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¿La objeción de conciencia en servicio militar afectaría la seguridad del país?
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Los objetores de conciencia deberán presentar documentos que acrediten la sinceridad de sus convicciones. FOTO Archivo
A un soldado recluta le tienen que dar en la casa hasta el pasaje para que regrese al batallón cuando termina su permiso y de paso le ayudan con recursos para su sostenimiento. En la actualidad recibe 90 mil pesos de remuneración y, a veces, con descuentos, no le queda nada.
Ahora será un poco diferente, porque el proyecto de ley 189 de 2016, que aprobó ayer el Senado y que queda pendiente de conciliación y sanción presidencial, aumenta el salario de un soldado a 320.000 pesos.
De igual manera, se niveló el tiempo para la prestación del servicio para que fuera de 18 meses para todos, esto para lograr equidad porque, en algunos casos, el tiempo era de 24 ó 12 meses.
Y si bien la Corte Constitucional ha desarrollado jurisprudencia sobre la objeción de conciencia por razones culturales o religiosas, Raúl Eduardo Sánchez, docente de Derecho de la U. del Rosario explicó que la nueva ley hace más expedito este procedimiento.
Agregó que este sistema no afectará la seguridad porque en todo proceso de reclutamiento hay un llamado general, en el que se convoca a un gran número de personas, pero aún se puede prescindir de algunos seleccionados.
“De todas maneras, se establece un procedimiento que es riguroso a la hora de aprobar a un objetor, previa sustentación de quien desea objetar. Esto va unido al posconflicto, pues antes se necesitaban más soldados”.
Para el constitucionalista Andrés Úsuga, docente de la U. Bolivariana, hay que revisar que el dispositivo de seguridad no se vea afectado con esta medida, porque habrá cientos de objetores nuevos.
“Los soldados cuidan la infraestructura, y si ya se terminó el conflicto, pues no deberían. Hay otros en labores de desminado, y si se terminó el conflicto, ya esto no debería pasar. No debería haber minas, ni soldados en planes meteoro o Gaulas. Si la situación de conflicto sigue, sí se podría afectar el servicio se seguridad con esta medida”, agregó.
Al respecto Juana Acosta, directora de Derecho de la U. de La Sabana, coautora del texto “La protección internacional de la objeción de conciencia”, manifestó que es difícil saber si se afectaría la seguridad sin antes saber cuántos objetores habrá y qué ocurrirá con el posconflicto
Politólogo de la Universidad Nacional, Periodista de la Universidad de Antioquia y maestrando en Gobierno de la Universidad de Medellín. Tratar de entender e interpretar el poder, un reto.
