“El senador Iván Cepeda me ofreció beneficios a cambio de declarar contra Álvaro Uribe”; es la frase que se repite entre los testigos llamados a rendir su versión en el juicio al expresidente, lo que supondría una nueva “voltereta”.
El caso, que se remonta al año 2011, dista mucho de ser simple. No es un pleito judicial más; es un proceso sin antecedentes en la historia reciente de Colombia, un entramado jurídico y político tan complejo que hoy se menciona en facultades de derecho como ejemplo paradigmático de cómo pueden influir en una investigación intereses políticos y disputas ideológicas.
Lo paradójico de este proceso es que el acusado, Álvaro Uribe Vélez, no fue inicialmente el investigado, sino el denunciante. Fue él quien, en 2012, acudió a la Corte Suprema para advertir que el entonces congresista Iván Cepeda habría estado visitando cárceles y ofreciendo beneficios judiciales a cambio de que algunos presos declararan que Uribe había tenido vínculos con grupos paramilitares.
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Sin embargo, tras archivar esa denuncia, la Corte decidió abrir una investigación... contra Uribe, bajo el argumento de que él, en realidad, era quien había intentado manipular testigos.
Así nació el caso que ha expuesto la fase más vulnerable del exmandatario. Hoy, más de una década después, lo que se ventila en sala no es solo la responsabilidad penal del expresidente, sino el control del relato histórico: ¿fue Uribe víctima de un montaje o promotor de un encubrimiento? ¿La justicia actuó conforme a la ley o respondió a presiones ideológicas y mediáticas? La reiteración de los testimonios que apuntan a ofertas supuestamente hechas por Cepeda no ha pasado desapercibida.
Aunque la Fiscalía insiste en que Uribe tejió una red para favorecerse con falsos testimonios, cada vez son más los testigos que aseguran, bajo juramento, que fue el congresista de izquierda quien intentó manipularlos para construir un caso contra el expresidente. Al final, quien denunció, terminó siendo procesado por el montaje.
Avergonzado, el expresidente ha ofrecido disculpas a quienes han acudido a declarar a su favor: “Qué pena con usted tener que ponerlo en esta situación”, repite una y otra vez a sus antiguos aliados, colaboradores y conocidos.
Para sus detractores, representa la caída de un intocable; para sus defensores, un acto más del acoso judicial contra un veterano líder político. El expresidente ha optado por rendir cuentas, sin esconderse y sin inmunidades, mientras denuncia que fue él quien quiso desenmascarar un montaje, y no quien lo promovió.
Ya van 47 días de juicio oral. En su primera etapa, la Fiscalía presentó a 37 testigos; ahora es el turno de la defensa, que ha llamado a 77 personas, de las cuales 35 ya han testificado.
La mayoría de estos han coincidido en un punto esencial: no conocieron de parte del expresidente orden alguna para buscar testigos, ni mucho menos para ofrecer prebendas a cambio de testimonios a su favor.
El caso, que por primera vez en más de medio siglo lleva a un expresidente colombiano al banquillo de los acusados, ha devenido en una vitrina sin precedentes para discutir sobre la veracidad o flaqueza de los relatos.
“No me llame en la mañana que estoy viendo el juicio a Uribe”, dice la autorespuesta del celular de una ama de casa como novela del mediodía.
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Pero detrás del espectáculo mediático está el verdadero pulso: la Fiscalía acusa a uno de los hombres más influyentes del país, y la defensa ha levantado un muro jurídico, político y moral para evitar que quien es considerado el padre de la seguridad democrática termine en prisión.
Según su abogado defensor, Jaime Granados, la Fiscalía no ha podido demostrar que Uribe haya urdido una estrategia de manipulación de testigos. “Ni siquiera cuando fue su turno, la Fiscalía logró demostrar que mi defendido incurriera en una conducta criminal”, afirmó recientemente.
Más allá de conjeturas, lo que ha predominado en sala son relatos fragmentarios, contradicciones y versiones debilitadas por las trayectorias dudosas de algunos testigos de la acusación.
Mientras tanto, el juzgado ha advertido que busca emitir fallo antes de octubre, cuando se cumpliría el tiempo límite para evitar una eventual preclusión del proceso.
