Hace tres meses, el hospital regional en Líbano, Tolima, exhibió un busto en honor al padre del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, centro médico favorecido por esta cartera. ¿Monumento por medicamentos?
El Hospital Regional de Líbano, Tolima, rindió hace unos meses un nuevo homenaje a la memoria de Alfonso Jaramillo Salazar. Al busto que ya existía en el parque principal se sumó recientemente otro monumento en el centro asistencial que lleva su nombre.
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La obra fue inaugurada hace apenas tres meses por su hijo, el actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, marcando un hito simbólico en el municipio que es cuna de su familia, poder y reconocimiento político. Y es que Jaramillo padre es querido en ese lugar por la construcción del hospital.
Sin embargo, tras el bronce de los monumentos se escondería un presunto flujo de recursos públicos que ha transformado al hospital en el epicentro de una parte de la estrategia sanitaria del Gobierno Nacional liderada por Gustavo Petro.
Desde diciembre de 2023, según una reciente investigación de La Silla Vacía, el Ministerio de Salud ha transferido en contratos a este hospital intervenido 14.609 millones de pesos destinados exclusivamente para financiar los Equipos Básicos en Salud (EBS).
Esta inyección de capital ocurrió solo cinco meses después de que Jaramillo asumiera la cartera y de que la Superintendencia de Salud tomara el control administrativo de la entidad. Pero esto no es lo único que se ha conocido con respecto a este tema de presunto favorecimiento, nepotismo y corrupción.
Según una reciente denuncia de la representante a la Cámara Katherine Miranda, quien ahora aspira al Senado por la Alianza Verde, siete familiares del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, han recibido más de $3.000 millones en contratos y cargos públicos desde la llegada de Petro al poder.
La información revelada señaló que varios miembros del círculo familiar del ministro han sido beneficiarios de contratos con diferentes entidades del Estado entre 2023 y 2026. “El país merece explicaciones claras, transparencia absoluta y garantías de que no existen conflictos de intereses”, expresó Miranda.
A nivel nacional, el Gobierno ha promocionado los EBS bajo cifras de gran escala: 4.2 billones de pesos invertidos, 6 millones de personas atendidas y 11.000 equipos operando desde 2022. No obstante, la ejecución del programa carece de un sistema de evaluación unificado.
El propio Ministerio de Salud ha reconocido que se desconoce el impacto real en la salud pública, mientras que el presidente Gustavo Petro afirmó, sin evidencia técnica, que el programa ha reducido la mortalidad infantil en todo el país.
Y es que la realidad en los territorios dista de los indicadores oficiales. Tras tres años y medio de pilotos, la mayoría de los datos recolectados casa a casa son demográficos y no médicos. Además, la fidelidad de la información está bajo sospecha debido a constantes fallas técnicas en las plataformas.
Esta falta de continuidad en la contratación provoca que el personal rote constantemente, dejando recorridos incompletos y obligando a capacitaciones permanentes que dilatan la atención efectiva.
A pesar de que el ministro Jaramillo ha responsabilizado a los gobiernos locales por el uso proselitista de estos recursos, en su propio pueblo natal el panorama es similar. Los EBS, financiados por el Ministerio, han terminado integrados a la actividad política del “jaramillismo”.
En Líbano, según La Silla Vacía, la Fundación Alfonso Jaramillo Salazar funciona como el puente de conexión entre estos equipos médicos y la campaña electoral local, llegando incluso a repartir regalos entre campesinos con la participación de miembros de los EBS.
La estructura de influencia se extiende a la sede de la fundación, una casona que durante décadas fue el directorio del Partido Liberal. En su fachada lucen los retratos del ministro, su padre y hermano, Mauricio Jaramillo, junto a una publicidad política de candidatos al Congreso.
La investigación de La Silla Vacía reveló que la influencia política no se limita a la operación hospitalaria. Al menos 12 políticos regionales fueron contratados directamente por el Ministerio de Salud como enlaces territoriales para supervisar, entre otras funciones, el programa de los EBS.
El caso más destacado es el de Marco Hincapié, quien se acompaña como coordinador nacional de estos enlaces. Hincapié es actualmente candidato a la Cámara por el Pacto Histórico y una figura clave del “jaramillismo” en el Tolima.
De acuerdo con tres fuentes políticas del municipio que accedieron a hablar bajo reserva con La Silla Vacía, a uno de esos eventos de “integración social” habían convocado a varios de los contratistas de los EBS.
“Los citaron a una chocolatada en la Fundación, dizque para una integración, pero cuando llegaron, les hablaron fue de la campaña política Marco Hincapié”, aseguró una de esas fuentes, según le contó un asistente al evento.
Este esquema de contratación, sumado a la discrecionalidad de los giros de dinero que eluden la intermediación de las EPS, ha dejado miles de millones de pesos a merced de las redes clientelares que controlan los hospitales públicos del país en medio de la actual crisis de salud.
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