocer el derecho a la tierra ya que para eso están los jueces, además que el Gobierno evalúa las condiciones para pedirle al Congreso que legisle sobre una prórroga a la Ley de Víctimas, ya que es consciente de esa necesidad.

Contexto de la Noticia

PARA SABER MÁS LA JEP tuvo audiencia privada

La CIDH recibió a las magistradas Patricia Linares, presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, y Alexandra Sandoval, para escuchar sobre los avances y problemáticas que afronta la JEP un año y medio después de su creación. En vista de los reclamos del Ministerio de Relaciones Exteriores acerca de la inconveniencia de esa reunión, ya que consideraba que la JEP, al ser un órgano estatal, no podía ser “parte” ante la CIDH, la Comisión determinó que se hiciera en privado. Así fue como la última audiencia del día se realizó a puerta cerrada. Por parte del Gobierno Nacional estuvo Francisco Barbosa, consejero para los Derechos Humanos y las relaciones internacionales.

Olga Patricia Rendón Marulanda

Soy periodista egresada de la Universidad de Antioquia. Mi primera entrevista se la hice a mi padre y, desde entonces, no he parado de preguntar.

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