Dentro del caso, figuran nombres clave para ambas partes. Por un lado, los testimonios que han sostenido la tesis de la Fiscalía: el exparamilitar Pablo Hernán Sierra, el preso Juan Guillermo Monsalve, su exesposa Deyanira Gómez y el senador Iván Cepeda.
Todos han apuntado hacia Uribe como supuestamente interesado en conseguir falsos testigos. Por otro lado, está el extenso listado de testigos que ha desvirtuado esa versión y que, por el contrario, ha señalado al senador Cepeda como autor de una estrategia de desprestigio.
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Entre ellos destaca Juan Carlos ‘El Tuso’ Sierra, exnarcoparamilitar que, desde Estados Unidos, aseguró que fue visitado por una comisión conformada por Iván Cepeda, y Piedad Córdoba, quienes le habrían ofrecido asilo en Suiza o Francia a cambio de que vinculara a los hermanos Uribe con grupos paramilitares. Sierra fue tajante: “Como me negué, nunca cumplieron nada de lo prometido”.
Una versión similar rindió Giovanny Alberto Cadavid Zapata, exintegrante del Bloque Metro de las AUC. Según relató, en 2011 fue visitado en la cárcel de Cómbita por Cepeda y la abogada Mercedes Arroyave, quienes, según él, le ofrecieron beneficios judiciales y asilo político a cambio de testimonios contra Uribe. Al no tener información que aportar, rechazó la propuesta.
En esa misma reunión también participó el exparamilitar Elmo José Mármol Torregrosa, quien confirmó los ofrecimientos. “La doctora Arroyave y él (Cepeda) sí prometieron prebendas. Es su palabra contra la mía”, declaró ante el juez.
A este bloque de testigos directos se han sumado voces indirectas que advierten sobre un supuesto montaje judicial. Uno de ellos es el exministro Andrés Felipe Arias, quien desde su paso por cárceles en EE. UU. relató que allí varios exparamilitares le informaron sobre un plan que se ‘cocinaba’ en las cárceles colombianas para desprestigiar a Uribe.
También declaró Mario Humberto Jiménez Salinas, expolicía que citó al mayor retirado Juan Carlos Meneses como la fuente que le habría revelado detalles de una estrategia para comprar testigos y vincular a Uribe con el paramilitarismo, supuestamente financiada con apoyo de aliados del chavismo. “El senador Cepeda andaba por la Costa buscando testigos y tenía el respaldo del presidente Chávez”, dijo Jiménez.
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Wilser Darío Molina, actual alcalde de Amagá y exabogado penalista, aportó su testimonio basado en visitas a los exparamilitares Ramiro de Jesús Henao y Gabriel Muñoz en la cárcel de Itagüí. Según dijo, ambos le revelaron que Cepeda les ofreció beneficios si declaraban contra Uribe, vinculándolo con el Bloque Metro de las AUC.
“El señor Cepeda, según me contaron, les pidió que sirvieran como testigos en contra de Álvaro Uribe Vélez, asegurando que este había ordenado el asesinato de un comandante del ELN. Incluso, afirmaron, les entregaron un texto con la versión que debían narrar, y a cambio les ofrecieron beneficios penitenciarios, buen trato en prisión y la posibilidad de obtener asilo para ellos o sus familias en Argentina”, declaró el alcalde en audiencia.
Varios testigos han coincidido en que fueron contactados por distintos medios para hacerle llegar al expresidente Álvaro Uribe un mensaje clave: se estaba gestando un complot en su contra mediante falsos testimonios. Según el expediente, una vez Uribe fue alertado, por medio de un entramado de mensajeros y comunicaciones informales, de que sería blanco de una operación basada en declaraciones fabricadas, pidió a su abogado, Diego Cadena, que se acercara a los presos mencionados para verificar directamente la veracidad de las versiones.
En el curso del proceso también quedó en evidencia que Cadena entregó dinero a varios de estos reclusos, bajo lo que él ha descrito como “ayudas humanitarias” y no como pagos a cambio de testimonios. Uno de los beneficiarios fue Carlos Enrique Vélez, exparamilitar y testigo a favor de Uribe, quien admitió haber recibido transferencias del abogado.
