La alerta de la Corte Constitucional al Gobierno Nacional a la hora de expedir decretos en materia de paz fue clara: no pueden usarse las facultades extraordinarias entregadas al presidente Juan Manuel Santos para pasar por allí cualquier asunto, si no tiene debida justificación.
¿Qué leyes está estudiando la Corte Constitucional y podrían tumbarse? Está en juego la Ley de Amnistía, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, la contratación para la erradicación manual de cultivos, entre otros.
En el caso de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, el Ministerio de Justicia justificó la utilización de las facultades para expedir el decreto en atención a que la Comisión se incluyó en el punto 3 del Acuerdo sin mayores detalles.
Sin embargo, la Procuraduría emitió un concepto que señala que la creación de la Comisión implica la alteración de la estructura administración pública y su trámite debería hacerse por Ley. Pide tumbar expresamente un parágrafo que permite sufragar los gastos de desplazamientos y alojamiento de los integrantes de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad cuando se deben cumplir sesiones fuera de Bogotá y le pide a la Corte precisar si se pueden regular gastos por esta vía.
Frente a la contratación para la erradicación manual de cultivos, la Corte le solicitó al Gobierno explicar cómo se diseñó el decreto, si la norma desconoce o no los principios de contratación pública y si se adelantó o no y por qué un proceso de consulta previa con las comunidades que podrían verse afectadas por este proceso. En respuesta a Colprensa, el director de la Policía, general Jorge Nieto, dijo que no era necesario adelantar dicha consulta.
En relación a la Ley de Amnistía, la Corte solicitó opinión al respecto a la Corte Penal Internacional (CPI), y solicitó al Gobierno que entregue el listado de los guerrilleros investigados y condenados por delitos que sean indultables y objeto de amnistía. Pidió a la Fiscalía informar las investigaciones que cursan por delitos amnistiables y a la Corte Suprema entregar un listado de investigaciones y condenas que se adelantan y se han proferido por este tipo de delitos.
En lo que tiene que ver con el esquema de seguridad para las Farc, la Corte solicitó al Gobierno explicar cuántos agentes de seguridad adicionales requerirá la UNP para cumplir con el Acuerdo y en qué fecha deben empezar a funcionar los esquemas de seguridad.
Frente a los pedidos, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo que el Gobierno respeta cada una de las decisiones, no solo de la Corte Constitucional, sino de la justicia. “El Gobierno celebra que la Corte Constitucional haya ratificado que el acto legislativo para la paz y el acuerdo de paz. Vienen otros retos”, apuntó .
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