Los notarios no son activistas políticos. Así lo afirmó Álvaro Rojas Charry, presidente de la Unión Colombiana del Notariado, quien habló con El Colombiano del proceso de modernización de las notarías, los denominados divorcios exprés y los matrimonios entre parejas del mismo sexo.
¿La Unión Colegiada pretende ser la vocería política de los notarios?
“Toda actividad del hombre de por sí es política. Nosotros desarrollamos una actividad política, pero no politiquera. No participamos en procesos electorales, ni somos candidatos a cuerpos colegiados, pero ejercemos una política de tipo social, gremial e institucional”.
Sin embargo, se sigue asociando al notario con política...
“El notario no participa en política, pero eso no quiere decir que no tenga sus amigos políticos. En los pueblos el parlamentario tiene su notario amigo y el apoyo es normal, pero nosotros no somos activistas políticos. El notario juega un papel muy importante en todas las ramas del poder público, pero nunca está en campaña”.
¿Cómo va el proceso de modernización de las notarías?
“Acabamos de lanzar la biometría que es un sistema de identificación por signos vitales que garantiza que ya no habrá fraude ni falsedad. Esta aplicación del sistema biométrico es una necesidad y lo asumimos como un proyecto propio con el concurso de la Registraduría, la Superintendencia, los ministerios de Justicia y de las TIC”.
¿Cómo funciona la biometría?
“Es un sistema de identificación por rasgos físicos y humanos que estamos implementando en todas las notarías. En este caso utilizamos la huella dactilar que ya no requerirá tinta para su registro, sino que se hará a través de unos sensores que confrontan la información con la base de datos de la Registraduría. Es un proceso absolutamente sistematizado que se está imponiendo en el mundo y lleva unos 15 a 20 años de vigencia”.
¿De dónde salieron los recursos para la biometría?
“Todo el proyecto ha sido financiado con recursos propios del notariado. No hemos recibido aportes del Gobierno ni ningún dinero del presupuesto nacional. Esperamos que de aquí al 31 de diciembre tengamos la biometría funcionando en un 25 por ciento de las notarías, entre febrero y marzo el 60 y, por tarde, en junio el 100 por ciento”.
Eso significa que van a aumentar las tarifas...
“No. El sistema requiere de una tarifa social que es una contraprestación por la seguridad y transparencia que se le da al trámite. El superintendente ya tiene el estudio de la tarifa social biométrica que es para amparar esos costos”.
¿Por qué dicen que la biometría es un aporte a la paz?
“Si no hay seguridad en el contrato que autoriza el notario se genera un conflicto así sea a nivel familiar. Unas personas que están peleando por una falsedad sobre un predio desbarajusta el proceso de paz de la familia y por eso decimos que la biometría es un instrumento tecnológico para la paz. Es una tranquilidad para el notario, los ciudadanos y para los jueces”.
¿Están preparados para el posconflicto?
“Claro que sí. Le hemos manifestado al Gobierno que las 907 notarías del país están dispuestas a ser centros de conciliación, a ser laboratorios de paz. El notario que es una abogado completamente capacitado puede brindarle una asesoría integral al ciudadano. Es una ayuda inmensa al Gobierno porque, además, estamos en la provincia, que es donde hay que trabajar en el posconflicto, además abrimos sábados, domingo y feriados. No puede el Gobierno desaprovechar semejante infraestructura”.
¿Cómo les ha ido con los divorcios exprés?
“Realmente el divorcio exprés no existe, porque hay unos términos de ley para proceder a él. Se les llaman así porque frente al tiempo que requería un divorcio ante juez el tiempo es mínimo. Nosotros podemos tramitar un divorcio en dos o tres días y si hay menores se demora lo que tarde en llegar el concepto del defensor de familia. Entonces, darle al notario la posibilidad de autorizar el divorcio descongestionó y acabó con el represamiento acumulado en la justicia”.
¿Qué ha pasado con los matrimonios de parejas del mismo sexo?
“La Corte Constitucional al revisar el artículo 131 del Código Civil declaró exequible la norma, es decir, ajustado a la Constitución que un matrimonio es entre un hombre y una mujer. Hay un hecho determinante y es que este tipo de parejas pueden constituir familia, pero no llegó a definir si podíamos autorizar esos matrimonios. Por eso, lo que tenemos que aceptar es un contrato formal y solemne de declaración de personas del mismos sexo y así lo estamos haciendo. Nosotros no entramos en el debate moral, religioso, ni social frente a estos compatriotas homosexuales. Los respetamos, pero ellos también tienen que entender que nuestra función es reglada. No podemos inventarnos facultades porque se las usurparíamos a los jueces. Cuando haya una ley que nos autorice a celebrar sus matrimonios lo haremos, mientras tanto no”.
