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Más líos en SuperSalud: próximo superintendente estaría inhabilitado para asumir

Tras la renuncia de Ulahy Beltrán, el ungido sería el exconcejal Luis Carlos Leal. Sin embargo, no tendría experiencia administrativa.

  • Leal, quien es médico de profesión, fue concejal de Bogotá entre 2020 y 2023 en representación de la Alianza Verde. Se dice que es cercano a la exministra Corcho y al director del Dapre de Petro. FOTO cortesía
    Leal, quien es médico de profesión, fue concejal de Bogotá entre 2020 y 2023 en representación de la Alianza Verde. Se dice que es cercano a la exministra Corcho y al director del Dapre de Petro. FOTO cortesía
12 de febrero de 2024
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Justo cuando el Congreso se apresta a reanudar sesiones el próximo viernes, en medio de una agenda legislativa que incluye la segunda vuelta de la controvertida reforma a la salud, un nuevo chicharrón tiene en ascuas al sector. Detrás se encuentra un organismo que es tan determinante como sustancial para garantizar el derecho a la salud: la Superintendencia Nacional de Salud.

Ante la renuncia del ahora exsuperintendente Ulahy Beltrán –quien además desmanteló la entidad y, previo a su salida, pidió la renuncia de al menos 40 funcionarios–, quien es el ungido para llegar al cargo es el médico Luis Carlos Leal, quien ocupó una curul en el Concejo de Bogotá en representación de la Alianza Verde y, de hecho, es cercano al director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) Carlos Ramón González, e incluso, a la exministra Carolina Corcho.

Según alertó la plataforma Pacientes Colombia –que reúne 198 organizaciones de pacientes–, el próximo superintendente estaría impedido para ejercer su cargo. ¿La razón? El médico especialista en cirugía general de la Universidad Nacional –cuya hoja de vida ya divulgó la propia Presidencia en la plataforma de aspirantes a cargos públicos–, no tendría la experiencia administrativa para ejercer el cargo, lo que sería uno de los requisitos para liderar la entidad.

“Se trata del organismo encargado de hacer vigilancia, inspección y control por la garantía de la salud de 50 millones de colombianos. Va a administrar $6 billones de las EPS intervenidas. Tiene que administrar el presupuesto de la Superintendencia, que supera los $140.000 millones. Coordinar 80 oficinas en el territorio. También hacer inspección y vigilancia de 20.000 IPS y 29 EPS, y 45.000 proveedores de servicios de salud. ¿Cumple Leal con este perfil?”, reclamó Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia.

Al revisar la hoja de vida del exconcejal, se evidencia que fue médico y coordinador médico de hospitales, así como cirujano general, profesor e instructor. A ello, se suma ser dirigente de la Asociación de Internos y Residentes. En materia política destaca su paso por el Concejo e incluso, el haber sido director programático en materia de salud del excandidato Camilo Romero, hoy embajador en Argentina con el guiño de Petro y uno de los máximos exponentes de la Alianza Verde.

De acuerdo con el vocero de Pacientes Colombia, el manual de funciones de la propia Superintendencia establece que el ungido debe tener experiencia profesional en materia administrativa. Por ello, cuestionó si hubo una modificación al documento, al preguntar si acciones de ese calibre son las requeridas “para buscar aliados para la reforma, empezando por la Alianza Verde”.

EL COLOMBIANO se comunicó con el exconcejal Leal para conocer su versión de los hechos y obtener una respuesta ante la denuncia. Sin embargo, manifestó que no daría declaraciones ni emitiría un pronunciamiento frente a las advertencias de la organización de pacientes.

La SuperSalud, una entidad clave

En momentos en los que se discute una reforma a la salud que promete darle un vuelco al sector, la importancia de la Superintendencia adquiere otros matices. Es la encargada de proteger los derechos de los usuarios y entre sus objetivos institucionales está consolidarse como un organismo técnico, rector del sistema de vigilancia, inspección y control. A ello se suma el mejoramiento de la calidad en la atención en salud y el fortalecimiento de la participación ciudadana para la defensa de los derechos de los usuarios del sector salud.

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