La contención del nuevo coronavirus tiene paralizado al país, el 90 % de los colombianos está confinado en sus viviendas para evitar el contagio y que este ponga en jaque el sistema de salud.
Sin embargo, esto no obsta para que los ciudadanos puedan gozar de sus derechos fundamentales, entre ellos la administración de justicia.
Si bien, el Consejo Superior de la Judicatura decidió suspender los términos hasta el próximo 12 de abril, muchas otras acciones de la rama judicial siguen siendo vitales, por ejemplo, las capturas, las audiencias de garantías, las acciones de tutela, la defensa pública, entre otras.
Para ello, la rama ha empezado a implementar las herramientas tecnológicas para que las audiencias puedan hacerse con cada una de las partes desde casa, o desde prisión, según sea el caso.
“Durante periodos de crisis se demuestra el enorme valor del papel de los jueces en nuestra sociedad. Aunque la Rama Judicial está trabajando de una manera distinta sigue protegiendo los derechos de los ciudadanos”, expresó la magistrada Diana Remolina.
Inclusive la Corte Suprema de Justicia ya se dio su propio reglamento y autorizó sesionar a través de videoconferencia, lo que permitirá que cada magistrado esté en su casa por el tiempo que sea necesario en medio de esta crisis.
No puede ser indefinido
Aunque aún no se conoce cuándo existirá una solución definitiva frente al coronavirus, y las acciones de aislamiento social pueden extenderse en el tiempo, no podrá ocurrir lo mismo con los términos judiciales.
Por ejemplo, para hoy estaba programada la parte final del juicio contra el ganadero Santiago Uribe, su abogado daría los alegatos finales frente al juez y este se iría a tomar una decisión, pero con esta suspensión de términos la audiencia fue aplazada hasta nueva orden.
Y así ocurre con todos los procesos, sin importar en qué etapa están. Así que la rama judicial tendrá que reinventarse y sacar a flote los procesos.
Aunque los expertos no han podido precisar cuánto tiempo puede ser sostenible la suspensión de términos, sí saben que cada día se congestiona más la justicia, asunto que ya era prácticamente insostenible.
“El problema es que ya la justicia está colapsada, cuando ocurrieron los paros de la Rama Judicial en total la justicia dejó de trabajar casi un año, eso da un mal mensaje, significa que aquí estamos acostumbrados a que la justicia pare y no pasa mayor cosa, como la justicia es lenta, los términos se vencen con mucha facilidad. Cuando todo esto se normalice se requerirá urgentemente una reforma a la justicia con inyección de dinero y de recurso humano que dé mayor autonomía”, aseguró Kenneth Burbano Villamarín, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre.
Un gran reto
Hasta ahora los anaqueles de los juzgados estaban llenos de miles de documentos que soportan todos los procesos judiciales que llevan, pese a que desde el 2002 existe el Sistema Penal Oral Acusatorio que prometía una modernización sin precedentes.
“Aunque pasamos a la oralidad no hemos logrado la tecnificación”, dijo Burbano, quien agregó que “hay muchos procedimientos que podrían agilizarse sirviéndose de tecnologías que ofrecen garantías de seguridad”.
Al respecto, Francisco Bernate, penalista de la Universidad del Rosario, aclaró que aunque si bien se hace necesario contar con más y mejor tecnología, “en las circunstancias actuales, con un celular con buena conexión y aplicaciones como hangouts, o zoom sin problema se pueden hacer audiencias de hasta 300 personas simultáneamente, tal como lo viene haciendo ya el Colegio de Abogados Penalistas”.
Modernización necesaria
Si se piensa bien, los retos que el control de la expansión del virus impone a la justicia pueden ayudarle a salir del atraso en que se encuentra, y las medidas aplicadas ante la contingencia pueden seguir implementándose en el futuro.
“Esta es una oportunidad para mirar un poquito más al futuro, las audiencias no tienen que ser en las salas como estamos acostumbrados, la justicia puede implementarse desde cualquier lugar del mundo, y las inversiones a las que se tenga que recurrir valdrán la pena”, apuntó Burbano.
10
días de suspensión de términos judiciales quedan todavía en Colombia.
