Los nueve magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que fueron señalados por el secretario ejecutivo, Néstor Raúl Correa, de conformar un comité estratégico con el fin de usurpar sus funciones, dieron una declaración pública en la que aseguraron que cumplen con sus funciones a cabalidad, como les es ordenado constitucionalmente.
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Los magistrados Danilo Rojas, Catalina Díaz, Caterina Heyck, Rodolfo Arango, Iván González, Alejandro Ramelli, Eduardo Cifuentes y Yesid Reyes, junto a la presidenta de la Jurisdicción, Patricia Linares, explicaron que efectivamente hubo intercambios de opiniones con el Ministerio de Justicia, acerca de los proyectos que determinaban el futuro de la jurisdicción, lo que consideran apenas natural.
“Ese intercambio de opiniones y reflexiones jurídicas también lo hicimos en la mayoría de los casos, por vía electrónica, a través de nuestros correos personales, pues aún no estábamos posesionados, correos que no sabemos cómo obtuvo ilegalmente el señor Néstor Raúl Correa, quien en enero del presente año le expresó a la Presidenta que si no asumíamos los diseños que tenía previstos para la Secretaría Ejecutiva de la JEP daría a conocer a los medios de comunicación el intercambio de correos, pues según él poner en conocimiento del Gobierno nuestros conceptos y opiniones era irregular”, dice la declaración y “desde luego no cedimos a sus absurdas pretensiones, pues los aportes que hicimos se dieron en el marco democrático que da vida a las expresiones ciudadanas frente a proyectos normativos de interés nacional”, agrega.
No cumplió sus funciones
Sin embargo los magistrados van más allá de explicar las acusaciones de Correa, sino que advierten que el secretario ejecutivo no cumplió a cabalidad sus funciones, ya que gastó 4,5 millones de dólares en un año que debía destinar a dos tareas fundamentales: “1. Avanzar en el proceso de alistamiento, diseño e implementación de la infraestructura requerida para la puesta en funcionamiento de la JEP. No obstante, a la fecha, carecemos de sistemas de información, telefonía y comunicaciones, sistemas de seguridad y protección para los funcionarios y comparecientes de la JEP. Tampoco contamos con suficientes insumos básicos como papelería, fotocopiadoras, computadores e impresoras. 2. También debió la Secretaría Ejecutiva avanzar en el diseño de los siguientes sistemas: Sistema de representación judicial de las víctimas; Sistema de apoyo psicosocial para las víctimas; Sistema de monitoreo y vigilancia de personas beneficiadas con libertad condicionada; Sistema Autónomo de Defensa de los ex combatientes de las FARC; Certificación de los Trabajos, Obras y Actividades con contenido reparador (TOARs), tareas sobre las cuales a la fecha hay un nulo o incipiente avance por lo que han tenido que ser asumidas por los magistrados”.
Por último, los magistrados señalaron que “Correa presentó renuncia voluntaria e irrevocable a su cargo, la cual fue aceptada por el pleno del Tribunal en sesión del día 12 de abril. Llama la atención que, en lugar de rendir cuentas ante el órgano de gobierno, haya procedido a plantear ante la opinión pública debates que carecen de todo sustento y que desvían la atención sobre sus responsabilidades.
Aquí puede conocer la denuncia que el secretario general de la JEP, que estará en funciones hasta el próximo lunes, envió al Senado.
