Los municipios y departamentos del país, especialmente los más afectados por el conflicto armado interno, verán afectadas sus regalías en más de 3,4 billones de pesos para financiar proyectos de salud, educación y saneamiento básico debido a la estrechez fiscal por la que atraviesa el país.
La advertencia la formuló el Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, al participar en la ‘Segunda Jornada del Seminario Aprendizajes y Retos de la Inversión Pública por el Conflicto Armado Interno en Colombia’, donde señaló que estos entes territoriales tendrán que sacar recursos propios para cumplir con las metas de sus planes de desarrollo.
El jefe del organismo de control consideró que si bien los municipios más azotados por el conflicto se verán beneficiados cuando el país está en paz, al tiempo tendrán que afrontar la estrecha situación fiscal actual y realizar ajustes en el destino de las inversiones públicas.
“Esa transición va a darse en una situación fiscal estrecha que implicará en muchos casos revisar el ciclo de las políticas, medir su real impacto y ajustar allí donde no son eficaces”, explicó Maya Villazón tras señalar que los recursos que se destinen para el posconflicto serán invertidos en transformación rural, desarrollo productivo y social, infraestructura, servicios y atención a la población víctima del conflicto armado, que a cifras de hoy asciende a ocho millones 40 mil personas en todo el territorio nacional.
Estimaciones de la Contraloría señalan que para el bienio 2015-2016, la reducción de regalías será cercana a 5,4 billones de pesos debido a la baja en la producción de petróleo que en el primer trimestre de este año fue menor al millón de barriles diarios, y en el caso de las entidades territoriales la disminución de regalías sería de 3,4 billones de pesos.
En ese sentido, el contralor llamó la atención del Gobierno nacional por la menor capacidad fiscal y herramientas de que disponen los municipios más pequeños afectados por el conflicto armado, y que tendrán que financiar sus principales necesidades básicas con sus propios recursos.
Auditorías a municipios priorizados
La CGR reveló, así mismo, los resultados de las auditorías que se practicaron a los entes territoriales priorizados y que ejercen un rol articulador en la implementación de la política de víctimas del Ejecutivo central.
Estos municipios y departamentos fueron definidos con base en un acuerdo suscrito en 2014 entre el organismo de control fiscal y la Embajada de Estados Unidos, y que entre los años 2012 y 2015 ejecutaron los recursos del Sistema General de Participaciones y el Sistema General de Regalías.
Los municipios priorizados por el Gobierno Nacional en su estrategia de consolidación que busca generar condiciones de paz en territorios estratégicos para el desarrollo económico y social en zonas afectadas por la violencia armada, y que fueron auditados por la CGR son:
Cartagena del Chaira, San Jacinto, Barbacoas, Magui, Tumaco, Quibdó, Buenaventura, Santander de Quilichao, Caloto, Caucasia, Taraza, Chaparral, Puerto Asís, Puerto Leguízamo, Ovejas, Puerto Rico, Mapiripan, Tibú, Tierralta, Arauca, y Toribio.
Al seminario asistieron sus alcaldes y secretarios de educación, así como los gobernadores de Arauca, Sucre, Bolívar, Chocó, Putumayo, Córdoba, Norte de Santander y Antioquia.
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