Otro caso similar es el de alias ‘Diana’, también exintegrante de grupos paramilitares, quien reconoció haber recibido dinero de Cadena para cubrir los gastos de un viaje desde Manizales a Bogotá, donde debía rendir su declaración en favor del expresidente. Tanto ella como Vélez negaron que esos recursos hayan sido entregados para condicionar su testimonio.
Papá y hermano de Monsalve lo desmienten
Sin lugar a dudas, una de las declaraciones más llamativas del juicio ha sido la del señor Óscar Monsalve. Su testimonio podría ser uno más entre los 77 citados por la defensa, si no fuera porque se trata del papá de Juan Guillermo Monsalve, el hombre que acusó a Álvaro Uribe de tener vínculos con los paramilitares.
Óscar fue durante años el mayordomo de la hacienda Guacharacas. En ese lugar vivió junto a su familia, entre ellos su hijo Juan Guillermo. Este último afirma que, viviendo en esa finca, vio cómo, con el auspicio de los hermanos Uribe, se fundó el Bloque Metro de las Autodefensas. Sin embargo, cuando su padre pasó a declarar, desmintió esta versión.
Aseguró que nunca vio que en Guacharacas se llevaran a cabo actividades paramilitares; de hecho, admitió que, pese a ser un trabajador del lugar, nunca vio personalmente al exmandatario.
En cambio, habló de los supuestos ofrecimientos que el senador Iván Cepeda habría hecho a su familia a cambio de declaraciones en contra del expresidente. Según el testimonio de Monsalve padre, entre los ofrecimientos estuvo un supuesto plan de asilo político en Argentina y el pago de 12 millones de pesos. De ese dinero, aseguró haber recibido mensualmente 1.200.000 pesos durante tres meses, después de haberse trasladado con su familia desde un pueblo en Antioquia hasta Bogotá. Explicó que ese monto apenas alcanzaba para cubrir arriendo y alimentación.
“El señor Cepeda me dijo que era con el fin de darles asilo político en otro país. ‘Les mando a ustedes en 15 días a su hijo Juan Guillermo Monsalve’”, aseguró el testigo, quien declaró de manera virtual. Aunque al responder las preguntas de la Fiscalía no confirmó que esos pagos se le entregaran directamente a cambio de declarar contra Uribe, afirmó que esa fue su impresión, dada la insistencia de Cepeda en preguntarle sobre actividades ilegales en la finca Guacharacas.
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“Me preguntó cuánta droga salía de la cocina de los Uribe”, relató Monsalve, insinuando que las preguntas tenían como objetivo construir un relato incriminatorio contra el expresidente. En su declaración, Óscar Monsalve aseguró que sostuvo entre dos y tres reuniones con el senador Iván Cepeda.
Según su testimonio, en esos encuentros Cepeda les habló del supuesto riesgo que corría su familia y les ofreció protección, además de la posibilidad de sacarlos del país. Incluso afirmó que el asilo político incluiría a su hijo, Juan Guillermo Monsalve, quien para entonces ya cumplía una condena de 40 años de prisión.La defensa tiene citado para este viernes 30 de mayo el testimonio de Óscar Hernán Monsalve, hermano mayor de Juan Guillermo.
La declaración terminaría de consolidar la versión del padre de la familia. En otras oportunidades ha dicho que las acusaciones de su hermano contra Uribe hacen parte de un libreto alejado de la realidad. “Él ya estaba detenido cuando me llamó pa’ decirme que le iban a colaborar pa’ tener buenos beneficios (...). O sea, pa’ él mentar a Álvaro Uribe, pa’ meter a Santiago Uribe, y que era algo que le había propuesto Iván Cepeda”, dijo en una versión ante el fiscal 10 delegado ante la Corte Suprema de Justicia.
En su testimonio insistió en que todo se trata de un aparente arreglo. “Me acuerdo que él tenía beneficios con esto, para proteger a la familia. A mi papá, a mi mamá, a todos nos llamaron pa’ Bogotá, pero nunca fui. Mi hermana y yo nunca fuimos. Que teníamos buenos beneficios, que hasta nos sacaban del país por ir hasta allá”, dijo el hermano del testigo, y añadió: “Iván Cepeda mantiene en las cárceles buscando presos para enredar”. El hombre rendirá su declaración desde Estados Unidos, donde reside desde hace varios años.
