El presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, Carlos Cuenca (Cambio Radical), solicitó formalmente a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, remitir el expediente que adelanta la Fiscalía contra el expresidente Álvaro Uribe por su presunta responsabilidad en masacres en Antioquia ocurridas entre 1996 y 1997.
¿Por qué lo hizo? La solicitud surgió después de que la defensa de Uribe, encabezada por el abogado Jaime Granados, pidiera que se revisara qué autoridad es la competente para investigar el caso. En concreto, la defensa solicitó plantear un conflicto de competencia con la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
Y es que, a pesar de que en la Comisión de Acusación hay cinco integrantes del Pacto Histórico, solicitar el expediente a la Fiscalía se había aprobado por unanimidad debido a una supuesta colisión de competencias. De los 17 miembros de esa comisión, solo tres pertenecen al Centro Democrático; a favor del gobierno serían siete en general y otros cinco actúan como “bisagra”.
Aun así, y por los antecedentes, en caso de que el proceso pasara a esta instancia, avanzaría a un ritmo más lento que en la Fiscalía, la cual citó al expresidente para el 4 de septiembre por este caso.
El proceso está relacionado con una investigación por concierto para delinquir agravado, que incluye hechos asociados con el grupo paramilitar que operaba en la hacienda Guacharacas y que posteriormente fue conocido como Bloque Metro.
“Se argumenta que Álvaro Uribe Vélez ejerció como presidente de la República desde el 7 de agosto de 2002 hasta el 7 de agosto de 2010, mientras que la actual investigación tendría como fecha de consumación del delito de concierto para delinquir agravado el año 2003”, dice la carta firmada por Cuenca.
Esto es importante porque la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara —también conocida en el mundo político como “Comisión de Absoluciones”— es la encargada de investigar las posibles conductas irregulares de los presidentes y de los expresidentes por hechos durante el periodo en que ejercieron como jefes de Estado.
En el caso de Uribe, las investigaciones están relacionadas con posibles omisiones durante su periodo como gobernador de Antioquia. Allí se investigan, entre otros hechos, las masacres de La Granja, ocurrida en 1996, y El Aro, perpetrada en 1997.
Aunque esas fechas corresponden a un periodo anterior a la presidencia de Uribe, la Comisión de la Cámara dice que tuvo en cuenta que “el delito de concierto para delinquir es de carácter permanente” y que algunas de las conductas investigadas se habrían extendido hasta 2003. Por eso, sostiene que podría tener competencia sobre esos hechos.
El oficio señala que si la Fiscalía no accede a la solicitud, la Comisión solicita que se remita el expediente a la Sala Plena de la Corte Constitucional para que sea esta la que ponga fin a la controversia sobre quién tendría la competencia para investigar este asunto.
¿Por qué acusan al expresidente Uribe?
El caso tiene que ver con las masacres de La Granja, en Ituango, Antioquia, perpetrada por las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) el 11 de junio de 1996, y El Aro, ocurrida entre el 22 de octubre y el 12 de noviembre de 1997. Estas dejaron decenas de muertos y miles de desplazados.
Sentencias del Tribunal Superior de Antioquia han solicitado a las altas cortes investigar si existió una inactividad deliberada por parte de la Gobernación y de la Fuerza Pública para facilitar los hechos.
Además, se investiga el asesinato del líder de derechos humanos Jesús María Valle, ocurrido el 27 de febrero de 1998, quien fue asesinado por sicarios en el centro de Medellín. Las pesquisas también abarcan el papel de la hacienda Guacharacas, antigua propiedad de la familia Uribe Vélez y mencionada en diferentes procesos relacionados con el surgimiento de estructuras paramilitares, entre ellas el Bloque Metro.
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