Se trata de la EPS con mayor cantidad de usuarios en el país, 11 millones.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a la Nueva EPS publicar los estados financieros de 2023, 2024 y 2025. Este concluyó que la entidad incumplió obligaciones legales de divulgación de la información.
La decisión judicial deberá ser cumplida en un plazo de tres meses, y vale aclarar que fue adoptada en una sentencia de primera instancia tras una acción promovida por la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe).
Según la propia Fundación, el fallo ocurre en un momento de “creciente debate” sobre la sostenibilidad financiera del sistema de salud y la situación de las EPS intervenidas por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Según registros, la deuda ha crecido más del 24 %, pese a que, supuestamente, en manos del Ejecutivo el hueco se saldaría.
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Con respecto a la ausencia de estados financieros en la entidad, la FEDe dijo que esta “venía siendo señalada por los organismos de control, analistas y distintos actores del sector como un obstáculo para conocer la situación económica de la entidad”, con 11 millones de usuarios.
Y es que, cuando se presentó la demanda, la Nueva EPS no había publicado de manera completa los estados financieros correspondientes a 2023 y 2024, pese a que los plazos legales para hacerlo ya habían vencido.
El Tribunal rechazó, a su vez, los argumentos de la Nueva EPS que se relacionaron con los procesos internos de revisión y saneamiento contable. Esto, ya que se consideró que las actuaciones no suspenden ni sustituyen el cumplimiento de los deberes legales de transparencia y publicidad financiera, como explicó la FEDe.
“Esta decisión reafirma que las obligaciones de transparencia deben cumplirse sin excepción. La información financiera de una entidad que administra recursos públicos y presta servicios de salud a millones de colombianos debe ser pública. Esa transparencia es indispensable para fortalecer el control institucional y el escrutinio ciudadano”, señaló Andrés Caro, director de FEDe Colombia.
A finales de abril, la intervención del Gobierno a la Nueva EPS entró en revisión disciplinaria de la Procuraduría por posibles irregularidades en el proceso que llevó a la toma de posesión y a la prórroga de la medida administrativa sobre la entidad.
El caso se centra en actuaciones ocurridas a partir del 10 de abril, cuando se expidió la resolución que formalizó la intervención forzosa de la Nueva EPS.
Entre las presuntas fallas se menciona la ausencia de un informe técnico de la Dirección de Inspección y Vigilancia, la falta de solicitud de conceptos especializados para sustentar la medida y la omisión de información clave que debía acompañar la decisión.
También se advierten inconsistencias en el informe presentado por la funcionaria, particularmente en lo relacionado con el cumplimiento del debido proceso.
Otro de los puntos bajo revisión es la afirmación de que la Nueva EPS habría incumplido recomendaciones que, de acuerdo con la queja, no habrían sido formuladas previamente a la entidad.
A esto se suma la expedición de la resolución de prórroga con una versión de los hechos que, según la investigación, no coincidiría con lo ocurrido en el Comité de Medidas Especiales.
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Otro punto tiene que ver con que Petro nombró a uno de sus principales aliados como interventor de la Nueva EPS y este no estaría capacitado para el cargo. Se trata del cuestionado exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina.
Funcionarios han alegado que él no cumpliría el perfil exigido por la normativa, ya que no acredita los tres años mínimos de experiencia en niveles directivos o asesores en el sector salud, ni los dos años de experiencia adicional requerida en dichas áreas.
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