Tras una primera reunión frustrada por los abucheos, el Ministerio del Medio Ambiente tendrá una semana para afilar su discurso y evitar así un nuevo fracaso como el ocurrido el 18 de marzo en Bucaramanga.
Es imperativo para la autoridad ambiental que pueda avanzar en el tema, pues ha sido la comunidad de la capital santandereana el principal actor en el desplome de la delimitación del páramo de Santurbán y la Corte Constitucional le dio solo hasta noviembre al Gobierno para que rehiciera todo el trazado de la línea de protección de este ecosistema.
Este tiempo es el que existe sobre el papel, pero en la práctica, solo hay plazo hasta agosto para que la administración de Juan Manuel Santos logre reconstruir la delimitación de Santurbán, primer páramo que consiguió esta declaratoria y piedra angular de su promesa de no irse de la Casa de Nariño sin tener los 36 que tiene el país con su propia línea de protección.
El problema es que el Ministerio apenas está abarcando la primera de las tareas que le encargó la Corte, que es la concertación y el gran temor, tanto de los ambientalistas de la ciudad como de los habitantes de los municipios del páramo, es que la delimitación se haga “a las carreras” y terminen perjudicados.
Más aún porque la reacción del titular de la cartera del Medio Ambiente, Luis Gilberto Murillo, ante el desastre del pozo petrolero Lizama 158 en el Magdalena Medio santandereano, ha levantado escepticismo y las críticas en su contra son más radicales.
Si a eso se le suma que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Anla, aceptó el desistimiento de la minera de origen árabe Minesa de su proyecto en la zona, no negó la licencia de fondo, eso ha generado un coctel explosivo a nivel social.
Así lo resalta Ivonne González, líder de esta zona conocida como Soto Norte, “socialmente nos perjudica un trabajo a prisa, porque desde Bucaramanga los políticos hablan como si no hubiera nadie en el páramo y aquí vivimos pueblos enteros”.
El miedo de González y la comunidad es que al ceder a la presión alrededor del rechazo a la minería, el Gobierno suma a los cuatro pueblos de la zona en una crisis económica peor de la que ya viven.
“Es un temor grandísimo que hagan las cosas a las carreras y terminen pasando encima de las comunidades, que siempre han cuidado el páramo”, recalcó, tras sostener que la reunión que tuvieron con el Ministerio en Bucaramanga fue “una desilusión, porque no llevaron ninguna propuesta”. Para los líderes, no se ha podido encontrar el equilibrio entre explotación y protección del páramo y eso debe hacerse con las comunidades.
En lo mismo coincide Erwing Rodríguez-Salah, vocero del Movimiento Cívico Conciencia Ciudadana y uno de los demandantes ante la Corte: “El Ministerio insiste en socializar lo hecho, cuando la Corte dice que la palabra que se debe usar es concertación. De eso no ha habido”.
“El problema es que por hacer las cosas a prisa, la delimitación termine viciada, por vulnerar el derecho a la participación ambiental. Después de todo, la resolución inicial no fue garantista para el agua de los santandereanos y eso lo dice el fallo de la Corte”, recalcó.
Resta saber qué abordará el Ministerio el próximo 6 y 7 de abril cuando retome el diálogo con la comunidad en Santurbán desde Cúcuta, Abrego y Cáchira, en Norte de Santander.
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